Ley 25.080: el Gobierno Nacional ejecutó pagos de planes forestales este año por menos de 56 millones de pesos a nivel país y preocupa el desfinanciamiento de la promoción para productores

Fue el tema central de la última reunión del año de la Comisión Asesora de la Ley 25.080, tras la informacion detallada que presentó el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Daniel Maradei. Las resoluciones de pagos de planes forestales fueron por más de 65 millones de pesos entre enero y noviembre de 2021, y se ejecuta en la medida que Economía libera los fondos. La deuda millonaria con los productores forestales se estima en más de 700 millones de pesos.

 

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

 

BUENOS AIRES y MISIONES (5/12/2021).- El desfinanciamiento de la operatoria de promoción forestal, los altos costos de producción que requieren actualizaciones,  y las exigencias técnicas en los trámites para dar transparencia a la gestión de los expedientes solicitados para reforestar y garantizar el acompañamiento profesional a los pequeños productores fueron los temas centrales que se debatieron en la última reunión del año de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados, que integran representantes de provincias de todo el país.

El temario del encuentro realizado el martes 23 de noviembre contempló informacion detallada que presentó el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Daniel Maradei, respecto a los pagos de planes forestales este año, en el marco de la ley de promoción, en la que se aprobaron resoluciones de pagos por más de 65 millones de pesos entre enero y noviembre de este años.

“Desde la última reunión de junio de la Comisión Asesora a la fecha, se ejecutaron 55 millones de pesos (2.500 hectáreas de plantación, 7.000 ha. poda, 1000 ha. raleo) que fueron destinados a tres clase de productores. El total para el ejercicio 2021 es de 67 millones de pesos, cuando en realidad tenemos proyectos disponibles en espera de pago por más de 200 millones de pesos”, precisó el director nacional al inicio de su exposición sobre pagos forestales.

Se aprobaron resoluciones de pagos para Misiones por $21.698.174, Entre Rios $20.861.247, Corrientes $18.677.580, Buenos Aires $2.680.052, Chubut $2.131.516, Jujuy $565.981, Mendoza $492-578, San Juan $92.244, y Chaco $49.069.

Para el Presupuesto Nacional 2022, desde el Ministerio de Agricultura solicitaron 900 millones de pesos para ejecutar los pagos correspondientes a la Ley 25.080 de los beneficios que se adeudan a los productores, y así avanzar con los objetivos propuestos y aún postergados: incrementar la superficie forestal del país a 2 millones de hectáreas al 2030. “Veremos que logramos”, expresó Maradei, marcando la incertidumbre respecto al financiamiento futuro de la normativa.

La operatoria tiene más de 20 años de historia con la demora en tiempo y forma de la tramitación de expedientes y pagos de la deuda de planes, sin embargo con el acuerdo voluntario de fondos extrapresupuestario del Seguro Verde que se logró durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, se destinaron a los productores en un año más de 640 millones de pesos, beneficiando a más de 1.800 pequeños y medianos productores y financiando una superficie total que superó las 120 mil hectáreas de bosques.

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En la actual gestión de Agricultura se espera recuperar este sistema con las compañías de aseguradoras por medio de una Ley. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se espera su tratamiento en Diputados.

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El desfinanciamiento de la Ley 25.080 y el atraso en el pago en tiempo y forma de los beneficios solicitados por forestar es lo que fue alejando a los productores pequeños y medianos del sistema de promoción forestal argentino en la última década, que marca un ritmo de plantaciones que viene en descenso, cuando la meta del país debiera ser incrementar la superficie forestada. En la actualidad, la Argentina cuenta con 1,3 millones de hectáreas forestadas según los últimos datos oficiales registrados en 2018.

Otro punto a determinar es la contribución de las plantaciones forestales comerciales a la mitigación del Cambio Climático: “Sin las 2 millones de hectáreas planteadas a lograr como meta, y si no se instalan grandes industrias, no vamos a llegar a cumplir los compromisos asumidos como país en el Acuerdo de París”, admitió el funcionario en la reunión.

