Martín Gartland: “Antes de revisar o modificar leyes, hay que definir las políticas de Bosques Nativos y Tierras Forestales”

Para el consultor, docente, investigador y especialista en legislación forestal es materia pendiente establecer una política forestal en la Argentina respecto a los bosques naturales, e incluso en Misiones, siendo una provincia de tradición forestal.. “Las leyes son instrumentos de la política. En bosques nativos creo es necesario revisar una nueva conceptualización de los planes de ordenación forestal, el régimen de sanciones por infracciones, entre otros aspectos de las normativas vigentes, aunque lo primero es tener claro las políticas en esta materia”, sostuvo el autor de la Ley Prov. 854 (Ley XVI Nº 7) creada en 1977 y que ambientalistas piden su revisión y modificación.

 

Por Patricia Escobar 

@argentinaforest 

 

MISIONES (11/5/2022).- El ingeniero forestal Martín Gartland es Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Misiones (2017), fundador y ex decano de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado (FCF-UNaM), autor de la Ley Prov. 854 (Ley XVI Nº 7) vigente para el aprovechamiento legal del Bosque Nativo con planes de ordenación forestal en Misiones, investigador y reconocido especialista en Legislación y Política Forestal, entre otros aspectos que destacan su vasta trayectoria, como ser autor de varios libros en la materia.

El especialista respondió a una entrevista con ArgentinaForestal.com para reflexionar sobre el reciente planteo público realizado por dos referentes ambientalistas de la provincia que pedían la revisión de la normativa ya que data de 1977 y en la práctica “no se cumple” en sus objetivos. Bajo el titulo “Revisión de Leyes Ambientales, cumplimiento o caos”, el ingeniero forestal Juan Perié (Movimiento Ecologista Tamanduá) y Rulo Bregagnolo solicitaron la revisión y modificación de la Ley Prov. 854 de Bosques y Tierras Forestales”, innovadora en su época. “Pero es una norma de hace 45 años atrás, es clara pero no se cumple. Debemos adecuar las normativas a la realidad que vivimos. Hoy vemos como circulan en la provincia “los coches fúnebres” por las rutas camiones con rollos de madera nativa. Se requiere información sobre la extracción que se realiza del monte, su impacto a la biodiversidad y adoptar medidas locales para mitigar los efectos globales del Cambio Climático”, advierten los referentes ambientalistas.

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AF: ¿Qué opina del planteo de revisar y modificar la Ley Prov. 854 de Bosques Nativos y Tierras Forestales?

En primer término, quiero dejar sentado que las leyes pueden y deben ser modificadas cuantas veces resulte necesario hacerlo. Esa necesidad en el presente caso, se daría, si se advirtiera una modificación sustantiva de la política forestal. En tanto ello no ocurra, si la política permanece en el tiempo, sea explícita o no, cualquier modificación de la ley u otros instrumentos, no alteraría el status quo anterior. Por lo cual debería atacarse la política sectorial y no solo a algunos de sus instrumentos.

Una política se conforma en función de un ramillete de principios y unos ejes estratégicos. Luego se formulan los instrumentos legislativos e institucionales que los representen, contengan y apliquen. Lo que ha sucedido en Argentina respecto a lo forestal, es la ausencia de tal secuencia, particularmente sobre el bosque nativo.

Respecto al “planteo” de los autores ambientalistas, lo veo muy general sin ninguna precisión sobre cuáles serían los cambios a realizar. Y lo principal, bajo qué amparo de política.

Por otro lado, es razonable pensar que una ley próxima a cumplir 45 años merece un ejercicio de revisión. Pero esa revisión, como lo señalo anteriormente, debe realizarse en su contexto, y no solamente en su contenido.

Los autores no dicen nada sobre la Ley XVI nº 105, sancionada bajo el mandato de la Ley nacional 26.331 de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que definió el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia.

