Derechos indígenas | Por decreto, el gobernador Herrera Ahuad intervino en el conflicto de Carba SA en territorialidad Mbya y ordenó el cese de sus actividades forestales

En un avance de reconocimiento por los derechos indígenas, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, dio curso al planteo realizado por las comunidades Mbya Guaraní y ordenó el cese de la extracción de bosques nativos de la empresa en el Lote 7-B de su propiedad en Colonia Seguín, en Campo Grande, en el Valle del Cuña Pirú.

 

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

 

MISIONES (29/5/2022).- Este viernes se dio a conocer el Decreto 710/22 tras notificar a la abogada Roxana Rivas, apoderada de varias comunidades Mbya Guaraní en la provincia y especialista en Derechos Indígenas, que la provincia dio lugar a los reclamos y planteos realizados. La medida del gobernador de Misiones, Óscar Herrera Ahuad, ordena suspender el proceso que derivó en la autorización de Planes de Manejo Sostenibles, revocando la Resolución N°419/19 y la Resolución N°515/20 del Ministerio de Ecología de Misiones.

De esta forma, el decreto permitirá revisar el proceso, retomar el diálogo en la búsqueda de un acuerdo entre las partes a través del Ministerio de Ecología, respetando los derechos indígenas de Consulta Previa, Libre e Informada en todo lo que afecte a las tierras que fueron reconocidas en el marco de la Ley Nac. 26.160 (INAI). El organismo deberá reiniciar todo el proceso para garantizar la participación y consulta.

Desde hace varios años las comunidades Ka´a Kupe, Yvy Chĩ, Ko’ẽ Ju Mirĩ, Tajy Poty y Ko’ẽ Ju cuestionan que no se cumplieron con este procedimiento de consulta previa, libre e informada. y fue lo que derivó en presentaciones administrativas ante los organismos competentes y también con fallos judiciales a favor de las comunidades indígenas.

 

 

De esta forma, a través de la Resolución 710, el Gobierno de Misiones dio un avance en lo que respecta a los derechos normativos y administrativos de los Derechos Indígenas al ordenar el cese de todo tipo de actividad de la empresa Carba SA, revocando resoluciones que autorizaban su actividad forestal.

Las comunidades Mbya Guaraní cuestionaron ante el Ministerio de Ecología los planes de manejo forestal aprobados y solicitaron acogerse a las normativas que marca una nueva línea en cuanto a los conflictos con los Pueblos Originarios respecto al manejo de los bosques nativos en territorialidad indígena.

Carba SA tiene décadas de actividad productiva en Misiones, y es propietaria de un total de 6.000 hectáreas. Llegó a la provincia en los años 70 para realizar cultivo de café, realizaban actividades de explotación maderera y ganadería. Con el tiempo, se reconvirtieron hacia el cultivo de nuez pecan con destino de exportación, y fueron reduciendo los planes de aprovechamiento forestal en forma anual. Pero es una de las empresas “tradicionalmente” maderera, y durante décadas llevó una convivencia armónica con las comunidades indígenas asentadas entre Campo Grande, Ruiz de Montoya y Aristóbulo del Valle, ya que por su cultura y forma de vivir se movilizan en la zona.

El decreto firmado por el gobernador, en sus considerandos, menciona que se deberá proceder nuevamente en la consulta previa, libre e informada, por demás obligatoria, sobre todos los actos que afecten a los recursos naturales y territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas, haciendo mención de los marcos legales que los amparan, como la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A través de la Resolución 710, el Gobierno de Misiones ordena el cese de todo tipo de actividad de la empresa Carba SA.

El ministro de Ecología de Misiones, Víctor Kreimer, dialogó con MOL TV sobre la resolución firmada. “Es una buena noticia, ya que termina de zanjar dentro del ámbito administrativo una situación que lleva varios años”, expresó.

