Análisis tras la catástrofe ambiental en Corrientes: No solo el Estado, también el sector privado tiene gran responsabilidad en los incendios 

Por Rafael Cortés, Jefe de Redacción de Misiones Online

 

MISIONES /25/2/2022).- La lluvia trajo alivio a los miles de voluntarios y pobladores que arriesgaron sus vidas en Corrientes para enfrentar una tragedia ambiental, económica y social sin precedentes en la provincia. Pero aún donde las llamas se apagaron, el panorama es desolador: una estéril mancha negra se extiende donde antes reinaba el verde.

La tragedia dejó evidencia del poder destructivo de la desidia no solo del Estado sino también de un sector privado que por maximizar rentabilidad, puso en riesgo a una provincia entera.

Hoy Alberto Fernández visitará la zona afectada y seguramente buscará poner paños fríos a la disputa que enfrentó a su ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, con el gobernador correntino Gustavo Valdés.

El hecho de que ambas administraciones, la nacional y la correntina, fueran de signos políticos opuestos y que ni la una ni la otra supiera dar respuesta ante la emergencia le agregó una enorme dosis de morbo a la cobertura de los medios periodísticos de mayor alcance y hasta ahora muy pocos se detuvieron a reparar en la responsabilidad que le cabe al sector privado, especialmente al sector forestal, en la catástrofe que azotó a la vecina provincia.

Casi nada se dijo de la culpas que tiene el empresariado en la generación de las condiciones necesarias para que se potenciara la tragedia, en la escasa inversión para disponer de una infraestructura acorde para enfrentar episodios de este tipo, y en el uso recurrente e imprudente del fuego como herramienta de trabajo en la actividad ganadera.

Porque lo más grave no son los pinos y los eucaliptus perdidos, tampoco las tierras de pastoreo.

Lo verdaderamente doloroso y trágico es la catástrofe ambiental que está ocurriendo en Corrientes. Bosques y humedales que ya habían cedido demasiado ante el avance del extractivismo y un ecosistema único en el mundo como el de los Esteros del Iberá están sufriendo un deterioro cuyo alcance recién comenzamos a comprender.

La avalancha de pinos y eucaliptus en Corrientes

Desde hace décadas Corrientes sostiene una política de Estado que consiste en incentivar la forestación con especies exóticas, ofreciendo condiciones fiscales más favorables que las demás provincias para atraer la instalación de industrias que aprovechen la materia prima. Así se convirtió en la provincia con mayor superficie cultivada con pino y eucaliptus en todo el país.

Aprovechando los beneficios de la ley 25.080 de promoción de inversiones en bosques cultivados, inversores de distintas procedencias y capacidad plantaron los pinos y eucaliptus que se multiplicaron en cercanías y zonas de donde hay bosque nativo, humedales o pastizales, y aún se discute en la provincia el Ordenamiento Territorial.

A la cíclica, aunque histórica sequía que padece la región, agravada por el efecto invernadero que provoca el calentamiento global, el cambio de uso de suelo en grandes extensiones de Corrientes elevó los efectos negativos de las sequías y los riesgos de incendio.

Las forestaciones de alta densidad con especies exóticas absorben mayor cantidad de agua que los ecosistemas que vinieron a reemplazar y son altamente combustibles. Hay que decirlo con claridad. Todo el sector forestal sabe que su principal y más temible enemigo es el fuego, pero son muy pocas las empresas que se prepararon para enfrentar estas contingencias.

Gustavo Valdés.

Requisitos que no se cumplen

La mencionada ley de promoción de inversiones para bosques cultivados exige a los forestadores (a cambio de los subsidios que reciben) que cumplan con una serie de requisitos para prevenir y combatir incendios. Entre otras cuestiones determina que ningún lote debe superar las 25 hectáreas y entre los lotes debe haber calles cortafuego que deben mantenerse limpias de maleza y cualquier otro material combustible.

La misma norma detalla la cantidad de equipamiento que debe disponer el forestador de acuerdo a la superficie que cultive. Por ejemplo, quienes tengan más de 700 hectáreas deben instalar sistemas detección temprana con cámaras o torres.

Según lo reconocen desde el mismo sector, salvo algunas empresas grandes que tomaron recaudos para proteger sus inversiones, en la gran mayoría de los actores del sector privado no se destinaron recursos para la detección y combate de incendios. Primó la búsqueda de la mayor rentabilidad posible sobre la responsabilidad social.

Es una realidad a la que están acostumbrados los bomberos voluntarios que a duras a penas y a fuerza de súplicas rara vez consiguen algo de apoyo de los empresarios, que paradójicamente dependen de los bomberos para preservar su patrimonio.

