En un especial de ArgentinaForestal.com que acompaña la agenda global impulsada por la FAO y UNESCO, se advierte sobre la creciente escasez de agua dulce —un recurso finito y cada vez más amenazado— y se pone en valor el rol estratégico de las mujeres en su gestión. En este escenario, Argentina comparte con países vecinos la responsabilidad de resguardar el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
ROMA Y ARGENTINA (22/3/2026).- En el marco del Día Mundial del Agua, la agenda internacional vuelve a poner en foco uno de los desafíos más urgentes del siglo XXI: la crisis del agua. Un recurso esencial para la vida, la producción y los ecosistemas, pero que enfrenta crecientes presiones por efectos extremos del cambio climático y el calentamiento global de, la contaminación y el aumento de la demanda.
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo para concienciar sobre la importancia del agua dulce y promover su gestión sostenible. La edición de 2026 se centra en el agua y el género: donde fluye el agua, crece la igualdad.
En este contexto, organismos internacionales como la FAO destacan un aspecto central y muchas veces invisibilizado: las desigualdades en el acceso y gestión del agua, particularmente en perjuicio de mujeres y niñas, sobre todo en ámbitos rurales.
Aunque el impacto de la crisis hídrica es global, sus consecuencias no son iguales para todos. En numerosas regiones, las mujeres cumplen un rol fundamental en la producción agrícola y en el uso cotidiano del agua —para riego, ganado, acuicultura o consumo doméstico—, pero al mismo tiempo enfrentan mayores barreras para acceder al recurso, gestionarlo y participar en la toma de decisiones.
Desigualdades estructurales en el acceso al agua
Las limitaciones en el acceso a la tierra, la falta de reconocimiento como titulares de derechos y la exclusión de espacios de gobernanza —como asociaciones de usuarios o comités locales— reducen la capacidad de las mujeres para influir en la gestión del agua.
Estas desigualdades tienen consecuencias concretas. En 2023, las mujeres percibían en promedio un 18,4% menos de ingresos que los hombres en empleos asalariados agrícolas, reflejando brechas persistentes en el acceso a recursos, servicios y oportunidades.
A esto se suma el impacto del cambio climático: cuando el agua escasea o se vuelve menos confiable, las mujeres suelen asumir mayores cargas de trabajo, con jornadas más extensas para su recolección, caída en la productividad agrícola y pérdida de ingresos.
Pese a estas brechas, la FAO subraya que las mujeres no solo son afectadas por la crisis hídrica, sino que son parte central de la solución.
Garantizar su acceso a la tierra, al agua y a espacios de decisión no es solo una cuestión de equidad, sino una estrategia clave para fortalecer la seguridad hídrica y alimentaria.
Cuando las mujeres participan activamente en la gestión del agua, se incrementa la resiliencia de los hogares y las comunidades.
El acceso a riego, financiamiento, tecnología y capacitación permite mejorar la productividad agrícola, fortalecer los medios de vida y avanzar hacia sistemas más sostenibles.
Este enfoque cobra especial relevancia en 2026, declarado Año Internacional de la Agricultora, en reconocimiento al papel estratégico de las mujeres en los sistemas agroalimentarios globales.
Iniciativas globales para una gestión más inclusiva
En este escenario, la FAO impulsa diversas acciones para integrar la perspectiva de género en la gestión del agua.
Entre ellas, se destaca el Diálogo Mundial sobre la Tenencia del Agua, una iniciativa que busca definir principios para una gobernanza más equitativa, reconociendo los derechos y necesidades de los sectores más vulnerables.
También se promueven programas para ampliar el acceso de las mujeres al riego, mejorar la gestión de sequías con enfoque inclusivo y fortalecer el uso de herramientas digitales —como la base de datos WaPOR— sin reproducir desigualdades existentes.
A nivel territorial, iniciativas como los Clubes Dimitra fomentan la organización comunitaria y el desarrollo de soluciones locales, facilitando el acceso a derechos sobre la tierra y el agua, especialmente en sistemas de pequeña escala.
Gobernanza del agua: un desafío global
El debate sobre la tenencia del agua se vuelve cada vez más relevante en un contexto de creciente escasez y competencia por el recurso.
El acceso al agua no siempre está claramente definido, y factores como la contaminación, el cambio climático y la presión productiva aumentan la vulnerabilidad de millones de personas.
Por ello, el Diálogo Mundial promovido por la FAO busca generar consensos, fortalecer capacidades institucionales y promover políticas basadas en evidencia, con participación de gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado.
Para países como Argentina, este escenario tiene una dimensión estratégica adicional. El país comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay el Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, cuya protección resulta estratégico en un contexto de creciente estrés hídrico global.
La gestión sostenible de este recurso, junto con el desarrollo de políticas inclusivas y equitativas, será determinante para garantizar el acceso al agua en el futuro.
La evidencia científica y las políticas internacionales coinciden en un punto: no hay desarrollo sostenible posible sin una gestión equitativa del agua.
Incorporar la perspectiva de género, fortalecer la gobernanza y promover el uso eficiente del recurso no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad para construir sistemas productivos más resilientes, inclusivos y sostenibles.
En un mundo donde el agua dulce es cada vez más escasa, el desafío no es solo preservarla, sino garantizar que su acceso y gestión beneficien a todos.
En esta línea, desde la UNESCO promueven el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO (WWAP, por sus siglas en inglés) que coordina un llamado a la acción para acelerar el logro de la igualdad de género en el ámbito del agua, junto con una Coalición Multisectorial integrada por instituciones de los Estados Miembros, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales, ONG, el sector privado y la sociedad civil.
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