Relató que el Ministerio de Ecología había autorizado un Plan de Manejo Sostenible a la empresa Carba que desde hace muchos años opera en la provincia en explotación de bosques nativos, según la legislación vigente. “Pero también, y la legislación obliga en forma previa a realizar una consulta a los pueblos originarios que se vieran afectados respecto de algunos lotes de la empresa. Si bien se habla de la comunidad de Kaa Kupe, en realidad en esa zona hay cinco comunidades, y dentro de las mismas comunidades no se ponen de acuerdo. Una de ellas fue la que reclamó que a su entender la consulta previa no se realizó de manera adecuada, o sus comunicaciones. Y esta es la instancia que se debe volver a realizar a partir del decreto del Gobernador Herrera Ahuad”, indicó Kreimer.

En el decreto se ordena que todos los lotes en conflicto, se debe realizar el proceso nuevamente “respetando todos los derechos, tanto de la empresa como de los pueblos originarios. Y en el caso que no se llegue a un acuerdo, en Ecología se verá cual será la zona a autorizar o excluirse de las actividades de la empresa”, adelantó.

“Hace un par de años, la empresa no estaba trabajando, había detenido sus operaciones forestales. Después volvieron a realizar ante Ecología la solicitud de planes de manejo, y  se otorgó en el marco de la legislación vigente. Nunca se cortó el dialogo con las partes. Ahora, el decreto que se refiere a la Consulta Previa, Libre e Informada, que revoca todo lo anterior y ahora debemos retomar las mesas de trabajo, tratar de llegar a un consenso”, precisó el funcionario.

Por el momento, y hasta que este proceso se realice en forma conforme a las partes, la empresa Carba SA no podrá operar en planes de manejo de extracción de arboles nativos en su propiedad. “Y puertas adentro de las comunidades,  también tendrán que tener sus instancias de dialogo y unificar criterios, porque esto surge también de que dentro de las mismas comunidades tienen posiciones y decisiones distintas”, sostuvo el funcionario.

En adelante, habrá que acordar posturas comunes, la empresa deberá hacer la adecuación necesaria, y de llegarse a un acuerdo o no, el proceso seguirá su curso administrativo. A través de este decreto, el gobernador de Misiones reconoce los derechos indígenas y abrió una nueva instancia de diálogo para destrabar el conflicto en el territorio.

“Trabajaremos para que lo antes posible se avance en el proceso, respetando los tiempos de análisis de las comunidades”, sostuvo finalmente el ministro de Ecología.

“Es un día especial”

Mario Borjas, mburuvicha de Tekoa Ka’a Kupe, dialogó con ArgentinaForestal.com sobre la medida y expresó que “es un día especial. Hoy sentimos alivio, pero por dentro tenemos sufrimiento y no nos olvidamos de todas las cosas que hemos pasado, varias situaciones difíciles por defender la naturaleza y nuestros derechos”.

De esta forma, moderado, reflexivo y agradecido, se escuchó al líder indígena tras la noticia del Decreto 710 firmado por el gobernador Herrera Ahuad. “Lo primero que quiero es agradecer. Este es un día importante. Queremos agradecer a todos los que acompañaron a la comunidad en este proceso, no fue tan fácil para poder llegar a esta instancia”, agregó.

“Para nosotros es un poco de alivio, pero para llegar a esta tranquilidad con la medida que tomó el gobernador hemos pasado por muchas cosas. Discriminaciones, atropellos, peligros, con nuestros jóvenes enfrentaron algunas máquinas o saliendo a reclamar a la calle. A la empresa hemos visto que estaba acompañada de la Policía, y nadie cuidaba de nosotros. Estábamos solos.  Todas esas cosas hemos vivido y ese impacto queda por dentro, nunca se olvida. Sentimos tristeza y a la vez una sonrisa. Ahora hemos llegado a esta instancia que es una tranquilidad para nosotros, es una noticia importante por el cuidado del monte para toda la comunidad y para todo el planeta”, reflexionó Borjas.

