Misiones: Tekoa Ka’a Kupe recurrió a la Justicia para frenar desmontes de Carba SA en territorio indígena y autorizados por Ecología

Para el ministro de Ecología, Mario Vialey, se respetaron todos los pasos del proceso y se autorizó el plan de manejo sustentable a la empresa respetando los lugares sagrados marcados por las comunidades. Sin embargo, la apoderada legal de las comunidades Mbya Guaraní adelantó que se recurrió a la Justicia para un amparo que permita frenar esta situación hasta dirimir la cuestión de fondo, explicó la abogada Roxana Rivas.

Por Patricia Escobar 

@argentinaforest

 

MISIONES (12/5/2020).- Las comunidades Mbya Guaraní Ka’a Kupe; Ko’e Ju y Yvy Chi desde hace varios años iniciaron el expediente N° 9900-01561/2018 ante el Ministerio de Ecología, en rechazo de que la empresa Carba SACIIA ejecute un Plan de Manejo Sustentable Lote 7B,  en Colonia Seguin, municipio de Campo Grande. Desde entonces rechazan que se realicen aprovechamiento de madera en su territorio y recurren administrativamente y judicialmente para suspender cualquier actividad forestal en el territorio que habitan.

En 2019 se realizaron consultas y audiencias, “pero con muchas irregularidades, por lo que lo sustancial de agravio de esta última resolución de Ecología es cuando dicen que habilitaron a la empresa a la extracción de árboles nativos a pesar del rechazo manifestado por las comunidades Mbya Guaraní. En todas las consultas de las que participaron dejaron expresado que no quieren que se corte ningún árbol más en su territorio. Por ello, se utilizaron siempre todos los pasos administrativos y que por diversas razones, como traspapelarse la presentación de recurso de reconsideración que fue realizado oportunamente en Ecología, y sobre el cual nunca obtuvimos respuestas. Ahora iniciamos acciones judiciales de amparo para frenar esta situación que se presenta en plena cuarentena”, explicó la abogada y apoderada legal, Roxana Rivas.

Remarcó que “no es cierto que exista consentimiento alguno para que la empresa realice extracción de árboles nativos, de ninguna de las tres aldeas afectadas y que conviven en el territorio con la empresa. En cada trámite administrativo y judicial adjuntamos pruebas de ello”, dijo la abogada.

Agregó que desde el organismo público “nunca se dio curso a la presentación realizada de Recurso de Reconsideración solicitando la suspensión y la Comunidad Mbya Guaraní sostiene su negativa a una posible autorización de Plan de Manejo Sustentable en su territorio. Lamentablemente hay un gran retroceso en el diálogo con la actual gestión de Mario Vialey, hay mucho desconocimiento sobre los derechos indígenas y cómo es el tratamiento para escuchar sus planteos, hay un avasallamiento de los derechos de los Pueblos Indígenas al no ser escuchados en este caso”, dijo Rivas al confirmar en la entrevista con ArgentinaForestal.com que realizaron una presentación ante la Justicia para solicitar una acción de amparo hasta dirimir la cuestión de fondo, basados en la Ley Nº 24.071 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo en el año 1992 y posteriormente plasmar sus principios fundamentales en la Constitución Nacional art. 75 Inciso 17, durante la reforma del año 1994, y en todos los tratados internacionales vigentes relacionados a de los derechos indígenas.

Conflicto de tierras y bosques

El conflicto afecta una propiedad de 5 mil hectáreas reconocidas por el INAI desde 2016 a la comunidad del Valle del Cuña Piru 2 Ka’a Kupe, y que alcanza a otras dos comunidades que habitan en el territorio. El registro dominial aún está a nombre de la empresa Carba SA.

“La empresa estaba dispuesta a mantener en conservación el área, siempre que encuentre otra alternativa productiva rentable, pero el Estado no da respuesta al propietario que conserva, es decir que ni el privado ni las comunidades tienen solución, y ante su ausencia en las soluciones sacrifica el bosque nativo de un área de alto valor ecológico”, asevera Rivas.

