Desde Afome proponen un plan “Poda” que podría generar 10 mil puestos de trabajo en plantaciones de Misiones y Corrientes

El secretario de la Asociación Forestal Mesopotámica (Afome), Jorge Pujato, presentó el martes a senadores del Congreso Nacional una iniciativa para lograr impulsar un Plan que permita generar empleo inmediato en el segmento de los pequeños y medianos productores. “Es simple, hay que destinar mejor los recursos de promoción para ayudar al sector primario. Es un plan que demanda coordinación técnica de prácticas silviculturales, que tendrá un impacto social y económico directo. Por otro lado, permitirá garantizar el abastecimiento futuro de las industrias PyMEs con materia prima de calidad para exportación, valor agregado. Hoy tenemos plantaciones pero compradores chinos aseguran que es poco disponible con poda y raleo adecuado”, indicó el profesional.

Por Patricia Escobar

 

BUENOS AIRES y MISIONES (19/9/2019).- Este martes presentaron en diversas comisiones legislativas del Congreso Nacional una propuesta productiva, a través del secretario de la Asociación Forestal Mesopotámica (Afome), Jorge Pujato.

La asociación fue fundada el 16 de abril de 2002, en la localidad de Aristóbulo del Valle, Misiones, y surgió ante la necesidad de lograr representatividad y voz para atender la realidad de los productores forestales primarios, pequeños y medianos, de toda la Mesopotamia Argentina.

Después de una introducción en exponen su realidad frente a la coyuntura política y económica de la Argentina, aseveraron que el 2018 y 2019 son dos de los peores años de las campañas forestales en el país -el más drástico fue en el año 2002- , y responsabilizan de ello al actual gobierno nacional. Ante la crisis que enfrentan, a los pequeños productores ni siquiera los reanima la noticia de la marcha del fondo voluntario Seguro Verde establecido para promover el régimen de la Ley 25.080, que comenzó a girar los pagos de la millonaria deuda que se acumulada desde la vigencia de la normativa hasta la fecha  -la ley cumplió 20 años -, y las autoridades de Agroindustria para cerrar el 2019 estiman se ejecutarán 650 millones de pesos para el sector productivo. Pero, llega “tarde y es insuficiente” para la situación actual en la que se encuentra el sector primario, indican desde la Afome en el documento que presentaron a los diputados nacionales.

Tabla de fondos de Seguro Verde destinados en el correspondiente año 2019

No obstante, y tal como Afome se propuso el año pasado y, con mayor énfasis, en los últimos meses, consideraron que “el Gobierno Nacional debería centrarse en algo que la promoción forestal 25.080 ya tiene contemplado, además de la plantación, que son los ítems del manejo forestal: poda y raleos”.

Las podas, normalmente se realizan en tres intervenciones: la primera, hasta los 2,3 metros de altura del tronco;  la segunda, de 2,3 a 4,5 metros; la tercera, de 4,5 a  6 metros.  Valores de prácticas silvícolas que varían con la especie. Hay también podas de corrección del fuste, etcétera.

“Estos trabajos están previstos en la legislación, y se hace normalmente.  Se presenta el plan, y luego de realizar los trabajos y certificarlos, se paga a los 2 a 4 años. Mucho tiempo de espera para los pequeños y medianos, hoy muy afectados económicamente. Por ello, desde Afome se propone lo mismo, pero acelerando los tiempos de certificación y pago para las prácticas de poda y raleo”.

Ante la falta de demanda, en la actualidad los “productores no están forestando nuevas plantaciones.  Pero si no se podan ni ralean las existentes,  lo que sobrará en los próximos años, será material inadecuado, defectuoso, que no tendrá mercado.  Un círculo vicioso que se debe atender en la cadena forestal”, advirtieron desde la asociación.

Por ello, propusieron “centrar los esfuerzos en manejar adecuadamente lo existente. Incluso, potenciales compradores chinos detectaron que en el NEA se tienen mucha superficie forestada, pero madera gruesa y podada, muy poco”.

Salida laboral “productiva e inmediata”

La propuesta de Afome tiene otra prioridad, y es encontrar una alternativa para reactivar al sector primario en este segmento de la cadena: “Hay que crear trabajo YA”.

Se estima que se podrían crear de inmediato unos 10.000 puestos de trabajo en Misiones y norte de Corrientes,  dando trabajo genuino a tabacaleros, tareferos, los mismos propietarios de pequeñas forestaciones, promoviendo en forma organizada la poda y raleo. “Es una medida de gran impacto social. Y se puede diagramar y concretar en pocos día”, aseguró el ingeniero Jorge Pujato.

