El Gran Chaco es una ecorregión de las más amenazadas del planeta: 55 ONGs e instituciones de la ciencia lanzaron una campaña exigiendo su protección en la Argentina

Más de 55 organizaciones de la sociedad civil , académicas y de ciencia y tecnologías se unieron “para salvar a la región chaqueña” y lanzaron la campaña por el #CompromisoGranChaco2030, una iniciativa que busca hacer un llamado a la acción para trabajar por la conservación y protección de los bosques nativos. Es la segunda ecorregión boscosa más extensa de Sudamérica, ocupando más de 100 millones de hectáreas entre Argentina, Paraguay y Bolivia.

 

Fuente: Documento Declaratoria Compromiso Gran Chaco 2030

ARGENTINA (22/10/2019).- A través del documento firmado por más de 55 organizaciones, se pretende interpelar al Estado, al sector privado y a la sociedad civil a accionar urgentemente para evitar la deforestación y conversión de los ecosistemas naturales y sus graves consecuencias.

El lanzamiento del “Compromiso por el Gran Chaco Argentino 2030” se concretó este martes, con un documento que tiene como objetivo hacer un llamado a la acción a todos los sectores de la sociedad para proteger los bosques nativos de la región chaqueña.

“El Gran Chaco se encuentra en situación de emergencia debido a la deforestación y conversión de sus ambientes naturales y necesita hoy del aporte de todos los sectores de la sociedad”, señalan en el documento.

Se trata de la segunda ecorregión boscosa más extensa de Sudamérica, ocupando más de 100 millones de hectáreas entre Argentina, Paraguay y Bolivia. Está conformada por una amplia diversidad de hábitats, entre ellos bosques, sabanas, pastizales y humedales, constituyendo el soporte vivo de un entramado biológico, social y productivo.

El Gran Chaco es hogar de más de 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 especies de reptiles y 100 especies de anfibios. Además, gracias a los servicios ecosistémicos que provee, esta ecorregión contribuye a la mitigación y adaptación al Cambio Climático, como también a la regulación hídrica, y da sustento a la vida de las comunidades locales, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

Sin embargo, a pesar de su gran valor, es una de las regiones más amenazadas del planeta: se encuentra entre los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural  principalmente por el cambio de uso del suelo para producción agropecuaria y forestal y para negocios inmobiliarios, ocasionando graves consecuencias ambientales, sociales y económicas.

En Argentina ya se perdieron más del 30% de los bosques chaqueños, por lo que las ONGs lanzaron la campaña como un llamado a la acción “urgentemente” para evitar la deforestación y conversión de los ecosistemas naturales.

La ecorregión chaqueña tiene una capacidad productiva positiva para los habitantes del territorio y del país. Su importancia se debe a las oportunidades que el conjunto de sus características ofrece para un desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, los bienes comunes y los servicios ecosistémicos asociados que provee son finitos y requieren de un uso consensuado y planificado, distinto al actual.

A pesar de su gran valor, preocupa el cambio de uso del suelo para producción agropecuaria y forestal y negocios inmobiliarios que se realizan en el Gran Chaco, causando deforestación, degradación de sus ambientes naturales, desplazamiento y empobrecimiento de las comunidades indígenas, además de la pérdida del patrimonio cultural.

Entre 2007 y 2017, a pesar de contar con la Ley de Bosques Nativos, en el país se perdieron cerca de 3 millones de hectáreas en la ecorregión, equivalente a la superficie de Misiones o 34 canchas de fútbol por hora, por dar ejemplos.

Con solo el 5,23% de la región del Chaco argentino bajo protección legal (de las cuales escasas están efectivamente protegidas), el resto de las áreas naturales se encuentran altamente amenazadas.

Su lugar marginal en la agenda pública y la del sector productivo no guarda correspondencia con la envergadura de la situación crítica que atraviesa la ecorregión, y por ende el país.

