Consorcio de Protección Forestal Iguazú: “Misiones enfrenta la temporada más extrema por sequía y riesgos de incendios forestales”

Con más de 34 años, desde su creación, desde el Consorcio de Protección Forestal Iguazú (CPFI) sostienen que en los últimos meses de 2020 se enfrentaron “definitivamente” a la temporada más extrema que años anteriores, y el verano será clave en prevención y fortalecimiento en el entrenamiento de combate de incendios. Además, Hernán Patzer, presidente del Consorcio asentado en el norte de Misiones, reflexiona sobre el aumento de riesgos en caza furtiva, robos y hurtos de productos no maderables pero que causan daños ambientales, y la problemática de la intrusión de tierras.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

 

MISIONES (20/12/2020).- “Los índices de peligrosidad de riesgos de incendios y la sequía que se registra en toda la provincia están en promedios muy por encima de los habituales, con alerta extrema permanente y con una superficie total afectada este año de más de 1.500 hectáreas de patrimonio forestal bajo el consorcio”, explicó el presidente de la comisión directiva del CPFI y profesional directivo de Arauco Argentina, Hernán Patzer, quien está a cargo de la gestión de riesgo en el territorio del Consorcio de Protección Forestal Iguazú (CPFI) desde hace casi 20 años.

En la actualidad conforman al CPFI siete empresas foresto-industriales de la zona norte: Palmina, Lipsia SA, Pindo , Selva SRL, Puerto Laharrague, Prusia y Arauco Argentina. El área de influencia incluye un total de 290.000 hectáreas, distribuidas en diferentes zonas de la provincia de Misiones, en un 48% monte nativo y el restante fundamentalmente con plantaciones forestales de pinos y eucaliptus.

Organización en red de protección

Desde la creación del consorcio privado, desarrollaron experiencias que demuestran ser un ámbito que facilita instancias de gestión para una mayor Protección de los recursos naturales de sus socios.

“Inicialmente, había sido conformado para atender temas vinculados a incendios rurales, pero hace ya varios años atiende además situaciones vinculadas al hurto de sus recursos forestales, la ocupación ilegal de tierras, la caza furtiva, las plagas y enfermedades forestales”, precisó Patzer.

Luego de una temporada con índices de peligro y ocurrencia de incendios mayor a lo esperado, el 28 agosto del año 1986, se decidió conformar el Consorcio Iguazú de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. Tiempo después, el incremento de la inseguridad por flagelos como el hurto de recursos forestales, la intrusión u ocupación ilegal de tierras, la caza furtiva, las plagas y enfermedades forestales, el 4 julio del año 2003 por unanimidad de la Comisión Directiva se determina su denominación actual, de protección general del patrimonio de las empresas socias.

El ingeniero forestal Patzer explicó que “desde el momento de la creación del Consorcio se entendió y acordó precisamente que el espíritu de la institución es el trabajo conjunto, en red, y esto significó un nuevo ámbito formalizado para el intercambio de experiencias e información para la prevención y control de daños provocados por agentes bióticos o abióticos sobre la integridad o sanidad del patrimonio natural de sus socios o inclusive de vecinos a quienes eventualmente se presta colaboración”, indicó.

Es que el riesgo del fuego, una vez que se encuentra fuera de control, perjudica a todos.

El CPFI posee una Comisión Directiva compuesta por delegados de las diferentes empresas, no cuenta con aún con personal técnico ni administrativo propio. “El Consorcio de Iguazú brinda especialmente un ámbito de conocimiento y coordinación, motivo por el cual las estructuras edilicias y equipos en particular, sus planes y programas de trabajo son propiedad de las diferentes empresas”, aclaró Patzer.

Existe una base o central de operaciones (Base Indian) en instalaciones de Arauco Argentina SA, la cual con su sistema de comunicación radial, telefónica y cartográfica, facilita instancias de coordinación necesaria sobre diferentes temas en gestión, por ejemplo para detección de incendio con las 20 torres, 7 cámaras y dos puestos de observación.

El riesgo de los incendios forestales

Según información brindada por el consorcio, las principales causas de incendios registradas en las plantaciones de las empresas socias son de origen antrópico, y están relacionadas al uso del fuego por parte de terceros, para la eliminación de basurales no autorizados, campamentos de pescadores o cazadores furtivos.

En tanto, en los últimos meses, una causa que paulatinamente comienza a tener mayor relevancia es la “intencionalidad” de quemar los pinares: “Hay alguien que quiere generar daño o simplemente se divierte quemando”, indicó Patzer, nuevamente y relación a los hechos que fueron denunciados en la zona norte para identificar a quienes se encuentran detrás de estos delitos.