Por otra parte, la abogada cuestionó la aprobación del plan de manejo sustentable que otorgó el ex ministro Juan Manuel Díaz a la empresa, “ya que esta decisión la tomó a los pocos días de dejar el organismo. Fue de “mala fe”, ya que en todo momento las tres comunidades indígenas dijeron que no quieren más desmontes en su territorio, y está en todas las actas. Son tres comunidades, y las tres no están de acuerdo con el desmonte. El ex ministro dio curso al trámite en pleno diciembre, estuvimos a las corridas para responder administrativamente al rechazo ante la feria y el 11 de diciembre ya había cambio de autoridades. Finalmente, nunca respondió Ecología al recurso de reconsideración iniciado ante el organismo, y en febrero de este año tuvimos el primer conflicto en la comunidad, en la que tuvieron que exponerse físicamente para detener las topadoras. Vuelve la empresa en mayo en plena cuarentena a iniciar actividades de extracción con permiso del organismo, sin dar respuestas a las presentaciones realizadas por las comunidades indígenas, y sin escucharlas. Ellas rechazan esta acción en su territorio, pero en Ecología desconocen los expedientes iniciados, por lo que se decidió recurrir a la Justicia”, resumió la abogada.

La semana pasada, el ministro de Ecología Mario Vialey confirmó la autorización para que la empresa retome actividades de aprovechamiento forestal en mayo. “Las actividades se retomaron en dos lotes de la propiedad en esta segunda etapa de la cuarentena, ya que el sector forestal está exceptuado por ser una actividad considerada de Servicios Esenciales por disposición provincial y nacional. Respetando el Lote 3, que fue el señalado como un lugar sagrado por una de las comunidades, de cinco que conviven con la empresa, solo una no está de acuerdo”, dijo. “Se autorizó a continuar con su plan de aprovechamiento de Bosques Nativos en la propiedad según lo previsto por la legislación vigente”, confirmó el funcionario.

En el diálogo telefónico con este medio, indicó también que en este tiempo se revisaron los procedimientos, y la empresa Carba SA tiene los planes forestales autorizados por el organismo para la extracción selectiva de bosques nativos. “Es una empresa que siempre mostró predisposición de participar en las mesas de negociación y aportan a los planteos propuestas superadoras. Necesitamos en Misiones más empresas como esta. Hay en proyecto una posibilidad de destinar 1000 hectáreas de manera intangibles para su conservación y acordar con las comunidades una solución de fondo respecto a la territorialidad futura. Este es un plan forestal antiguo, que cumplió con todas las instancias legales del proceso y fue respetuoso de todas las partes involucradas, pero entre las mismas comunidades hay diferentes visiones e intereses, y por ello es una situación compleja de abordar para llegar a un acuerdo que atienda o conforme a todas las partes. Pero los canales de diálogo están vigentes”, adelantó Vialey.

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Sin embargo, la representante legal de las Comunidades Mbya Guaraní respondió ante las declaraciones del funcionario que se desconoce proyecto alguno: “No sabemos con quien está dialogando el ministro, a las comunidades afectadas nadie las citó ni tampoco informó de nada, menos de alguna propuesta superadora o de donación de mil hectáreas como menciona se podría estar analizando. Tampoco sabemos a qué cinco comunidades se refiere cuando en el territorio son solo tres comunidades las afectadas por este conflicto y en el expediente, realmente sorprende sus declaraciones”, expresó Rivas. “El solo hecho de que alguna autoridad hable en nombre de otras comunidades indígenas que supuestamente no están de acuerdo, ya es gravísimo, y es parte de la ignorancia en el tratamiento de temas que afectan a los Pueblos Indígenas. Nadie puede hablar en representación de ellos”.