Se estima que realizar el trabajo de poda en plantaciones de Pinos y Eucaliptos demanda unos 5 jornales por hectárea. Es un trabajo manual, poco especializado, que requiere una elemental capacitación de pocas horas,  pero posterior seguimiento.

“Una estimación liviana dio como resultado que  habría, al menos, necesidad de podar en unas 100.000 hectáreas, con alguna  de las tres podas. Eso significarían 500.000 jornales directos, más un 20 % indirectos.  O sea, 600.000 jornales en trabajos de poda”, estimó el profesional.

Por otra parte, sería otra alternativa para generar trabajo temporario para la interzafra de los tareferos de Yerba Mate y tabacaleros. “Son 600.000 jornales, en 3 meses, son 200.000 jornales/mes;  20 días trabajo al mes= 10.000 puestos de trabajo.  Eso cubre ampliamente la demanda laboral interzafra”, resumió Pujato.

Detalles del “Plan Poda”

En el detalle de la propuesta, indican que la presentación del plan, la capacitación de los operarios, control a campo y certificados, lo realizarían profesionales independientes del ámbito forestal. Una vez certificado, pago a 15 días. El profesional cobraría un plus a determinar, del 5 al 10 %.

Tanto el plan como los certificados podrían ser por superficies parciales, a efectos de acelerar y financiar  la operatoria. “Hay que establecer a priori,  sanciones muy graves  a los profesionales que falseen datos. Los técnicos oficiales verificarían,  con muestreo al azar, a los planes presentados”, explicó el ingeniero Pujato.

Se debería establecer un monto fijo por el trabajo,  se propone ya la cifra de $ 5.000 para primera poda de 850  árboles/ha.  Si hay menor cantidad, se pagaría proporcionalmente.  Segunda poda $ 5.500 y 650 árboles/ha;  tercera poda, $ 6.000 y 300/arboles por ha.  Si hay mayor número de árboles por hectárea, se pagaría la cifra establecida como tope.

“El punto principal para que esto funcione, es la celeridad de los pagos”, insiste.  “Hay que pasada de días en vez de años. Se basa en la certificación y desburocratización. Y la certificación en manos de los profesionales forestales, libres de burocracia,  con alta incidencia en tareas de campo”, agregó el profesional.

“El tema fundamental, es de dónde saldrán los fondos para solventar el Plan, que serían unos $ 550 millones, a pagar en los próximos 6 – 9 meses. La propuesta es conseguirlos como anticipos, créditos, o la alternativa que sea posible, a reponer con los fondos del Seguro Verde  en los próximos meses. Pero hay que disponer de dinero y comenzar en octubre”, dijo.

En este sentido, agregó que “ante la baja del ritmo de forestación, es preocupación de la Dirección Nacional de Forestación que podría haber sobrantes de dinero en el año 2020. Bien, estos podría instrumentarse para emplease adecuadamente ahora, creando trabajo genuino en donde se lo necesita. Comunión del sector forestal privado, y del gobierno nacional para dar trabajo digno a quienes lo necesitan temporariamente. Justo a tiempo”.

Hasta el momento, se promociona el raleo, con el argumento que el próximo año se pondrán en marcha usinas a biomasa, y habrá alta demanda de material proveniente de esa actividad. “Esta es otra cifra que se puede cuestionar, si hay 100.000 ha de forestaciones que necesitan podas. Si hay dudas, se le puede solicitar al organismo forestal nacional el balance entre “superficie de nuevas plantaciones forestales”, cifra que deberá multiplicarse por 3  (son 3 podas) y restarle la superficie ya pagada en concepto de “podas”. De allí surgiría  la cifra potencial de hectáreas a podar que entrarían en el plan”, sugirió Pujato.

Para cerrar el aspecto técnico, indicó que se debería dejar bien claro la salvedad que quienes deseen realizar las podas por el mecanismo previsto por la ley, lo podrán hacer normalmente (ante posibles cuestionamientos a los montos por unidad de superficie a pagar por este plan).

¿Quién representa a los pequeños productores en la Argentina?

Mientras que se destaca en varios espacios institucionales, sean públicos o privados, como uno de los principales logros  para el sector forestal argentino, el hecho concreto de haber reactivado la operatoria de pagos del régimen de promoción a través del financiamiento voluntario y extrapresupuestario del Seguro Verde (PROSA) que se implementó en la gestión de Mauricio Macri a partir de un convenio firmado con 12 compañías aseguradoras del país, para la Afome la historia de una ausencia de política forestal sostenida y acertada viene de décadas atrás. “Lo conseguido a la fecha llega “tarde” o es “insuficiente” para recuperar el segmento de los pequeños productores a la actividad. Cada vez se foresta menos, hay que hacer algo para revertir esto ya”, remarcó.