Entre las organizaciones adheridas (en orden alfabético) se encuentran: Aclimatando, Activa el Congreso, Agencia de Cooperación para el Desarrollo (ACERCA), Amartya, Asociación Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Asociación Civil El Cuenco, Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), Asociación de Prestadores de Turismo Receptivo del Chaco, Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Causas Comunes, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR, UNC), Círculo de Políticas Ambientales, Club de Roma, Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo Técnicos (CoDeBoNa), Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas, Ecohouse, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Flora y Fauna, Foro Ambiental Córdoba, Fridays for Future, Fundación Avina, Fundación Biodiversidad, Fundación Caburé-í, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Fundación de la Tierra, Fundación Gran Chaco, Fundación Hábitat y Desarrollo, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundapaz, Grupo Ambiental para el Desarrollo (GADE), Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Grupo de Estudios sobre Biodiversidad sobre Agroecosistemas (IEGEBA, UBA – CONICET), INCUPO, Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET), Instituto de Diversidad y Ecología Animal IDEA (UNC, CONICET), Instituto Jane Goodall Argentina, Instituto Mutidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC), Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT, CONICET y UNC), La vuelta al mundo, Land Matrix, Maestría en Gestión Ambiental del Territorio Urbano (Facultad de Arquitectura y Urbanismo- UNNE), Natura Internacional, Núcleo DiverSus (CONICET-UNC), Plataforma Semiáridos América Latina, Plurales, Proyecto Quimilero, Proyecto Yaguareté, Red Comunidades Rurales, Red Yaguareté, Redes Chaco, Vecinos por la Ecología, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina).

EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA ECORREGIÓN AFECTA A LAS COMUNIDADES LOCALES, EL PAÍS Y EL MUNDO

La deforestación ilegal, la degradación del monte y el cambio de uso de suelo sin control impactan conjuntamente en distintas dimensiones al Gran Chaco, al país y la región. La transformación y degradación de áreas naturales tiene implicancias de alta complejidad ambiental. Por un lado, la pérdida de flora y fauna y de su conectividad aumenta el riesgo de extinción de especies como es el caso del Yaguareté, del cual solo conservamos 20 ejemplares en el Gran Chaco. Asimismo, la disminución de los servicios ecosistémicos dado, por ejemplo, por el ascenso de napas freáticas y la salinización de suelos, afecta negativamente la productividad agropecuaria en la región y sobre la economía local.

La pérdida de reservas de carbono pone en peligro la resiliencia de los sistemas agrícolas en el Gran Chaco argentino siendo más vulnerables a los efectos del cambio climático. La agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra representan el segundo sector respecto a emisiones de gases de efecto invernadero en el inventario nacional (con un 39% de participación).

En particular, la conversión de tierras forestales en cultivos y en pastizales a nivel nacional aportan el 14% (MAyDS -2017- Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero).

Respecto a la dimensión social, el desplazamiento de las comunidades que habitan los bosques impacta negativamente sobre su modo de vida y sus ingresos, ya que están sometidos a perder sus fuentes de trabajo y afrontar los costos de las reubicaciones. Por ejemplo, las comunidades locales se ven imposibilitadas a producir bienes provenientes del Bosque Nativo, como artesanías, miel, frutos del bosque, tinturas naturales, leña en blanco, carbón sustentable, fibras naturales, entre otros.

Debido a los impactos antes mencionados, la identidad cultural y formas de reproducción social de las comunidades se debilita dada la fragmentación de sus miembros y de la ruralidad. De esta manera, los ingresos que brinda la producción sobre los desmontes redundan en una distribución desigual de dicha riqueza.

Un ejemplo de ello son las inundaciones causadas por las lluvias de enero y abril de este año, donde en la provincia de Chaco se evacuaron más de 2.400 personas. En esa línea, los derechos humanos de las comunidades y de los habitantes del país se vulneran, incluyendo entre otros a los derechos de acceso a la salud y a un ambiente sano.

En términos económicos, la actividad agropecuaria aporta al Producto Bruto Interno, a la generación de empleo y recursos públicos, pero al mismo tiempo, el modelo productivo también genera efectos negativos dado que el costo de oportunidad de conservar es muy alto, incentivando la producción insostenible.

Las inundaciones y sequías implican costos tanto por producción evitada como por daños sobre las personas y materiales y los efectos se sienten tanto a nivel local como nacional. En 2017/18, una severa sequía afectó al Centro y Norte de Argentina, ocasionando pérdidas de más del 35% en la cosecha de soja. Como consecuencia, las pérdidas en cuanto al ingreso de divisas por exportaciones fueron estimadas en US$ 8.000 millones, en tanto que la caída global en actividad económica argentina se estimó en US$ 5.900 millones (0,9% del PBI).

En enero del 2019 se estimó una pérdida de US$ 2.200 millones por las inundaciones en la provincia del Chaco15. De esta manera, compatibilizar la protección de los ecosistemas del Gran Chaco argentino con las estrategias de desarrollo del país, resulta necesario para garantizar la viabilidad a largo plazo del sector agropecuario en esta región.

