En Córdoba y en Paraná la Justicia condenó a un empresario forestal y un maderero por trata de personas con fines de explotación laboral

José María Gutiérrez fue encontrado culpable de explotar al menos a seis trabajadores en situación de vulnerabilidad en un campo ubicado en el paraje rural denominado Colonia San  Anselmo, a 20 kilómetros de Colón, Entre Ríos. La condena fue de 4 años.  En tanto, en Córdoba, Hugo Adrián Vázquez, el propietario de un aserradero sobre la ruta provincial 5 en el kilómetro 22, a la altura de Villa Ciudad América fue condenado a 6 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por abuso de situación de vulnerabilidad y pluralidad de víctimas.

 

Fuente: Ministerio Público Fiscal

 

ENTRE RÍOS (13/10/2021).- El Tribunal Oral Federal de Paraná, luego de celebrado un nuevo juicio, condenó ayer a cuatro años de prisión al empresario forestal José María Gutiérrez por encontrarlo autor materialmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en calidad de autor, en la modalidad de acogimiento y mediando abuso de la situación de vulnerabilidad y agravado por el número de víctimas.

El ahora condenado había sido absuelto en julio de 2016 pero el fallo fue recurrido ante la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente en mayo de 2017 ordenó la realización de un nuevo juicio ante otro tribunal. En esta oportunidad, compuesto por José María Escobar Cello y Luciano Homero, Lauría, ambos jueces del TOF de Santa Fe, y Jorge Sebastián Gallino, del TOF de Concepción del Uruguay.

En su alegato, el fiscal general Ignacio Candioti destacó las condiciones infrahumanas en las que se encontraban los trabajadores en el campo, quienes -describió- carecían de normas mínimas de sanidad, higiene, salubridad y seguridad para sus duras labores en el monte; no contaban con luz eléctrica, ni cocina, ni sanitarios, por lo que debían realizar sus necesidades en el monte y debían bañarse en el río; y tampoco tenían acceso al agua potable.

El fiscal detalló además que las víctimas -en el juicio se acreditaron seis casos- vivían hacinadas en precarias construcciones en las que utilizaban toldos como techos, sin puertas ni ventanas.

También resaltó que la mitad del salario que percibían lo cobraban “en negro” y que la suma total abonada era notablemente inferior a la reglamentariamente establecida.

Para el fiscal, Gutiérrez explotó laboralmente a las víctimas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

El juicio se realizó íntegramente ayer y durante la audiencia declararon ocho testigos: cinco empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dos de la Prefectura Naval Argentina y una profesional del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

Todos ellos dieron cuenta de las indignas condiciones de trabajo en que se encontraban las víctimas. Finalmente, la licenciada en psicología Gloria Almada hizo hincapié en la extrema vulnerabilidad de una de las víctimas.

El fallo de Casación que dio lugar al nuevo juicio fue citado en la guía “Trata de personas con fines de explotación laboral. Estrategias para la detección e investigación del delito”, elaborada en 2017 por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento destaca valoraciones de aquel precedente por el cual el tribunal revisor revocó la absolución del imputado de este caso y ordenó la realización de un nuevo debate.

La investigación que llegó a juicio por segunda vez se inició en julio de 2011, cuando personal de la Prefectura Naval, de la AFIP y de la Dirección de Trabajo provincial realizaron una inspección ante la sospecha de que había una explotación forestal con empleados en situación irregular en un campo ubicado en un paraje rural denominado Colonia San Anselmo, ubicado a 20 kilómetros de Colón.

En esa oportunidad, fueron hallados trabajadores en situación de vulnerabilidad que desarrollaban tareas de desmonte y que habitaban en una construcción precaria con techo de lona sin ventanas ni puertas, con frío y durmiendo sobre troncos.

No contaban con agua corriente, energía eléctrica, baños, elementos para refrigerar sus alimentos (lo que provocaba que se les pudrieran), elementos de seguridad ni ropa de trabajo adecuada para la tarea que desarrollaban. Debían cocinar en el piso e higienizarse en el río en pleno invierno.

Además, manifestaron que les daban recibo de sueldo pero que allí figuraban montos inferiores a los realmente percibidos, y que cobraban su salario en efectivo de manos de su empleador, José Manuel Gutiérrez.
 

En Córdoba sentenciaron a seis años de prisión y multas millonarias al dueño de un aserradero por trata con fines de explotación laboral

De acuerdo a la acusación, Hugo Adrián Vázquez (55) redujo a la servidumbre a siete víctimas, abusándose de su extrema situación de vulnerabilidad. En sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal también dispuso que el condenado debe pagar indemnizaciones que en algunos casos superan los 6 millones de pesos.

.El Tribunal Federal N° 2 de Córdoba, conformado unipersonalmente por el juez Carlos Lascano, condenó el pasado 1 de octubre del corriente año a seis años de prisión al dueño de un aserradero por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por abuso de situación de vulnerabilidad y pluralidad de víctimas.