Tal norma adiciona una serie de cláusulas sobre temas que estaban contenidos en la 854, a los que suplanta, colisiona o contradice, contaminando la misma. ¿Todo porque supuestamente no era complementaria de la Ley 26.331?.

Tampoco los autores se refieren a las numerosas modificaciones que sufrió la Ley 854 en cuestión, en los inicios de la democracia.

Como consecuencia de ello, desaparecieron las Reservas Forestales provinciales y también las Semilleras de pino Paraná. Ambas sometidas a un proceso históricamente repetido de intrusión de tierras públicas, que luego se extendieron a las privadas.

En todos los casos, forzando el traslado de esas áreas al dominio de los usurpadores, a pesar de las prescripciones legales de antaño y vigentes, que ordenaron su expulsión y/o su relocalización.

Por otra parte, Misiones nunca impuso los planes de ordenación con anterioridad a la ley que se llama a modificar (Ley 854).

En tierras privadas, el primer marco lo dio un reglamento (Decreto 754/58), se consolidó el modo selectivo de explotación, sin exploración previa, y solo con una “estimación” de la posibilidad del bosque. Algo totalmente reñido con un plan de ordenación.

Y en tierras fiscales, también en plena vigencia de la Ley 13.273 en la provincia, el Decreto 2236/57 y luego con las leyes provinciales 203 y 251 se permitió la destrucción de los “pinares” naturales sin ninguna otra consideración que favorecer a ciertas industrias y ninguna previsión técnica sobre el recurso que las sostuvo. Con el agravante que los importantes recursos obtenidos por las concesiones fueron en parte a las rentas generales y el remanente a financiar, aspectos que nada tenían que ver con la sostenibilidad futura del bosque quien generaba dichos recursos.

Los ejemplos son numerosos y se colocan a los fines de comprender que la ley es solo un instrumento de política.

En mi opinión, los que se consideran argumentos generales de apelación, como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, entre otros, no alcanzan a perturbar la idea de desarrollo que la política privilegia. Siempre antepuesto a esos aspectos y casi nunca sostenible.

AF: ¿Y qué considera debería revisarse y actualizarse en la Ley 854?

Las más importantes, por más que se las introduzca en el articulado de la Ley, no producirían efecto inmediato o mediato alguno.

En orden de importancia, incorporaría una nueva conceptualización de los planes de ordenación. Actualmente en el caso de los bosques irregulares, como nuestra selva, se impone una concepción ecosistémica.

Hay que salir de los métodos dirigidos únicamente a la madera para incursionar en todos los recursos del ecosistema natural y la adición de los servicios ambientales, que provee. Bajo una cuota de realismo (para ser optimista), ello sería posible, si se desarrollara un vigoroso programa de investigación que no existe actualmente en el país y la provincia.

La investigación principal para ese objetivo, no puede estar en coexistencia con organismos de administración, sino en uno autónomos de investigación. Ello no impide a instituciones como las universidades o el INTA a continuar con sus respectivas tareas, sumando, sin que se produzca un solapamiento entre ellas. En esta concepción de la ordenación forestal, están comprendidos los llamados tratamientos naturalísticos.

Aun con estos desarrollos, es utópico pensar en aplicaciones inmediatas de esta nueva conceptualización. Un programa de investigación de la naturaleza indicado llevará varios años y quien la implemente, difícilmente pueda cortar la cinta.

Otro aspecto a considerar es el régimen de sanciones por infracciones al régimen forestal. La legislación moderna ha dejado de lado la represión reemplazándola por incentivos de todo tipo.

Hemos acumulado montañas de leyes aumentando penas y figuras ilícitas. Pero la opinión generalizada es que cada vez aumentan más. Aquí corresponde analizar el papel de la descentralización de los organismos de administración forestal.

Ello no implica crear más delegaciones del órgano de aplicación de las normas. Lo que corresponde es dotarlas de elementos necesarios y recursos humanos jerarquizados, tanto técnicos como de apoyo.