Desde el aspecto técnico, el CPFI calcula y registra el Indice de Peligro de Incendios del subsistema meteorológico canadiense (F.W.I.) adaptado a Misiones. “Cada empresa planifica y asigna los recursos necesarios acorde a la estructura u organización a la que representa, lo que significa diferentes tipos de asignación correspondiente para actividades como prevención, detección y combate”, agregó Patzer.

En forma periódica también brindan instancias de capacitación para prevención, combate, investigación de causas, etcétera, a los operarios o brigadistas forestales de las empresas.

“Dentro del marco de la política de cada empresa y del CPFI, se colabora en forma permanente y en la medida de lo posible con vecinos y además en coordinación con otras instituciones como Bomberos Voluntarios u otros Planes de Manejo de instituciones provinciales y nacionales”, indicó en contacto con ArgentinaForestal.com

Ante el reciente anuncio de que Arauco contrató el servicio de dos aviones hidrantes para reforzar las necesidades de combate de incendios en la zona, tras la situación de gravedad que se enfrentó en noviembre, Patzer indicó que “es un servicio que la compañía contrata para atender las emergencias que se presenten que afecten o que puedan llegar a afectar sus propiedades”.

 

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Plagas y enfermedades forestales

La hormiga minera en sus géneros Atta y Acromirmex son en la actualidad la principal plaga para la silvicultura de bosques implantados para las empresas del CPFI.

Estas plagas obligan a todas las empresas a implementar medidas de monitoreo y control, especialmente en plantaciones nuevas.

La avispa barrenadora (Sirex noctilio) otra plaga con un potencial de daño importante que merece un monitoreo, prevención y control biológico.

 

Robo y hurto: la depredación de bienes no maderables del bosque

El hurto, robo o hasta el asalto de madera nativa e implantada y otros bienes no maderables del bosque se identifica como una situación cada vez más usual para las empresas forestal es del norte de Misiones

“Las diferentes instituciones del orden público, por diferentes motivos no llegan a cubrir las demandas de protección y resguardos necesarios, y esto obliga a los propietarios a trabajar y consolidar un sistema de alerta temprana y gestión en el patrimonio forestal de los miembros del Consorcio, pero además con una estratégica y solidaria “mirada” a situaciones de lotes vecinos, ya que en cualquier momento la inseguridad les afecta a todos.

Patzer explicó que “muchos de los hurtos ocurren en bosque nativo correspondiente a zonas de alto valor de conservación, por ejemplo en bosques protectores de cursos de agua o fajas ecológicas, por lo cual el daño generado por esta actividad ilícita genera además un impacto ambiental de consideración, ya sea al propietario en forma indirecta o la propia comunidad en general”, remarcó.

En cuanto a la cantidad de robos en el año, dijo que es muy variable, contabilizando desde el robo identificado de un árbol o de hasta algunos viajes de camión, con una presión muy fuerte para el caso de madera de bosque nativo, robos con un destino para aserrado, carpinterías o hasta para leña.

“La experiencia ha demostrado que la presencia permanente y su alerta temprana es fundamental para mantener los casos a una mínima expresión o daño. Dependiendo de la estructura y organigrama de cada una de las empresas, la problemática se gestiona de diferentes modos, desde la contratación exclusiva de personal guardabosques o incorporando la función adicional al personal preexistente que cada empresa disponga para otras actividades silvícolas”, detalló el presidente del CPFI.

En todos los casos de ilícitos en proceso, consideró fundamental y necesaria la actuación de las Fuerzas de Seguridad pública, dado que ninguna de las empresas socias tiene estructuras con poder de policía.

“El motivo o causa de ocurrencia, es un tema cuya “prevención” es compleja y profunda, tiene que ver con una cuestión socio cultural, en este tema, la responsabilidad y capacidad de gestión toma mayor relevancia en el ámbito de políticas de Gobierno”, sostuvo Patzer.

 

Caza furtiva: “Se estima entre 500 y hasta 2000 casos por año”

Son conocidos los casos para lamentar, respecto a situaciones que van desde la desaparición de una persona y la muerte asociada de otras, personas que realizaban actividades de caza furtiva.