El magistrado hizo también lugar al pedido del fiscal general Carlos Gonella, quien en su alegato solicitó que la condena incluya el pago de indemnización a los damnificados, tanto por daño material como moral. En el proceso, la fiscalía contó con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Hugo Adrián Vázquez fue hallado culpable de explotar laboralmente a siete personas en un aserradero ubicado sobre la ruta provincial N°5, en la localidad de Villa Ciudad América, entre una fecha no determinada y el 6 de julio de 2018.

Al dictar el veredicto, el tribunal trazó un embargo preventivo y el decomiso del fondo de comercio y de los bienes de uso y capital del predio, como también de sus materias primas.

Además, lo instó a dos pagos de indemnización a las víctimas: uno por daño moral, de 150 mil pesos en todos los casos; y otro por daño material, con montos de entre $97.551 y $6.379.902 de acuerdo al caso, y todos con un concepto de interés compensatorio del 2,5% mensual. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el viernes 8.

De acuerdo a la acusación, Vázquez alojó en condiciones de hacinamiento a las víctimas, en casillas de extrema precariedad, carentes de salubridad e higiene. Estas construcciones contaban con servicio de energía eléctrico clandestino, agua corriente provista mediante un pico fuera de la vivienda, con baños sin descarga de agua ni ducha para higienizarse.

Las víctimas permanecían en precarias construcciones con servicio de energía eléctrico clandestino, agua corriente provista mediante un pico fuera de la vivienda, con baños sin descarga de agua ni ducha para higienizarse.

En el juicio se acreditó que Vázquez pagaba a sus víctimas la suma de cuatrocientos pesos por día, que abonaba mensualmente previo realizarles un descuento de “vales” de compras de mercadería, elementos de higiene personal y habitacional, y demás insumos.

En este contexto, desde la clandestinidad, sin habilitación ni reglamentación alguna y de la forma más primitiva, el acusado sometió a largas jornadas de explotación laboral a estas personas a quienes utilizó como mano de obra esclava con el objeto de abaratar costos de la actividad, abusando de sus condiciones de vulnerabilidad, acusó la fiscalía.

Todas las víctimas provenían de otras provincias, entre ellas Misiones, y contaban con especiales dificultades para ejercer sus derechos dada su condición económica y familiar, y su desarraigo social y cultural, lo que se traducía a situaciones de una extrema vulnerabilidad, puso de relieve el fiscal.

Durante el proceso, la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de la provincia entrevistó a todas las víctimas, y una de ellas detalló haber sufrido un accidente que la dejó incapacitada de por vida.

Fue uno de los casos más graves el de un misionero de 31 años que contó que trabajando una polea se partió y una sierra circular de carpintería le cortó la pierna. De acuerdo a su relato, una sierra se soltó de su soporte y le cortó la pierna, por lo que -contó- Vázquez la llevó al médico por única vez.

Agregó que luego padeció dolores e infecciones, pero nunca recibió un tratamiento. Aclaró que solamente se le redujeron las tareas y el sueldo, y que se le pagó un mínimo de subsistencia para que residiera en el aserradero.

De acuerdo a los testimonios recogidos, las víctimas trabajaban nueve horas de lunes a viernes y media jornada los sábados, con un salario 60 por ciento debajo de lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad. Al momento de realizar el allanamiento del aserradero, se contaron 12 violaciones a las normas de seguridad e higiene, entre las que se cuentan falta de afiliaciones a alguna ART, máquinas y herramientas sin protección alguna, instalaciones eléctricas inestables, falta de agua potable y la falta de elementos de seguridad personal.

Las víctimas trabajaban nueve horas de lunes a viernes y media jornada los sábados, con un salario 60 por ciento debajo de lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad.

Para Gonella, estas faltas trajeron como consecuencia gran cantidad de accidentes graves en varias de las víctimas, no solo por incidentes ocurridos durante el trabajo sino también producto de las condiciones de las viviendas en las que las personas eran forzadas a hospedarse. Al respecto, el fiscal mencionó el caso de uno de los damnificados, quien cuando llegó al predio no tenía cama, por lo que se le ubicó un colchón en el piso sin sábanas ni colchas y el frío perjudicó seriamente su estado de salud.

En su alegato, Gonella remarcó que “Vazquez buscaba especialmente este tipo de personas por su vulnerabilidad, sabiendo que debido a su necesidad consentirían una relación laboral claramente asimétrica. Imponía las condiciones bajo el ropaje de un contrato laboral regular”. De acuerdo al fiscal, el ahora condenado tenía un “claro menosprecio por la salud de las víctimas”.

Para llegar a esa conclusión, se basó en los accidentes ocurridos en el predio, con personas sin cobertura médica alguna, a quienes -dijo- a la postre Vázquez intentó conformar con un lote de maderas o materiales para la construcción de una vivienda precaria, en lo que definió como “una situación intolerable, rayana con la esclavitud”. Por último Gonella solicitó que se comunique al Comité Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación a fin de que en el predio se establezca una cooperativa de trabajo a cargo de las víctimas.

 

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