Se analizó en la reunión el crítico escenario presupuestario para la principal herramienta de promoción y, por ello, las esperanzas están puestas en lograr la aprobación del proyecto de ley de “Seguro Verde” que se discute en el Congreso de la Nación.

La reunión que se prolongó por cuatro horas, entre las 10 y las 14 horas, incluyó las novedades respecto al decreto reglamentario de la prórroga de la Ley N° 25.080 y su modificatoria N°27.487, el convenio con Misiones para simplificar trámites de planes de pequeños productores, resolución de costos, nuevos formularios, SIG y planes observados, cuencas forestales y gestión forestal sostenible, y las novedades sobre la representación argentina en FAO de la Comisión Internacional del Álamo.

“Desde la administración nacional nos planteamos en 2020 como objetivo simplificar y tecnificar la operatoria para incrementar la superficie forestada hasta lograr las masas críticas que justifiquen la radicación de industrias transformadoras”, agregó Maradei.

“En particular, nos propusimos disponer de inventarios confiables de forestación, que además permitan conocer la oferta disponible de madera para cada sector de la industria; obtener estadísticas confiables de la actividad industrial; determinar la contribución de la forestación a la mitigación del cambio climático; promover la apertura de mercados internacionales para los productos con valor agregado y certificados; avanzar en la tecnificación y capacitación de los sectores y actores involucrados en el sector; apoyar en forma efectiva a los pequeños y medianos forestadores, incluyendo las comunidades de pueblos originarios”, enumeró el funcionario.

Asimismo, la DNDFI coordina los diferentes organismos vinculados a la investigación forestal tendiendo a generar información de base destinada a los productores.

Inventario nacional forestal

Luis Olmos adelantó que el próximo martes 7 de diciembre se presentarán los resultados  estadísticos del nuevo Inventario Forestal y Foresto-industrial, con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Se presentará la información de las plantaciones forestales de la Argentina, desde su caracterización, mapa de altura, volumen, área basal y otras variables del estado de la superficie forestada y sus especies. Se compartirán mapas de las plantaciones, regiones donde se ubican la masa forestal disponible, un registro cartográfico de plantaciones, y otros aspectos.

Se tratará además el monitoreo de incendios forestales y aprovechamientos forestales. “Toda la información será presentará el martes, es muy concreta, y esto permitirá planificar las acciones de corto y largo plazo. Además, se esperan anuncios importantes para el sector”, adelantó Maradei.

Maradei explicó a los asistentes los objetivos de simplificar y tecnificar que se planteó desde agosto de 2020 al asumir al frente de la DNDFI.

“Logramos una buena integración con INTA , lo que ha permitido avanzar en análisis que son muy costosos. Este trabajo conjunto nos permitió avanzar en estudiar la determinación de carbono de las plantaciones, se creó un área forestal específica en Córdoba, y que desde INTA se trabaje en la incorporación de ensayos demostrativos para productores, principalmente a los pequeños y medianos”, explicó el funcionario.

 

Sin certezas de financiamiento de la ley forestal

Entre los objetivos del país se habían propuesto aumentar la superficie forestada, “pero para ello había que pagar los planes y estuvimos flojos. Este año se aprobaron resoluciones de pago por 65 millones de pesos, y ya no recibimos más fondo de Seguro Verde, el convenio voluntario no está vigente, y se espera reactivarlo por ley con el proyecto que se debate en la actualidad en el Congreso Nacional para su tratamiento en Diputados”, sostuvo Maradei.

Ahora el proyecto esta demorado en Diputados, pero hay que hacer fuerza desde el sector y los representantes de las provincias forestales para que logres su tratamiento y sanción. “Fue una iniciativa originada en el gobierno de Mauricio Macri, por lo tanto, se entiende que nadie se negará a que sea aprobado. Se presentaron algunas objeciones de la oposición a la iniciativa, y esperamos en 2022 poder contar con esta herramienta financiera que permitirá dar continuidad a la Ley 25.080”, sostuvo el director nacional durante la reunión.