Desde su visión, considero que “se habla mucho del cuidado de los bosques, pero no hay un compromiso, no se cuida. Por eso, hoy sentimos que a pesar de que no vamos a recuperar esos árboles nativos que ya no están, la medida del gobernador de detener el desmonte en nuestro territorio nos pone contento. Esta resolución 710 deja un poco de tranquilidad, y estamos analizando el proceso de los pasos a seguir”, indicó en la entrevista.

“El gobernador ha demostrado su interés y voluntad de resolver este conflicto, y estamos agradecidos por eso. Para nosotros no significa descansar con esta medida, sino seguir reclamando por nuestros derechos, y avanzar en lograr que nos entreguen la titularidad del territorio que nos han quitado, queremos que nos devuelvan el territorio que nos fue reconocido por Ley Nac. 26.160”, expresó.

“Si hay voluntad se puede encontrar un camino de solución. Cuidar el planeta, es algo que todos sabemos. Eso quiero dejar claro, este fue un proceso muy largo  y hubo daños. Todavía falta mucho para la comunidad. No es alegría lo que puedo expresar, pero sí que nos ha llegado un gran alivio con esta medida”, concluyó el cacique.

«En la lucha se perdieron muchos árboles nativos»

Para la coordinadora de EMIPA (Equipo de Misiones de Pastoral Aborigen), María Josefa “Kiki” Ramirez, el decreto del gobernador Herrera Ahuad es un reconocimiento a los derechos indígenas, sobre la obligatoriedad de realizar la consulta a las comunidades cuando se trate de un tema que los afecta, además de entender de los tiempos que -en su cultura y tradición- requieren los Mbya para entender las acciones y generar sus propias respuestas y fundamentos.

Si bien expresó observaciones al paso transcurrido, valoró la lucha que hicieron los indígenas en el lugar. “Fueron muchos árboles los que se sacaron de las tierras de las comunidades a la fecha, y se vivieron situaciones donde incluso el ministro anterior parecía el abogado de la empresa. Realmente, las familias de la comunidad Ka´a Kupe confrontaban con los trabajadores de la empresa en defensa de los bosques porque no tenían escucha en Ecología, y no quieren más apeo de árboles nativos en sus territorios. La empresa finalmente detuvo todas sus actividades hace un tiempo, pero los indígenas defendieron el lugar exponiendo literalmente el cuerpo”, sentenció la dirigente social respecto a las situaciones de conflicto que se vivieron en el proceso.

Indicó que para la comunidad Mbya Ka’a Kupe la actividad de extracción forestal en su territorio “pone en riesgo” la conservación de su hábitat a futuro, de sus medicinas, del monte existente. No se trata solo de la extracción maderable sino de un temor al impacto que pudiera producirse en el ecosistema del área del cual se nutren para sobrevivir según su costumbre, cultura y modo de vida.

No se habla de la gestión forestal sostenible y de los planes de manejo forestal para el uso sostenible de los recursos, información que podría ayudar a reducir las percepciones de amenazas sobre los recursos presentes y futuros administrados por Carba SA.

Qué dice la Constitución Nacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La modificación al artículo 67, inciso 15: «Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades; la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, trasmisible ni susceptible de gravámenes o embargos; asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Así fue aprobado el inciso 17 del artículo 75, en Agosto de 1994 , en la Constitución Nacional Argentina. «Reconocer a los indígenas en sus derechos humanos, territoriales y como seres pensantes».

Sus derechos están muy vigentes en el Convenio 169 de la OIT que fue aprobado por Ley Nº 24.071 y ratificado por la Argentina, el Articulo 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, de Naciones Unidas.

Las normas internacionales citadas tienen jerarquía superior a las leyes. En todas se prescribe que se reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y que los estados (Nacional Provincial y Municipal, porque es competencia concurrente) deben regular la entrega de otras tierras también aptas y suficientes para el desarrollo humano de estos pueblos indígenas considerando especialmente el valor e importancia que tienen las tierras y sus recursos naturales para estos pueblos.

También se prescribe que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Esto debe interpretarse a la luz de los Arts. 13 a 19 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Por ello se aprobó la Ley N° 26.160 prorrogada por la Ley 26.894.

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *