Senado dio media sanción al proyecto de ley de “Seguro Verde” que destinaría un 0,5 por ciento de las pólizas de los automóviles a la forestación

Según el proyecto aprobado este jueves, por iniciativa del senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos), con la normativa se reactivará en la Superintendencia de Seguros de la Nación el “Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros” conocido como PROSAS. Esta norma institucionalizaría el denominado “Seguro Verde” que hasta 2019 fue voluntario, y pasaría a ser por ley obligatorio y la recaudación destinar a garantizar el forma complementaria el financiamiento de la Ley N° 25.080, de Inversiones para Bosques.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

Fuente: con información de El Parlamentario, Clarín y Senado de la Nación

BUENOS AIRES (15/7/20219.- “Con una gran alegría les informo que acaba de tener media sanción el proyecto de ley de Seguro verde, con 51 votos positivos, 10 abstenciones y 1 negativo. Indudablemente este proyecto presentado por el Senador Closs tuvo un apoyo importante de varios sectores,  y resultó fundamental el acompañamiento y las gestiones realizados por el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra”, expresó el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Daniel Maradei.

“Aún queda redoblar esfuerzos para que se logre el acompañamiento en Diputados”, expresó el funcionario en un breve comunicado dirigido al sector foresto-industrial del país.

Tratamiento en el senado: 51 votos positivos, 10 abstenciones y 1 negativo

La Cámara alta logró que se apruebe el proyecto y el debate en adelante estará en Diputados para lograr la importancia que lograr en el país la continuidad del Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros que se creará en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS).

“La iniciativa tiene por objeto promover las inversiones en nuevos emprendimientos forestales sustentables y en las ampliaciones de los bosques existentes que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados”.

Tras un corto debate, el Senado aprobó dicho proyecto de ley por 51 votos a favor, 1 negativo y 10 abstenciones.

El artículo 2, que fue modificado en el recinto, sostiene que: “El PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegurados del seguro del ramo automotor en una proporción de 0,5% de la prima que será liquidada trimestralmente sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 inciso b) de la ley 20.091“.

Asimismo, la iniciativa propuesta por el senador misionero Maurice Closs (Frente de Todos) prevé que el Prosas destinará el 10 por ciento de los aportes recibidos para ser aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal-industrial con el objeto de atender los gastos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080, modificada por sus similares N° 26.432 y N° 27.487.

“Busca financiar una política de Estado de un plan forestal”, explicó el legislador misionero que recordó que “el problema siempre fue que estos programas se quedaron sin recursos y ahora se establecerá su financiamiento por ley y se deberá cumplir”.

Al respecto, la senadora bonaerense Gladys González (Juntos por el Cambio) pidió llamar a este proyecto como un “eco impuesto” o un “impuesto verde”, lo que pretende ser esta prima sobre los seguros de automotores. “Con esta ley no logramos que haya menos contaminación de dióxido de carbono de los combustibles de los autos; tampoco no modificamos acciones de consumo; y no promovemos empleos verdes bajo en carbono”, dijo la senadora de Juntos por el Cambio.

También la senadora replicó la estimación de la recaudación. “Tenemos un parque automotor liviano de 15,5 millones de autos. En promedio un seguro ronda los $ 6.000. Con 0,5% de prima estamos hablando $450 millones mensuales, $5.400 millones anuales”, calculó González.

La senadora bonaerense cuestionó que los fondos que se recauden serán “administrados por el Estado Nacional, sin ningún criterio de sustentabilidad”. Y concluyó: “Por eso, no es un programa de sustentabilidad ambiental sino es un programa de desarrollo forestal basado en un impuesto al parque automotor”.

Closs defendió la iniciativa. Dijo que la ley “busca financiar una política de estado de promover a sector forestal”.

Según lo prevé el articulado, parte de esos recursos deberán ser aplicados a la información sobre los aportes de las compañías aseguradoras, y a tareas de difusión, concientización y capacitación sobre la forestación y su rol para incrementar el secuestro de carbono, reduciendo el impacto del cambio climático y mejorando al ambiente; pudiendo disponer de hasta 2,5 % a los efectos de apoyar la gestión de las Autoridades de Aplicación Provincial de acuerdo a lo ejecutado en cada jurisdicción.

También los recursos del PROSAS serán de aplicación para el pago de los aportes no reintegrables a otorgar a los emprendimientos forestales amparados por la Ley 25.080 y sus prórrogas 26.432 y 27.487 que obtengan las aprobaciones correspondientes establecidas en la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.

En caso de que existiera remanente presupuestario no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año siguiente. Este excedente será considerado intangible para todo fin no relacionado con los objetivos de la presente ley, según prevé la norma.

En los fundamentos, los autores del proyecto de ley aseguraron que dicha iniciativa “prevé la institucionalización por ley del denominado Seguro Verde, es decir, la normatización a través de una ley, con la estabilidad que ello implica, del programa que destina 1 por ciento del valor de cada póliza del rubro automotor para financiar los ANR de la Ley 25.080 y promover la forestación”.

Este artículo fue modificado en el recinto, reduciendo a 0,5 por ciento del valor de cada póliza a destinarse al fondo de Seguro Verde.

Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2018, tras la realización de seis mesas forestoindustriales y el tratamiento multipartidario que se le dio en la Cámara de Diputados, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la segunda ley de prórroga y reforma de la Ley 25.080, extendiendo los términos de su vigencia por 10 años más, pero el presupuesto que se asigna no es suficiente para alcanzar las metas y compromisos del país asumidos en el Acuerdo de París, incrementando la superficie reforestada bajo manejo de gestión sostenible y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Es oportuno entonces, plantear la jerarquización institucional del denominado Seguro Verde, estableciendo su contenido por Ley con un alcance generalizado entre los asegurados que deberán hacer el aporte de manera obligatoria, no quedando sujeto a la voluntad de las compañías aseguradoras. En la medida en la que el Régimen de Promoción de Inversiones en Bosque Cultivado se ha extendido, urge su financiamiento, permanente y garantizado a través de fuentes alternativas al fondeo presupuestario, orientado a la emergencia en tiempos de pandemia”, sostiene el texto en sus argumentos.

 

 

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