El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni y se enmarca en el paquete de reformas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria perderá su independencia operativa y financiera tras un decreto del Ejecutivo. La medida anticipa un ajuste profundo que incluye despidos masivos y venta de campos experimentales. Trabajadores preparan movilizaciones en todo el país.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (8 de julio de 2025).- Tras meses de versiones, el Gobierno nacional oficializó este lunes una decisión que sacude al sector científico y productivo del país: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dejará de ser un organismo descentralizado y autárquico y pasará a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, bajo la figura de «ente desconcentrado».
La medida forma parte de un decreto que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial y que también incluye la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y reformas estructurales en el INTI, el INV, el INAFCI y la Agencia del Cannabis Medicinal (ARICCAME), entre otros.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni y se enmarca en el paquete de reformas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien logró imponer su criterio incluso frente a la resistencia del Ministerio de Economía.

Cierre de áreas, despidos y venta de tierras
La pérdida de autarquía no solo representa un recorte de autonomía institucional y financiera, sino que anticipa un proceso de ajuste que afectará seriamente la estructura del INTA. Según trascendidos, se proyecta una fuerte reducción de personal y la venta de campos experimentales, como el caso del anexo San Antonio de INTA Montecarlo en Misiones, que posee 2.300 hectáreas dedicadas a ensayos de mejoramiento genético forestal.
El decreto, elaborado al amparo de la Ley Bases (N° 27.742), se sustenta en la necesidad de “reducir el sobredimensionamiento del Estado”, “transparentar el gasto público” y “mejorar la coordinación de los recursos”. En sus fundamentos, el texto señala que los organismos descentralizados han incrementado notablemente su dotación de personal, pasando de 35.000 empleados en 2010 a más de 88.000 en 2024, generando “estructuras excesivamente onerosas”.

Reacción inmediata: habrá movilizaciones en todo el país
La medida generó un inmediato rechazo entre los trabajadores del organismo. Desde la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y ATE Nacional se organizan asambleas y movilizaciones simultáneas en los más de 400 puntos donde el INTA tiene presencia territorial.
“Es una amenaza directa a un organismo que tiene casi 70 años al servicio del desarrollo agropecuario argentino, con impacto federal, ciencia aplicada y extensión rural. Si esto se concreta, perdemos mucho más que una estructura administrativa: perdemos soberanía tecnológica”, advirtieron desde sectores gremiales.
También se espera que organizaciones de productores y movimientos rurales expresen su apoyo ante la posible desarticulación de uno de los principales motores del sistema científico-técnico vinculado al agro.

Un retroceso en la política pública agropecuaria
El INTA, creado en 1956, ha sido históricamente un pilar de la innovación, el desarrollo productivo y la extensión rural en Argentina. Su red de estaciones experimentales y agencias de extensión ha permitido llevar tecnología, conocimiento y asistencia técnica a miles de productores, especialmente de las economías regionales.
El debilitamiento de su estructura representa un serio retroceso en la capacidad del Estado para promover un modelo agropecuario inclusivo, sustentable y basado en el conocimiento, alertan especialistas del sector.
La decisión, que se basa en una visión de achicamiento del Estado, podría tener consecuencias irreversibles para la ciencia aplicada al desarrollo rural y la soberanía tecnológica en el sector agroindustrial argentino.

En este contexto, el borrador del decreto publicado en el portal Bichos de Campo, comienza a enumerar los organismos que en esta ofensiva sufrirán cambios de fondo y cederán al gobierno de turno el manejo de sus recursos y de su personal, como antesala a un fuerte proceso de ajuste y despidos.
En orden al parecer alfabético comienza con la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y el Cannabis medicinal (ARICCAME), ahora intervenida. “La citada Agencia está a cargo de un Directorio conformado por 5 miembros, un Consejo Federal de 25 integrantes y un Consejo Consultivo de 20 representantes, lo que configura una sobredimensión jerárquica y funcional con fuerte impronta política, territorial y presupuestaria que no se condice con la eficiencia”, define, antes de anuncias su disolución como área independiente.
Y así con el resto de los casos:
- En el caso del INAFCI, el instituto de Agricultura familiar, campesina e indígena, también se disuelve. El año pasado ya habían echado de allí a 900 de sus mil trabajadores y a partir de ahora la Secretaría de Agricultura recuperará la función de aplicar la Ley de Agricultura Familiar.
- También en el INASE, a contramano de lo que pretendía la industria semillera, se disolverían el juno con la CONASE, ambos dependientes de Agricultura y que cuentan con participación del sector privado. También pasarán a ser una dirección de la Secretaría, como ya sucedió en el año 2000, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa tomó una decisión similar.
- En el caso de la vitivinicultura, el proyecto de decreto propone “Dispónese la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa dependiente de la citada Secretaría”.
- Lo mismo con el INTI. Dependiendo de la Secretaría de Industria y Comercio, propicia Sturzenegger para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A renglón seguido, el mismo camino seguirá el IMPI, dedicado a la defensa de la propiedad intelectual y las patentes.
El artículo 59 del decreto es el que ha merecido mayor atención de este medio a lo largo de muchos meses: “Dispónese la transformación del INTA, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura”, define.
Para confirmar la hipótesis de que estas decisiones podrían venir acompañadas por la subasta de muchos inmuebles, en el caso del INTA se habló de hasta 70 mil hectáreas de campos, el decreto dispondría que “los titulares de los organismos transformados conforme el presente Título deberán remitir a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un listado completo y actualizado de la flota automotor, aérea, naval, así como de la maquinaria agrícola, industrial y vial asignada a dichos organismos”, además de “la información actualizada de bienes inmuebles asignados a dichos organismos”.
“Dispónese que los bienes inmuebles y vehículos identificados como sin uso o innecesarios, conforme al relevamiento previsto en el artículo anterior, serán transferidos a la AABE”, se decide en el siguiente artículo.
Para terminar, el decreto propiciaría realizar “una propuesta de adecuación de la estructura organizativa de la Secretaría de Industria y de la de Agricultura, que incluya la incorporación de los organismos transformados”.