“Te tiran dos mangos si tenés suerte”, respondieron desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones ante la consulta de este medio. También confirmaron que la gran mayoría de las forestaciones, especialmente de los empresarios pequeños y medianos, no cumplen con el parcelamiento, no disponen calles cortafuego ni brigadas propias. Tampoco cumplen con el requisito de las podas, lo que resulta fundamental para evitar el fuego de copa.

En el caso de Corrientes es un secreto a voces que muchas de las asociaciones de bomberos voluntarios a las que los forestadores deben asistir para cumplir con la ley, son en realidad sellos de goma y están encabezadas por parientes de los mismos empresarios. Muchas de ellas incluso reciben subsidios del Gobierno nacional que hace agua en su rol de contralor.

Lo que resulta más preocupante es que algunas empresas  grandes del sector que tienen selva misionera bajo su custodia no escapan a esta lógica. Por ejemplo, la segunda papelera más importante de Misiones conserva una reserva de 10 mil hectáreas de selva paranaense de un valor ambiental incalculable, pero al menos hasta fines de 2020 tenía a un solo guardaparque para supervisar semejante área.

Corresponderá a los profesionales del rubro la autocrítica y declaración pública acerca de este punto, también a los organismos del Estado que deberían haber controlado el cumplimiento de lo que indica la ley. A menos que realmente nadie haya visto nada.

Más allá de lo que mande la ley, llama la atención que muchos de los empresarios que hoy miden sus pérdidas en millones de dólares no hayan destinado un pequeño porcentaje de su inversión a la compra de equipamiento para el combate de incendios, como motobombas y camionetas o que no hayan brindado más ayuda a los esforzados cuerpos de bomberos voluntarios, o formado su propia brigada forestal.

Que el socorro a patrimonios multimillonarios en dólares dependa de la buena voluntad, el sacrificio y hasta la vida de gente humilde y comprometida sin los elementos necesarios para luchar adecuadamente, es inaceptable.

Verificar estos datos será sin dudas un ejercicio obligado de empresas, profesionales, autoridades del Estado y hasta de  la Justicia en algunos casos.

Concretamente, en Corrientes una de las principales firmas perjudicadas ya anunció acciones legales contra otra firma por practicar quemas ilegales, que les hizo perder miles de hectáreas. La denunciada integra el Consorcio del Fuego, donde están las principales compañías forestales. Hasta donde se sabe, el pleito lleva meses y nadie dijo nada desde esa institución, ni sus socios.

El otro punto es cultural, el abuso de la quema, generalmente en forma clandestina, como método de desmalezado y renovación de pastizales para ganadería es otra de las responsabilidades que le caben al sector privado.

Otras veces también aquí,  el uso del fuego persigue fines directamente espurios, como una venganza o un intento por bajarle el valor a un campo.

La misma falta de previsión de la mayor parte del sector privado se repitió en el sector público.

En este contexto, la política fiscal que le permitió Corrientes captar inversiones le negó los recursos necesarios para tener una infraestructura de lucha contra incendios acorde al riesgo acrecentado por el constante retroceso de bosques nativos y humedales frente al incremento de las hectáreas forestadas que se sumaron a las que ya estaban destinadas al pastoreo.

El complejo escenario climático, con una sequía histórica y muchos días consecutivos con temperaturas inusualmente altas sumaron un nuevo ingrediente para que el cóctel explotara por los aires.

El esfuerzo heroico de bomberos, guardaparques, veterinarios y personal de Defensa Civil, entre otros, sirvió para menguar los efectos de la tragedia, pero el daño era inevitable.

Pensar mucho en la rentabilidad y poco en la prevención de riesgos llevó a muchos inversores a padecer pérdidas cuantiosas.

Pero las pérdidas más dolorosas no se miden en dólares sino en animales muertos y en miles de hectáreas de altísimo valor ambiental que terminaron arrasadas no tanto por las llamas como por la falta de previsión en una provincia en la que impera la lógica mercantilista por sobre todas las demás, tanto el Gobierno como el sector privado.

 

Preguntas abiertas

El pasar de los días agiganta la lista de preguntas para planificar mejor frente a la catástrofe ambiental: ¿Si el patrimonio perdido es de miles de millones de dólares, de cuánto era la inversión realizada para prevenir la tragedia?

¿Cuántas motobombas tiene el sector para enfrentar la situación? ¿Y empleados capacitados?

La respuesta respecto de una de las empresas radicadas en la cuenca forestal que el año pasado perdió 200 hectáreas en incendios, es desoladora. No tenían ni un solo vehículo afectado a la prevención y combate. Ahora ya cuentan con una camioneta usada. Y una solitaria guardaparque hace las veces de alerta en la más absoluta soledad.

Al parecer, ya es hora de la autocrítica del sector, de todos: profesionales, consultores, empresas y funcionarios.

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