Ausencia de diálogo

El conflicto de fondo es que por derecho ancestral es tierra guaraní y por registro dominial es propiedad de Carba SA. “Siempre hubo buena convivencia con la empresa, y lo que se pedía al Estado es que encuentre una alternativa económica de compensación para que la empresa no recurra a la explotación forestal. Carba SA estaba dispuesta a conservar. Sin embargo, a pesar de las herramientas vigentes de la Ley 26.331 no lograron encontrar una salida rentable para Carba SA con fondos de enriquecimientos de Bosques Nativos , y finalmente el tiempo pasó y comenzaron con este avance sobre los recursos forestales. En este momento, uno de los sitios de alto valor de conservación para la vida presente y futura en el territorio indígena”, dijo Rivas.

Sostuvo que desde que asumió el ministro Vialey “hay un retroceso en el diálogo respecto a la gestión anterior. Desconoce cuáles son los derechos de las comunidades y desconoce el procedimiento. Técnica y formalmente, debió haber frenado el desmonte”, precisó la letrada.

La vulneración de sus derechos respecto a la consulta previa, a la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y establece derechos específicos, como el derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que les afecten.

“Todas las presentaciones administrativas se realizaron en tiempo y forma ante Ecología, pero hay muchas irregularidades en este proceso, sobre todo en la forma que los citaron a las consultas, según la ley vigente. Lamentablemente, por otra parte, basta con la formalidad de cumplir con la consulta, pero no es vinculante. Es decir, que si se expresan en rechazo, hay otras herramientas legales para continuar el proceso. Por ello, siempre hay una disputa en estos temas, que finalmente lo resuelven los jueces. No es un trámite administrativo autorizar el desmonte en territorio guaraní, no puede autorizar Ecología cuando los afectados rechazan esta acción y eso está en las actas. Pedimos suspender la ejecución de la acción de explotación forestal en el territorio. Hasta que no se resuelva por un Juez, no se puede ejecutar nada, no se puede mover una rama, el camino es abrir la instancia de diálogo y analizar alternativas”, concluyó Rivas.

 

Denuncia pública

En una carta pública dirigida al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, desde la Comunidad Mbya Guaraní Ka’a Kupe nuevamente denunciaron la situación que viven y pidieron la intervención del mandatario para ser escuchados. “La empresa Carba SA continua el desmonte en el territorio demarcado por la Ley Nacional 26.160, como de ocupación y uso de la Comunidad Mbya Ka’a Kupe, el Ministerio de Ecología y RNR guarda un cómplice silencio. Se pretende nuevamente no escuchar la voz de las Comunidades y una sociedad que se precia de su selva y entorno, no acompaña su reclamo”, expresan en la misiva.

“Pero los Mbya de Ka’a Kupe están dispuestos a parar el corte como lo hicieron en el mes de febrero.  Aprovechando que se ha autorizado la actividad extractivista de árboles, para ella no rige la cuarentena, se han volteado más árboles en el lote 5b Municipio de Campo Grande en estos días que en los últimos años”, denunciaron.

“Dice Greenpeace que durante el aislamiento social se ha desmontado el equivalente a media ciudad de Buenos Aires. Los/as niños/as de Ka’a Kupe ven a sus mayores movilizarse en defensa de un monte que se va perdiendo día a día, sorda a sus reclamos la empresa sigue sacando árboles del monte y nuevamente se ve comprometido el futuro Mbya Guaraní”, expresaron.

 

MBURUVICHA DE KA’A KUPE SABINO BENÍTEZ
“Estamos preocupados porque nuestros derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT no se respetan. El gobierno y la empresa CARBA SA tienen que entender que tenemos culturas diferentes y merecemos ser respetados.
El modo en que cuidamos la vida que hay en la naturaleza es diferente. En un árbol vemos remedio, alimento, cuidador del agua, cuidador de animales. El modo de ver de los no indígenas es diferente, no pone tristes porque destruyen, contaminan los arroyitos y nuestra cultura se ve afectada.

La naturaleza es parte de la vida de los Pueblos Indígenas y no somos egoístas, nuestro cuidado de la selva beneficia a toda la sociedad.

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