Entre otros aspectos de la gestión, indicó que se promueven acciones para la apertura del sector a los mercados internacionales para los productos con valor agregado y certificados en gestión sostenible; y en la tecnificación y capacitación por medio del financiamiento al que accedieron a través del DIPROSE. Y finalmente, programa de acompañamiento a pequeños y medianos productores, incluyendo a Pueblos Originarios.

Otra novedad de la reunión fue la comunicación del acuerdo con Misiones relacionado a simplificar los trámites para pequeños productores: “Finalmente hemos logrado en forma interna entender, adaptar y ponernos de acuerdo con la provincia de Misiones. Este proceso ha tardado un año donde hubo mucho diálogo y trabajo de los técnicos”, precisó.

Tomando de modelo a Misiones, que tiene la mayor cantidad de pequeños productores, sostuvo que “a pedido de Juan Gauto –subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones- hemos incorporado a los productores pequeños que no están inscriptos en el RENAR”.

Un aspecto que no se podrá evitar es que deberá cumplirse con el trámite de la debida diligencia. Se trabajo también con la nueva resolución de actualización de costos de pequeños productores y otros aspectos técnicos que se debatieron en la comisión sobre el Decreto Reglamentario.

“En su Art. 18, se establece para pequeños productores de menos de 5 ha convenios específicos con las provincias que lo requieran, en el Art. 24 dice que las presentaciones serán durante todo el año, y en el Art. 28 se establecen las infracciones y sanciones incluidas en el decreto”, informaron.

Expusieron los análisis SIG de expedientes, logrando un sistema digitalizado que permite una significativa reducción de plazos. “Si en enero de 2020 la demora de gestión de un expediente llegaba a 400 días, hoy estamos en un promedio de 4 días. Los formulario tienen que venir completos, terminados y con informacion coherente, eso es lo que se logró hacer”, recalcó Maradei.

“Pero sigue existiendo datos no coherentes en el formulario para procesar la información, incluso tenemos algunos sin datos de las especies –por ejemplo- que es relevante. O no coincide nomenclatura catastral detallada en Anexo V y la Cartografía, entre otras irregularidades. Hoy tenemos 231 expedientes aún observados”, agregó.

La mayor cantidad de expedientes observados se registran en Corrientes, seguido Entre Ríos, Misiones y Mendoza.

Misiones: “El nuevo formulario es inviable”, dijo Nicolás Ocampo

Desde Misiones, uno de los planteos que abrió un debate en la reunión virtual fue el expresado por el ingeniero forestal Nicolás Ocampo, en representación de profesionales independientes que integran el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones. “La preocupación es por la situación de la 25.080 en general, ya que no tenemos asegurado el financiamiento en tiempo y forma de los planes presentados. En las actuales condiciones, los colegas independientes encuentran “complicada” la para presentación de expedientes de productores frente a la falta de previsibilidad al momento de los pagos. Cumplir con los requisitos como se presente en el nuevo formulario es inviable”, dijo el profesional.

“Hay una desmotivación general entre los colegas con respecto a la ley por la demora en los pagos”, sostuvo en contacto con ArgentinaForestal.com.

“En la actualidad, es difícil de convencer a un productor que plante para fines comerciales. Y la modificación Art 24 es inviable en estas condiciones, ya que se pide al profesional un informe del plan solicitado año a año. Si se tiene en cuenta que hay que pasar informe de 20, 50 o 100 hectáreas por año, nos encontramos con costos de logística que es complicado de absorber sin tener certezas de pagos. Es necesario clarificar quien asume el costo y cuándo se va a pagar el plan”, precisó Ocampo.

El artículo 24 de la nueva resolución plantea hacer informes anuales de las plantaciones. “Desde nuestro punto de vista en inviable tanto por una cuestión de practicidad, teniendo en cuenta la dificultad de tener que recorrer todos los años la diferentes plantaciones para hacer un informe, incurriendo además en costos que tendrán que asumir los productores o los profesionales. Son honorarios que no se saben cuándo serán pagados y que los productores, en muchos casos, no están dispuestos a asumir. Se suma a esta cuestión el poco interés que tienen hoy los productores por la producción forestal”, agregó.

