Puente Alto SA denunció amenazas de muerte vinculadas a delitos ambientales en la frontera con Brasil: “Son intrusos terratenientes con organizaciones criminales detrás”

Todas estas situaciones afectan la seguridad física y jurídica de las personas que trabajan en la empresa Puente Alto SA, provocan un daño ambiental irreversible sobre los bosques nativos en el área y  postergan la oportunidad de llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento privado para un desarrollo local con la comunidad de Bernardo de Irigoyen, San Pedro y Pozo Azul, graficó por su parte el abogado patrocinante de la empresa que lleva adelante la demanda legal de reivindicación, el Dr. Carlos Kozick.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (14/5/2021).- En abril la Justicia de San Pedro inició con la notificación de cédulas para proceder a una acción civil de juicio de Reivindicación de Inmueble, comunicando a una veintena de personas el inminente desalojo en tierras ocupadas ilegalmente de propiedad de Puente Alto SA, en Bernardo de Irigoyen, municipio que limita con Brasil, en lo que se conoce como “frontera seca”. Dos ciudades brasileñas comparten la zona de frontera, Dionisio Cerqueira (estado de Santa Catarina) y Barracão (estado de Paraná).

Puente Alto SA es una de las propiedades que tiene un histórico conflicto de ocupación de tierras e intrusión que no logró resolverse en Misiones con la subastas públicas ni la expropiación ejecutada sobre lo que fue la ex Intercontinental SA, por lo que avanza con los nuevos administradores desde el año 2003 entre acuerdos de partes para recuperar sus tierras o por medio de acciones judiciales de desalojo en los casos que corresponde según la legislación vigente.

En 2020, en conjunto con organismos del Estado, se determinó que son unas 100 familias las que se encuentran ocupando tierras dentro de los lotes de Puente Alto, y que por diferentes vías institucionales se deberá lograr la regularización de su situación y garantizar hacia adelante la seguridad jurídica para el privado.

La propiedad abarca unas 18.600 hectáreas en la actualidad, pertenecía a la ex Intercontinental SA que  en total contaba con unas 36.000 hectáreas antes de la expropiación para ordenar problemas de intrusión a través de la Ley Prov. de Colonización y Arraigo, pero aún hoy los nuevos propietarios tienen judicializado el conflicto en un tercio de las tierras adquiridas y frustrados sus proyectos de inversión.

En las últimas semanas se reavivó la tensión social en la zona, y desde la empresa aseguran que es provocada por organizaciones delictivas que están detrás de la toma ilegal de tierras, con usurpaciones, intrusiones, infracciones a las leyes ambientales vigentes sobre la quema y desmonte de áreas con bosques nativos, contrabando de ganado, plantación de marihuana y otros hechos que se registraron en el último año. (Ver Noticia Relacionada)

El conflicto de tierras que afectó a varias propiedades entre Pozo Azul, San Pedro y Bernardo de Irigoyen data de más de 30 años, y aún se encuentran sin poder poner freno a nuevas usurpaciones e intrusiones de brasileños en la mayoría de los casos en zona de frontera seca.

“Tras sancionarse la Ley de Colonización y Arraigo a la fecha no logró resolverse ni con la expropiación promovida en su momento por sectores políticos ni tampoco con la ordenación territorial para frenar el proceso de intrusión ilegal sobre la propiedad privada y avanzar en el desarrollo local”, sostienen representantes de la empresa.

 

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Organizaciones criminales

Recientemente trascendió una denuncia realizada el 4 de mayo  ante la Comisaria de Dos Hermanas, de la UR XII de Bernardo de Irigoyen, en la que un empleado de la empresa Puente Alto SA manifestó que fue amenazado de muerte. Fue interceptado de salida de su trabajo en la compañía, en un camino sobre Ruta Prov. 18, cuando conducía la camioneta que pertenece a uno de los administradores. Eran tres hombres desconocidos y fue amenazado de muerte con un arma sobre su rostro: “Pensaron que era otra persona, eran tres los que me rodearon y uno de ellos me decía que me dispararía, hubo una discusión y cuando se dieron cuenta que se equivocaron y que no era la persona que estaban esperando, me dejaron ir”, asentó en la denuncia realizada en sede policial.

Este fue el último de los tantos mensajes mafiosos de advertencia para los administradores de la empresa que recibieron en las últimas semanas, pero que tomó mayor gravedad cuando el empleado manifestó que reconoció a dos de ellos el pasado 10 de mayo: los dos peligrosos presos brasileños que se fugaron de la cárcel de Chapecó y fueron capturados en Irigoyen por la Policía de Misiones.

“Este dato es lo que viene a demostrar que hay sicarios involucrados que responden a los mafiosos que están detrás de la toma ilegal de tierras. Hay una organización criminal que no solo pone en riesgo nuestra propiedad sino nuestras propias vidas. Las amenazas e intimidaciones tomaron mayor gravedad en las últimas semanas y coinciden con las notificaciones de desalojo que dio curso el Juzgado que lleva adelante nuestra demanda de reivindicación”, expresó uno de los apoderados de Puente Alto en contacto con ArgentinaForestal.com.

El daño al bosque nativo no se detiene, tampoco las quemas, como se puede ver en las imágenes del registro de diciembre de 2020. Los intrusos avanzan sobre las tranqueras, tumban cercos, postes, alambrados, y confrontan con el personal. Destruyen todo y dejan mensajes mafiosos”.

En la comunicación explicó que los intrusos a los que ellos intentan desalojar de su propiedad “no son justamente  pequeños colonos de la chacra que ocupan tierras para agricultura familiar y subsistir como muchos imaginan, sino que hay que entender que estamos tratando con personas indocumentados que ingresan a la provincia, en su mayoría brasileños, y que responden a mafias, a organizaciones delictivas, que tienen poder económico, se mueven en camionetas de alta gama, con equipos y maquinarias para desmontar y robar la madera  de nuestra propiedad. Estas personas utilizan la necesidad de otras para meter gente nueva a nuestra propiedad y esto es lo que pretendemos que se detenga de alguna manera a través de la Justicia. En forma diaria, amenazan a nuestros trabajadores, provocan daños materiales y actos vandálicos, rompen alambrados, queman bosques, y nos dejan mensajes mafiosos de que atentarán contra nuestras vidas”, detalló la fuente.

Todas estas situaciones afectan la seguridad física y jurídica de las personas que trabajan en la empresa Puente Alto SA, provocan un daño ambiental irreversible sobre los bosques nativos en el área  y  postergan la oportunidad de llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento privado para  un desarrollo local con la comunidad de Irigoyen y Pozo Azul, graficó por su parte el abogado patrocinante de la empresa que lleva adelante la demanda legal de reivindicación, el Dr. Carlos Kozik.

Intrusos “terratenientes”

En una entrevista con este medio, el profesional de Derecho explicó que todos los resortes institucionales del Estado Provincial están en conocimiento de la situación de Puente Alto SA y se encuentran con un canal de diálogo permanente entre los empresarios, sus apoderados y los organismos correspondientes, porque “tenemos claro que estamos frente a una organización ilícita que promueve las tomas ilegales de tierras”.

El Dr. Kozick indicó que “en forma conjunta, con el resorte de la Justicia y la Policía de la Provincia de Misiones, con el acompañamiento a través de la Subsecretaria de Tierras y del Ministerio de Ecología, llevamos adelante desde la empresa este proceso complejo y conflictivo para encontrar una solución de fondo. Lo único que se pretende es resolver la ocupación irregular de tierras ajustado a derecho que asiste al privado y en el marco de las herramientas institucionales vigentes para restituir, acordar o desalojar si corresponde el caso. También hay un gran problema ambiental que trae aparejado el avance indiscriminado de intrusos sobre la propiedad”, dijo el abogado.

La acción judicial de Reivindicación de Inmueble presentada ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, a cargo de la Dra. Mariangel Koziarski, siguió su curso y a la fecha ya fueron notificados todos los involucrados de la demanda de desalojo, precisó Kozick.

Para llegar a esta instancia se utilizó una metodología de relevamiento previo, a los efectos de conocer la situación de los ocupantes, registrar su grupo familiar, su conformación, de qué viven, indagar sobre quién o quienes habrían autorizado a estar en esa chacra, si tienen algún documento que los avale como dueños de la tierra o permiso de ocupación. “Fue un proceso del que participó un oficial de Justicia e incluso un Juez de Paz. Hay gente pacífica y de escasos recursos, que vive desde hace varios años en el lugar, pero hay otras agresivas, irrespetuosas y violentas, en la que se ha demostrado que se trata de nuevas intrusiones y que desconocen todo tipo de autoridad. La tecnología hoy también es una herramienta que permite corroborar los cambios en el territorio. Todo este trabajo llevó a situaciones de tensión, por lo tanto, a partir de la experiencia de octubre de 2020 donde se dieron hechos de violencia, el juzgado de San Pedro adoptó otras medidas que eviten los enfrentamientos, pero continua promoviendo la acción judicial y dando traslado a la demanda de reivindicación”, sostuvo el abogado.

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Notificación por desalojos 

En ese contexto, en las últimas semanas se dieron hechos de intimidación y amenazas a los trabajadores de la empresa, inscripciones en algunos vehículos contra los administradores y nuevamente sectores políticos han decidido intervenir en “defensa de la gente, promoviendo por ejemplo un concejal del PAyS un pedido para que el Estado intervenga y entregue tierras del privado como solución. Esto confunde a la sociedad, porque no estamos hablando de pequeños intrusos, sino de gente que tiene donde vivir, tienen vehículos de alta gama, tienen poder adquisitivo, toman 300 o 400 hectáreas y tienen un problema de ocupación ilegal con Puente Alto. Podríamos decir que son “intrusos terratenientes”, que son organizados para cometer ilícitos y apropiarse de tierras en la frontera de Misiones”, definió Kozick en la descripción detallada del problema que se enfrenta.

En los procesos de ocupación de tierras en la provincia, cuando se estableció la expropiación con la Ley 4093 del Plan de Colonización y Arraigo que pretendía entregar tierras de cuatro  empresas (Intercontinental, hoy Puente Alto SA;  Colonizadora Misionera, Ferbuel SA, y Guaraní) a familias asentadas en las propiedades privadas, se generó previo a su sanción mucha especulación, provocando más intrusión para intentar abarcar mas tierras privadas para repartir. “Tenemos hoy personas identificadas que fueron asistidas con viviendas por el Estado después de esta ley, fueron adjudicadas con viviendas del Iprodha que fueron construidas sobre tierras que fueron expropiadas a  Colonizadora SA –dentro de la misma ley de Arraigo-, y sin embargo las estamos demandando nuevamente porque ocupan tierras sobre Ruta 18 cuando tienen donde vivir, pero toman otros campos en otros lugares. Esta es la verdad del problema que se enfrenta”, remarcó el abogado de Eldorado.

“Hay que separar la paja del trigo. Hay que entender el problema del que se está intentando abordar. No es la misma situación, por ejemplo, la de aquellos productores de subsistencia que se encuentran asentados en propiedad de Puente Alto sobre Ruta 17. Allí tenemos relevados ocupantes de media hectáreas o una hectárea, que solo tiene cultivos para vivir. En este caso, estamos en conversación con Sonia de Melo, la subsecretaria de Tierras, analizando qué solución social, política, económica y ambiental se puede encontrar para esta población de gente”, relató el profesional.

Pero en otros términos se aborda el conflicto con los “intrusos terratenientes”, que fueron identificados como los que generan las situaciones de conflicto y no permiten dar solución a este tema de toma ilegal de tierras. “Queman bosques nativos, roban la madera, toman grandes extensiones para meter gente, más de 200 o 300 hectáreas. Tienen capacidad económica, vehículos para trasladarse en la zona, equipos forestales y transporte para llevarse la madera, para todo esto se requiere capital. En la mayoría son brasileños que manejan a supuestos ocupantes, son organizaciones que tienen negocios ilegales. Meses atrás se encontró una plantación de marihuana en la propiedad. También hay ingreso ilegal de ganado desde Brasil, otro tema en el que debiera intervenir activamente el SENASA por el control sanitario. Esta gente cruza el ganado para la pastura y engorde del lado argentino y lo regresa para comercializarlo del otro lado de la frontera.  Es toda una organización ilícita pero esto nadie lo ve”, concluyó Kozick.

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