Y fundamentalmente dotar de autoridad a las mismas, al resguardo de las influencias políticas de todo tipo. No estamos propiciando aumentar la burocracia. Se trata de cambiar los roles de la administración central y de sus delegaciones.

La administración central las cuestiones estratégicas, las delegaciones las operativas en el terreno.

Como hemos considerado en otras ocasiones, la forestación, cualquiera sea, debe ser administrada y armonizada en forma conjunta con el bosque nativo.

También en estas instancias ha llegado el momento de replantear la estructura y funcionamiento de los organismos públicos de administración de los recursos naturales renovables.

Como se advierte, estas sugerencias competen más bien a la política que a la legislación. Por eso es necesario hacer un ejercicio nuevo y partir de la política forestal para luego diseñar sus instrumentos. En este caso la legislación. Lo cual requiere que aquella sea explícita para que la sociedad pueda participar y sugerir las estrategias generales a implementar.

 

AF: ¿Ante la realidad de los efectos extremos del Cambio Climático, las normativas ambientales vigentes en Misiones necesitan cumplirse o actualizarse?

Siempre las leyes deben cumplirse para no ingresar en un estado de anomia. Pero es importante comprender que para que una ley sea eficaz debe responder a una serie de condiciones. Un referente de la legislación forestal latinoamericana señala contundentemente:”(…) si una ley no responde a la realidad natural y social o sus objetivos no son factibles resultará ineficaz en la práctica”.

El Cambio Climático no se resuelve solo con el dictado de una ley. Nuevamente se requiere del accionar político que encuentre y aplique aquellas estrategias que impidan o limiten al extremo la degradación de los recursos naturales, y en general todo aquello que implique liberar el stock de gases de efecto invernadero y la contaminación de suelos y aguas.

En este sentido se debería crear conciencia que estos efectos perniciosos no deben conducir a “hacer nuevos y buenos negocios”.

Esto lo expreso porque advierto en nuestra sociedad una  propensión a priorizar exageradamente acuerdos para obtener dinero, en lugar de potenciar una conducta de desarrollo amigable con el ambiente.

Un ejemplo de esa afirmación lo constituye la Ley 26.331 que distribuyendo un monto de dinero no produjo un mejoramiento en el tratamiento de los bosques del país. Ley que siendo relativamente reciente, propone una forma de tratamiento que en nada difiere del establecido por la Ley 13.273 que cuenta con 75 años de sancionada. Un pobre ejemplo de actualización en ese aspecto.

Y así….una y otra vez nos remitimos a la política de recursos naturales y la forestal en particular. Aquí veo el foco de las revisiones en materia forestal.

 

 

(*) Trayectoria profesional
Martín Gartland nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, y es egresado de la Facultad de Ciencias Forestales de Santiago del Estero en el año 1967. La mayor parte de su trayectoria profesional la desarrolló en la UNaM como docente en la Facultad de Ciencias Forestales, además fue decano y vicedecano de la casa de estudio en Eldorado por dos períodos consecutivos.
El ingeniero Gartland recibió un sinnúmero de distinciones a los largo de su carrera por diversas instituciones como la Sociedad Amigos del Árbol, de la International Society of Tropical Foresters, del COIFORM, de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa, del Ministerio de Ecología de Misiones, de la FCF-UNaM, entre otras instituciones.
Fue socio fundador e integrante de la Asociación de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Misiones, socio fundador del Centro Argentino de Ingenieros Forestales, socio fundador y primer presidente del COIFORM, asesor de la Asociación de Plantadores Forestales de Misiones, además de investigador y consultor en su larga trayectoria profesional, con trabajos realizados para el CFI, BID, Banco Mundial, y otras organizaciones internacionales.
Recomendado para los estudiantes y egresados de todo el país, sus dos últimos libros publicados: “Política y Legislación Forestales” (2012), “Itinerario de la legislación forestal de Misiones” (2019); y sobre la “Evolución de los organismos públicos de administración forestal de Misiones” (2021).

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