Consideró que este punto se podría suplir haciendo informes  por períodos más largos, o bien hacerlo con el organismo ejecutor.

Finalmente, Ocampo también planteó a la Comisión Asesora que se consideren la plantaciones a baja densidad que se están implementando en Sistemas Agroforestales que generalmente se dan en cultivos mixtos de yerba y otras especies forestales maderables, como Kiri o nativas

El director nacional respondió al profesional que en la actualidad hay una mejora en el mercado forestal y en los precios de la madera “por el trabajo que hizo el INFOPRO. Hubo un aumento considerable por la materia prima. Ya no son los miserables de hace un año atrás”, dijo Maradei.

Respecto al planteo de los profesionales, sostuvo que la modificación fue oportunamente  consultado con los colegios de forestales y agrónomos: “Tras la consulta todos estuvieron de acuerdo que desde 5 ha. se establezca el compromiso técnico de los profesionales y realice el seguimiento de su plan. Tenemos que levantar el nivel tecnológico del sector forestal”, agregó.

“Debe entenderse que la participación mayor de los profesionales en el proceso es necesaria. Es una realidad que de 700 millones de pesos solicitados para pagar planes, nos asignaron 67 millones. La dificultad está en el impacto que genera la demora en los productores, no hay certezas o garantías hacia adelante, y es dónde se plantea los inconvenientes entre colegas y productores. Pero el informe debe estar”, insistió Maradei.

Sobre el financiamiento, planteó que preocupa que la ley de PROSA ( Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros), conocido como Seguro Verde, “no sea entendida en Diputados”.

Recomendó a las provincias a comunicar la importancia estratégica, económica social y ambiental de la normativa. “Necesitamos que todas las provincias se hagan escuchar con sus representantes sobre esta norma que, con su aprobación en Diputados, daría certeza al sistema de promoción. No creo que haya trabas desde el aspecto técnico, necesitamos la sanción de esta Ley podremos alcanzar los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París hacia 2030”, remarcó el funcionario nacional.

Finalmente, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Gauto, planteó la preocupación de Misiones por el desfinanciamiento de la ley 25.080.

“Más allá del proyecto de ley que se encuentra en Diputados, no se ve los recursos para solventar la gran promoción que establece la ley 25.080. En dos décadas de experiencia con la operatoria, el Estado Nacional nunca se ha cumplido, es decir que los escollos que hemos tenido en el pasado con la normativa aún no están superados. La conclusión de la reunión de Comisión es que estamos buscando las culpas, cuando lo que necesitamos es más industrias para procesar la materia prima y mejorar el precio del producto. Hace tiempo que estoy insistiendo en la defensa del sector local, y los residentes argentinos que decidieron invertir en el 1,3 millones que hoy tenemos es parte del éxito del sistema”, dijo el funcionario misionero.

Para el ingeniero Gauto el interrogante a las autoridades nacionales es que expliquen en qué medida la agenda forestal está anclada en el Poder Ejecutivo Nacional. “Si nuevamente legislamos a favor del sistema, debería ser acompañado con la promoción en el territorio. El convenio voluntario de PROSAS (Seguro Verde) fue una suerte de “conejo de la galera” en su momento. Este año se logró la media sanción para que estos fondos a destinarse a la operatoria sea una ley, pero la realidad es que con la 25.080 siempre estamos fuera del cumplimiento de la normativa. Todos los años”, concluyó en su planteo.

Al reclamo de los profesionales de Misiones se sumaron voces del Delta y otras regiones, y finalmente se acordó una próxima reunión para revisar los requisitos del nuevo formulario.

“La actividad tiene un costo y un financiamiento, es una inversión. Si no se sabe cuándo se va a cobrar el plan, el productor difícilmente decida forestar. La falta de caja del Estado para el sector forestal repercute en la promoción”, concluyó Adrián Mendizábal, representante de productores del Delta.

 

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