 

EL CAMBIO DE MODELO DE EXPLOTACIÓN REQUIERE LA ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS, EL SECTOR PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Detener la conversión de ambientes en el Gran Chaco posibilitará que Argentina logre un desarrollo sostenible e inclusivo. Para su logro, precisamos el compromiso de toda la sociedad. Es por ello que exhortamos al Estado, en todos sus niveles, al sector privado y a la sociedad civil a accionar urgentemente. La Argentina cuenta con un poderoso instrumento en la ley 26.331 de bosques nativos, pero su implementación efectiva requiere de ajustes. Para ello, el estado debe garantizar:

• Una mejora en el control y la fiscalización de la Ley.

• Recursos económicos a la altura de los desafíos y con arreglo al mandato legal. En 2019 se asignaron solo el 4,5% de los recursos presupuestarios establecidos por la Ley de Bosques Nativos16.

• Procesos participativos en los Ordenamiento Territoriales de Bosques Nativos, basados en información pública fidedigna y oportuna, haciendo foco en la difusión de los objetivos de la Ley.

• Respaldo jurídico al acceso y a la tenencia de las tierras comunitarias.

• Creación de fiscalías ambientales que incluyan la participación ciudadana a través de mecanismos de control social en todas las provincias de la región chaqueña.

• Aplicación de las sanciones por incumplimiento y multas fiscales con sumas que resulten efectivas para quienes infringen la Ley.

• Terminar con incentivos perjudiciales, con arreglo a compromisos internacionales asumidos por el país (Meta de Aichi 3), por ejemplo: Ley provincial 10467/17 que creó el “Plan Agroforestal” en Córdoba que promueve la reforestación con especies exóticas, en una visión de favorecer la forestación industrial, sin fomentar fuertemente las nativas y sin planificación con visión de restauración ecosistémica o incentivos económicos en este sentido.

Complementar la Ley de Bosques con otras leyes faltantes: de emergencia territorial, de Presupuestos Mínimos de agroquímicos, de Presupuestos Mínimos de Humedales, de agricultura familiar, de trazabilidad de la producción agropecuaria, de Presupuestos Mínimos de Áreas Protegidas, de Ordenamiento Ambiental del Territorio y de Titulación y Arraigo Rural.

• Incremento de la superficie de áreas protegidas, en al menos un 17% de la superficie total del Gran Chaco, en línea con la Meta 11 de Aichi, o el porcentaje a determinarse próximamente en el marco mundial para la biodiversidad posterior a 2020, y con un foco en la gestión efectiva de las mismas.

• Restauración de ambientes degradados y reforestación con especies nativas y control de especies exóticas.

• Implementación de corredores interprovinciales.

• Desarrollo de alternativas productivas orientadas hacia una transición agroecológica, adaptadas localmente, conforme la aptitud de los ecosistemas alcanzados, y teniendo en cuenta las necesidades particulares de culturas originarias y de los pequeños productores.

• Fortalecimiento de la educación ambiental formal e informal, y focalizada en transiciones productivas.

• Inclusión y promoción de turismo gestionado por comunidades locales como actividad productiva.

• Cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales asumidos (Convenio sobre la Diversidad Biológica, Acuerdo de Paris de Cambio Climático, Acuerdo de Escazú sobre derecho de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el  Caribe, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, entre otros). Por su parte, el sector privado (empresas, bancos, minoristas, supermercados, entre otros) tiene un importante papel que desempeñar en la protección de los bosques y ecosistemas en el Gran Chaco argentino.

En ese sentido los convocamos a que:

• Cumplan estrictamente con la normativa vigente, en especial la Ley de Bosques Nativos y exijan el cumplimento a los actores de su cadena de valor.

• Eviten la deforestación y conversión de ecosistemas, priorizando el mejor aprovechamiento de las áreas ya transformadas (dentro del marco legal), incorporando tecnologías de proceso que reduzcan impactos negativos socio-ambientales.

• Garanticen la trazabilidad de los productos en toda su cadena de valor.

Las organizaciones de la sociedad civil consideramos que debemos: • Construir una agenda común de estrategia política a escala nacional.

• Participar en el monitoreo y control de políticas públicas.

• Ampliar nuestras conexiones para aliarnos con nuevos movimientos y organizaciones con causas comunes a las nuestras (como las agrupaciones juveniles), a fin de consensuar una agenda política común.

• Aumentar la presencia en medios masivos.

• Aportar conocimiento a los sectores público y privado sobre innovación para la conservación de biodiversidad.

Adherir, difundir y hacer uso para el cambio del “Compromiso Gran Chaco Argentino 2030” como parte de una estrategia amplia de incidencia política.

Por último, a la ciudadanía en general le pedimos:

• Adherir al “Compromiso Gran Chaco Argentino 2030”.

• Mejorar las prácticas de consumo en base a información fidedigna

 

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