Infopro Misiones: iniciarán los estudios técnicos del precio de rollo aserrable y pidieron reorientar fondos de la Tasa Forestal al combate de incendios

Con estos dos temas centrales, cerraron la última reunión del año del directorio del Instituto Forestal Provincial, que se realizó en un clima de diálogo y por votación unánime en las propuestas planteadas para la agenda forestal de inicio de 2021. Así lo explicó el director del Infopro de Misiones, Rubén Costas, representante por el sector primario.

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Chaco: el sector forestal en alerta ante la sentencia judicial de suspender la actividad productiva

Distintas asociaciones forestales del interior chaqueño comenzaron a expresarse con preocupación ya que la Sala Primera de la Cámara Contenciosa Administrativa resolvió suspender la actividad forestal implicando que unas 24.000 personas que trabajan en forma directa en la cadena quedarán si su sustento, en el peor momento que atraviesa la economía argentina y en medio de una pandemia.

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Ley 25.080: el gobierno nacional destinó más de 190 millones de pesos para el pago de la deuda del régimen de promoción este año

En el marco de la primera reunión virtual del año con productores, profesionales, representantes de cámaras empresarias, instituciones técnicas y representantes de las provincias forestales de todo el país, que conforman la Comisión Asesora de la Ley 25.080, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentó un informe de la situación del régimen de promoción forestal y el estado de pagos de planes forestales. “Se habilitaron nuevos pagos por 73,9 millones de pesos en el marco de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y el régimen de promoción correspondiente. En total, se logró transferir al sector forestal del país la suma de $ 190.537.234,11 en los que va de 2020”, informaron las autoridades nacionales.

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Chaco: productores e industriales forestales denunciaron una “operación mediática” de ONGs para confundir sobre desmontes ilegales con la actividad lícita con madera nativa

Desde la Federación de Productores e Industriales Forestales del Chaco (FAPIF) aseguran que datos oficiales y de fuentes de organizaciones ambientes demuestran que en la provincia de Chaco “disminuyó drásticamente este último tiempo” los desmontes, por fiscalización y ordenamiento territorial, producto de los avances de las regulaciones vigentes a partir de la Ley de Bosques y otras normativas vigentes en la jurisdicción.  A su vez, manifiestan “su total apoyo” al gobierno de Capitanich en la lucha por los desmontes ilegales, pero calificaron de “una operación mediática para confundir a la opinión pública” las denuncias de las últimas semanas de las ONGs ambientales, ya que “no está prohibida” la extracción forestal.

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En lo que va del año, Nación ejecutó más de 87 millones de pesos para el pago de planes y se estima que del “Seguro Verde” destinen 94 millones al sector en el último trimestre

Así lo confirmó el director nacional de Foresto-industria (DNFI) de la Secretaria de Agroindustria de la Nación, Nicolás Laharrague. En el último trimestre de 2018 ya entraría en funcionamiento el acuerdo con las Compañías Aseguradoras por el 1% de lo recaudado del cobro de las pólizas correspondiente al trimestre de julio a septiembre, como partida extra presupuestaria para sostener el sistema de promoción forestal de la Ley 25.080. Entre las provincias de Misiones y Corrientes, fuentes oficiales estiman que la deuda con pequeños y medianos productores asciende a la fecha en 385 millones de pesos.

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Debate por deuda de fondos forestales: la Ley 25.080 de incentivo a bosques cultivados y la Ley 26.331 de Bosques Nativos ingresaron a la agenda legislativa

Entre los puntos que se debaten en el Presupuesto 2019 del gobierno nacional en la actualidad, hay dos leyes de fondos de protección ambiental de Bosques Nativos y de promoción de plantaciones forestales con destino comercial (pino, eucalipto y álamos) que preocupan a productores y propietarios del sector por su falta de cumplimiento en la aplicación de las normativas en forma efectiva en relación a la asignación de recursos e importantes atrasos de pagos de proyectos presentados, situación de incumplimiento que no responde sólo al gobierno actual, sino que es una situación que se arrastra desde hace décadas y gestiones de gobierno anteriores.

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