Por Ing. Forestal Graciela Flores (Egresada de la UNaM, trabajadora del Estado y afiliada a ATE)
MISIONES (16/5/2026).- Como ingeniera forestal egresada de la Universidad Pública de Misiones (UNaM), trabajadora del Estado agremiada en ATE, y haciéndome eco de tantas otras voces que no se resignan, quiero expresar mi profunda preocupación ante las medidas económicas de recorte por un total de 2.200 millones de pesos.
Este ajuste afecta directamente la conservación, las actividades de mantenimiento y la seguridad de las Áreas Naturales Protected en su conjunto, las cuales componen el Patrimonio Natural de nuestro país.
En particular, estas quitas establecidas significan $41.715.900 menos para el Parque Nacional Iguazú y una reducción de $12.123.088 para el Área Silvestre Campo San Juan.
Estas áreas de excepcional valor paisajístico y superficies protegidas cuentan con el respaldo de un sólido plexo normativo, compuesto por la Ley Nacional N° 22.351 de Parques Nacionales, la Ley de Bosques Nativos N° 26.631 y la Ley Provincial XVI N.º 105 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Esta última norma establece los mecanismos de protección, conservación y promoción del manejo sostenible de los ecosistemas forestales de la provincia. Sin embargo, este marco legal no ha sido obstáculo para que el Gobierno Nacional ejecute un ajuste sin antecedentes, disminuyendo el presupuesto destinado a las 46 áreas protegidas del país.
Al verse privadas de los recursos necesarios, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y los riesgos asociados a su preservación, seguridad y desarrollo del turismo sustentable, entre otras funciones esenciales.
Consideramos que esta medida genera una crisis profunda en la administración de los parques y precariza a todo su personal, indispensable para el cuidado, el manejo sustentable y el conjunto de las operaciones territoriales.
El recorte quedó formalizado a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, publicada en el Boletín Oficial el pasado 11 de mayo de 2026.
Ante esto, se hace imperioso remarcar que el Parque Nacional Iguazú es reconocido a nivel global desde 1934; sus 67.620 hectáreas incluyen una Reserva Nacional anexa en la que coexisten comunidades guaraníes, especies singulares y monumentos naturales de altísimo interés científico y económico.
Todo lo anterior define a la región como un área prioritaria de conservación y desarrollo. Su localización estratégica en el extremo norte de la provincia determina una cuenca hídrica vital, donde confluyen ríos de agua dulce que riegan y abastecen a esta matriz verde de biodiversidad económica y natural, de la cual depende directamente una población trinacional de un millón de personas.
La decisión de crear y proteger estas áreas únicas e intangibles no fue un hecho imprevisto. Por el contrario, es necesario traer a la memoria los procesos y acontecimientos históricos que promovieron los fundamentos técnicos para la creación de los Parques Nacionales y las figuras de protección específicas en nuestro país.
Traer el pasado al presente nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos; la historia nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, costumbres y cultura, enseñándonos a valorar y preservar nuestras tradiciones, al tiempo que nos brinda lecciones para no repetir los mismos errores.
En los inicios, esta conciencia de preservación nació motivada por estudiosos, expertos y científicos que impulsaron las áreas protegidas en Argentina, bajo la visionaria iniciativa del explorador Dr. Francisco Pascacio Moreno (1852-1919), quien en 1903 donó a la Nación unas 7.500 hectáreas de su propiedad ubicadas en la región del lago Nahuel Huapi, con la clara intención de preservar el paisaje y las riquezas representativas de la región.
Treinta años después de aquella histórica donación, en 1933, se instituyó la reglamentación necesaria para legislar el funcionamiento de los Parques Nacionales. A este impulso le sucedieron distinguidos estudiosos de las ciencias naturales como Cabrera, Bertoni y tantos otros, cuyos legados nos permiten contar hoy con 46 áreas naturales protegidas a nivel federal.
Este esfuerzo nacional y ciudadano se encuentra plenamente reconocido en nuestra Constitución Nacional, que pone en valor estos principios en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Este mandato consagra la responsabilidad transgeneracional, dictaminando además que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Es por ello, señor Presidente, que le solicitamos rever esta medida y valorar el esfuerzo centenario realizado por quienes nos precedieron. Ellos generaron este activo valor de conciencia ambiental en los ciudadanos que habitamos esta provincia respecto a la importancia de cuidar la naturaleza. Es urgente entender que estas áreas son bienes comunes, públicos e irremplazables como el agua, y representan externalidades positivas que su equipo de asesores económicos debe considerar.
Es imperioso revertir la quita de fondos implementada, porque estas áreas protegidas constituyen nuestro patrimonio natural y cultural. Son las que nos proporcionan calidad de vida a todos los misioneros, a los argentinos y a la humanidad en su conjunto. Sin una naturaleza viva, cuidada y valorada en su integralidad, la vida misma sería imposible.
