Chaco: productores e industriales forestales denunciaron una “operación mediática” de ONGs para confundir sobre desmontes ilegales con la actividad lícita con madera nativa

Desde la Federación de Productores e Industriales Forestales del Chaco (FAPIF) aseguran que datos oficiales y de fuentes de organizaciones ambientes demuestran que en la provincia de Chaco “disminuyó drásticamente este último tiempo” los desmontes, por fiscalización y ordenamiento territorial, producto de los avances de las regulaciones vigentes a partir de la Ley de Bosques y otras normativas vigentes en la jurisdicción.  A su vez, manifiestan “su total apoyo” al gobierno de Capitanich en la lucha por los desmontes ilegales, pero calificaron de “una operación mediática para confundir a la opinión pública” las denuncias de las últimas semanas de las ONGs ambientales, ya que “no está prohibida” la extracción forestal.

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En lo que va del año, Nación ejecutó más de 87 millones de pesos para el pago de planes y se estima que del “Seguro Verde” destinen 94 millones al sector en el último trimestre

Así lo confirmó el director nacional de Foresto-industria (DNFI) de la Secretaria de Agroindustria de la Nación, Nicolás Laharrague. En el último trimestre de 2018 ya entraría en funcionamiento el acuerdo con las Compañías Aseguradoras por el 1% de lo recaudado del cobro de las pólizas correspondiente al trimestre de julio a septiembre, como partida extra presupuestaria para sostener el sistema de promoción forestal de la Ley 25.080. Entre las provincias de Misiones y Corrientes, fuentes oficiales estiman que la deuda con pequeños y medianos productores asciende a la fecha en 385 millones de pesos.

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Debate por deuda de fondos forestales: la Ley 25.080 de incentivo a bosques cultivados y la Ley 26.331 de Bosques Nativos ingresaron a la agenda legislativa

Entre los puntos que se debaten en el Presupuesto 2019 del gobierno nacional en la actualidad, hay dos leyes de fondos de protección ambiental de Bosques Nativos y de promoción de plantaciones forestales con destino comercial (pino, eucalipto y álamos) que preocupan a productores y propietarios del sector por su falta de cumplimiento en la aplicación de las normativas en forma efectiva en relación a la asignación de recursos e importantes atrasos de pagos de proyectos presentados, situación de incumplimiento que no responde sólo al gobierno actual, sino que es una situación que se arrastra desde hace décadas y gestiones de gobierno anteriores.

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