Avanza el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Seguro Verde para garantizar el financiamiento de la promoción forestal en la Argentina

El proyecto de ley presentado por el legislador nacional Maurice Closs obtuvo dictamen de comisión en el Senado de la Nación en mayo. Busca dotar de recursos extrapresupuestarios a la vigente Ley 25.080 de promoción forestal aplicando una alícuota a las patentes del seguro automotor a través de la Compañías Aseguradoras y de forma obligatoria. Se podrían recaudar en promedio  $1.500 millones anuales.

 

Fuente: Desarrollo Forestal. Fotos Senado de la Nación

 

BUENOS AIRES (23/6/2021).- En la última reunión virtual de Comisión Asesora, desarrollada el viernes 18 de junio, se presentó como principal prioridad el tratamiento del proyecto de ley que impulsa Maurice Closs, senador nacional y ex gobernador de Misiones.

Ley 25.080: analizaron en Comisión Asesora el proyecto de Ley de Seguro Verde para lograr aplicar una alícuota a través de las compañías aseguradoras en alianza para reducir la huella de carbono en el país

El proyecto de ley tuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 26 de mayo y fue firmado por seis senadores: Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia, Misiones);Edgardo Kueider (Frente de Todos, Entre Ríos); Carlos Espínola (Alianza Frente para la Victoria, Corrientes); Ana Almirón (Frente de Todos, Corrientes); Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia, Misiones); Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista, San Luis).

Closs explicó a sus pares de la Comisión de Presupuesto y Hacienda los alcances del proyecto en la sesión del 26 de mayo.

Desarrollo Forestal accedió a la versión taquigráfica de la sesión.

Versión taquigráfica
Closs: “Promocionar la actividad forestal, que es una actividad de muy largo plazo, viene siendo una política de Estado en la Argentina desde la sanción de la ley 25.080, que ha tenido dos prórrogas y ambas con mucho consenso político. El problema es que se trata de una política de Estado que en repetidas ocasiones se queda sin presupuesto. Entonces, toda política de Estado, por más consenso que tenga, si no tiene presupuesto termina siendo una mera expresión de deseos.

Lo que venimos a proponer con este proyecto es restablecer una resolución que, en conjunto, dispuso la Superintendencia de Seguros de la Nación con el Ministerio de Agricultura y por la que se establece lo que se dio en llamar de manera, si se quiere, popular como el Seguro Verde.

“¿Qué significa? Todas las personas que contratan un seguro de automotor –automotor que se entiende que provoca efectos contaminantes en el medio ambiente–van a pagar una alícuota, que en este caso será fijada por el Poder Ejecutivo entre un 0,5 y 1 por ciento del valor de esa póliza.

“Que conformará un fondo que nutrirá a la ley 25.080 y posteriores prórrogas para que, de esa forma, esta política de Estado tenga no solo el consenso sino también los correspondientes recursos.

Aportación obligatoria

“A diferencia de la resolución que tuvo vigencia desde el 2018 hasta el 2019, en este caso, el aporte no será voluntario sino obligatorio y tendrá una alícuota que oscilará entre el 0,5 y el 1 a criterio del Poder Ejecutivo. Ese es el concepto.

“En la oportunidad anterior no era obligatorio y solo aportaron las aseguradoras nacionales. Y se venía con muchos años de atraso en los pagos.

“Uno podría decir que el objetivo de recaudación podría estar holgadamente arriba de los $1.000 millones al año. Por eso, se plantea que la alícuota puede ser una que vaya regulando el Poder Ejecutivo entre un 0,5 y un 1 por ciento porque, en este caso, aportarían todos. También las aseguradoras internacionales.

Como uno cree que esto va a ir limpiando los remanentes, como se van a ir pagando las plantaciones hechas… Imagínese que hay plantaciones hechas en el 2013 y 2014 que no han cobrado todavía. Una vez que eso se actualice, la demanda del fondo anual será exactamente proporcional a la cantidad de implantación de bosques que se hayan realizado. Por eso, el proyecto tiene esa flexibilidad y la alícuota va de un 0,5 a un 1 por ciento.

“¿Por qué iría algo de estos recursos a las autoridades de aplicación? Porque, justamente, en las épocas anteriores el problema era que las provincias no tenían capacidad logística ni recursos para certificar que los bosques y las actividades culturales hayan sido realizadas. Por eso, se prevé también este recurso que, de alguna forma, va a tratar de dotar a las autoridades de aplicación para que hagan las certificaciones correspondientes.

“Sin dudas, estamos abiertos a escuchar opiniones y, como bien usted dijo, también si las hubiera de parte del Poder Ejecutivo”.

 

 

Fotos: Senado de la Nación.

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