Se contabilizan desde procedimientos de Fuerzas de Seguridad en los que detienen a personas, armas de fuego y piezas de “carne”, detección de sobrados, trampas, saleros, rastros de campamentos abandonados por los cazadores furtivos, cartuchos y otras evidencias, se estima una ocurrencia muy variable que va desde los 500 y hasta 2000 casos por año, no disponiendo de certeza si en todas estas situaciones efectivamente llegaron a cazar algún animal.

“Restando del análisis a las Comunidades Originarias que tienen un derecho ancestral y cultural heredado y legislado, el problema es con el hombre blanco, que persiste en su actitud en las zonas de áreas naturales protegidas y bosques nativos. Hemos confirmado que estos cazadores están motivados fundamentalmente por diversión, culturalmente con una actitud que se mantiene arraigada, solo un caso conocido que podría ser evidencia se trate de una actividad como forma de acceso a alimentos (subsistencia), hasta llegar al extremo de algunas personas totalmente desconsideradas con la vida humana, que hasta instalan sistemas cargados con cartuchos de escopeta que se activan solo al pisar, son los llamados “mata solo o caza bobo”, que encontramos todos los años en las recorridas”, explica Patzer.

El sector forestal y sus profesionales, las empresas del CPFI que trabajan y viven del monte nativo o plantaciones forestales, “con la pasión, la convicción y por sobre todo la actitud de conservación de la fauna nativa, diariamente se enfrentan a este alto y permanente riesgo de daño sobre lo que con tanto esfuerzo ha conservado, además de entender el riesgo personal para quienes trabajan en el campo”, relfexiona el ingeniero.

Consideró difícil cuantificar si eventualmente se trate de un problema que haya crecido o disminuido en los últimos años, “lo que si es necesario reconocer es que se trata de un tema sobre el cual la comunidad en general tiene actualmente una visión diferente, donde sus paradigmas han cambiado, donde las leyes han cambiado, y donde por lo tanto nos debemos replantear muchas cosas; las empresa del CPFI se preocupan y por sobre todo se ocupan de prevenir, monitorear y hacer un esfuerzo por controlar junto con los organismos oficiales que corresponden estas actividades ilícitas”, plateó Patzer.

Ocupación ilegal de tierras

Relacionado a la caza furtiva y quema de bosques, está el problema que en Misiones de la intrusión de tierras. “En diferente medida, directa o indirecta, este problema lo tienen las empresas miembros del CPFI, por sobre todo por una permanente “presión” generada por ciertos grupos con mayor o menor organización en ejecutar nuevas ocupaciones ilegales de lotes o porción de propiedades privadas y  estatales”, indicó el profesional.

Recién cuando toma trascendencia un nuevo caso se vuelve a hablar del tema. Pero esto nos indicaría que tal vez poco se ha hecho efectivamente para encontrar una solución al problema. “Cuando vemos la miseria humana provocada por el desalojo de personas de alguna propiedad, seguramente podremos medir el impacto social y pensaremos que es injusto, pero seguramente que si pensamos en los sistemas de producción reales en las áreas ocupadas ilegalmente nos asustará el mal uso de fitosanitarios, la degradación del suelo o del agua, y las condiciones de vida de la gente, nuevamente sintiendo injusticia. Asimismo, cuando veamos el desmonte ilegal al lado de un bosque nativo con Plan de Aprovechamiento sustentable pensaremos en la desigual vigencia y aplicación de la ley, y pensaremos que eso también es injusticia”, sostuvo Patzer.

En ese sentido, remarcó que los derechos consagrados en la Constitución Provincial y Nacional deberían existir para todos, “pero también los deberes”. “Una sociedad que no respeta la propiedad privada, y que no se preocupa por las necesidades básicas insatisfechas de sus conciudadanos, no es una sociedad justa. Pero tampoco hay justicia cuando la ley no es la misma para todos. Y mucho menos cuando nuestros recursos naturales se destruyen en un sistema que para colmo no le sirve a nadie, ni a los dueños ni a los propios que lo están usando”, remarcó.

De esta forma, concluyó en que: “El CPFI básicamente lo que realiza es una tarea de alerta temprana en sus propiedades, y ante la aparición de conflictos, apuesta al diálogo y se basa en las leyes que nos amparan”.

Convencidos que las soluciones surgen como base en la educación, con una mayor y mejor educación, agregó que “si realmente buscamos una solución como sociedad, debemos establecer un debate serio y con fundamento, asumiendo que existen muchos puntos de vistas y realidades afectadas. Pero sabiendo también que si tenemos como objetivo el Bien Común, en un ambiente sano, podremos estar más cerca, y alcanzar quizás, una solución”, concluyó.

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