En tanto, en el documento entregado a los legisladores, indicaron que “la reanudación de pagos de los incentivos forestales comienza a fines año 2002, y la activa participación en la Comisión Nacional Asesora de la Ley 25.080 de promoción de plantaciones. Pero seguido, con motivo de “la guerra contra el campo” a partir de la Resolución 125,  en mayo del 2009, el gobierno nacional “eliminó el espacio de sesiones, que por ley correspondía, a los integrantes  la Comisión Nacional Asesora Ley 25.080 en Agricultura. Después, se reemplaza este espacio por la Mesa Forestal Argentina 2020, a la que Afome no es invitada.  Y con el cambio de gobierno en diciembre 2015, todo siguió igual”, explicaron.

Describieron que, en los últimos años, se siguió con la “Mesa Forestal 2030” o de “Competitividad”, a la que tampoco los representantes de Afome estuvieron invitados. Y desde la opinión de este espacio, los pequeños productores no tienen voz para hacer escuchar su realidad, que esta lejos de la agenda de temas que se debaten en esas mesas de diálogo público-privada.

“En esta última mesa, se lograron 8 reuniones con el Presidente de la Nación, “algo inédito para el sector”, valoraron, aunque lamentaron que tampoco hayan logrado ser convocados.

“A inicios del 2018, con motivo de la prorroga Ley 25.080 ( 26.432), se hizo notar el vacío legal, y desde el gobierno nacional se convocó entonces a 5 reuniones de Mesa de la Ley 25.080 , retomando el espacio de la Comisión Nacional Asesora,  para el proyecto de  prórroga de la ley”, señalaron. Esta iniciativa fue aprobado en diciembre de 2018, garantizando la continuidad del régimen por 10 años, pero que hasta ese momento estaba desfinanciado.

“Recientemente, ante nuevas insistencias, se volvió a convocar en el mes de junio  a la sesiones de la Comisión Nacional Asesora Ley 25.080 (ahora 27.487), luego de 10 años”.

De igual forma, consideran los productores nucleados en la Afome que el “poder” de las decisiones se encuentra en la Mesa Nacional de Competitividad de la Cadena Foresto-industral o Mesa Forestal 2030 (Forestar 2030), de la que aseveran que “los pequeños productores no tienen participación”, perciben que falta una representación más genuina.

Al respecto, desde la Afome plantearon en el documento que “luego de 8 reuniones con el Presidente, los resultados tangibles para el sector son solo los bitrenes para la multinacional Arauco, y las promesas de otorgar  la construcción de casas de madera en algunos planes nacionales habitaciones, o para cuatro o cinco aserraderos de Misiones, que crearon una empresa específica”, mencionaron respecto a la nueva fábrica industrializada de casas de madera instalada en el Parque Industrial Posadas, proyecto privado con apoyo del gobierno de Misiones, que está ajustando pruebas técnicas desde agosto para lograr su puesta en marcha a pleno en 2020.

“El sector forestal, en su conjunto, se siente defraudado por el accionar del actual gobierno. No corrigió lo que se venía haciendo mal desde el 2009 (o antes)”, asevera desde Afome, en el escrito. “La prioridad debió ser la regularización de los pagos atrasados de los incentivos forestales.  Escuchar solo a algunas organizaciones gremiales empresarias, que representan a empresas multinacionales, genera 1 aplauso por cada 9.999 desazones”, expresaron, entre los cuestionamientos a la actual gestión público-privada.

Por otra parte, con respecto a los fondos voluntarios y extrapresupuestario que logró el gobierno nacional con el Seguro Verde, consideraron que “es demasiado tarde” y que el impacto en el sector es “cero” en los meses que corren, de reciente vigencia. Operativamente, la gestión administrativa para la transferencia de fondos del beneficio a destinar al régimen de promoción, inició en diciembre pasado, pero desde junio comenzaron a llegar las partidas en forma más dinámica a las provincias.

“Se empezaron a realizar pagos en el 2019, pero tarde, muy tarde, demasiado tarde, con cero impacto”, opinaron desde la Afome. “De los 21 años de promoción por ley con la metodología de pago contra plantación lograda, de los cinco peores años, los últimos 4 años ya corresponden a la actual gestión de gobierno. El primer peor año de campaña forestal fue en 2002. Pero la gravedad de la situación de los productores se puede dimensionar con las campañas de los años  2018 y la 2019, que son aún peores al resultado del nefasto 2002”, indicaron. “Pero parece ser que, de esto último, nadie le informó al señor Presidente de la Nación”, cerró Pujato.

 

 

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