Perú: impulso del sector forestal depende de una legislación que se mantenga por 30 años

El Perú posee más de 73 millones de hectáreas de bosque, ubicados entre la Amazonía, la región andina y la costa. Además de ello, se estima que hay más de 10 millones de hectáreas deforestadas a nivel nacional. “Ambas áreas representan el potencial que tiene el sector forestal como actividad económica en el país pero aún no se aprovecha”.

 

 

Solo en el 2020, Perú exportó apenas US$ 94 millones en maderas (24% menos que en 2019); mientras que la importación ya supera los US$ 1,400 millones, siendo Chile, un país con menos bosques que la Amazonía peruana, el principal proveedor.

Y es que el todavía complejo modelo de negocio que se abre paso entre la vegetación es aún desconocido para las autoridades. Según Javier Rivera Pinzás, gerente general de Refinca Holding -principal empresa de reforestación en el país- quienes se embarcan en esta actividad deben de acogerse a más de dos normativas para garantizar su rentabilidad.

Esta semana, sin embargo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anunció que, de aprobarse en el Congreso de la República el pedido de facultades en materia tributaria, aplicarán el régimen del Impuesto a la Renta (IR) y el beneficio de la depreciación acelerada de la nueva ley agraria a la actividad acuícola y forestal, cuya vigencia es hasta el 2031.

Ello significa que aquellas empresas con ingresos netos que no superen las 1,700 unidades impositivas tributarias (UIT) entre el 2021 al 2030 pagarán 15% de tasa de Impuesto a la Renta (hoy pagan 29.5%); y desde el 2031 en adelante se aplicará la tasa del régimen general. Mientras que las empresas que superen las 1,700 UIT pagarán en el ejercicio 2021 al 2022: 15%; 2023 al 2024: 20%, 2025 al 2027: 25%; y del 2028 en adelante, se aplicará el régimen general.

Pero aplicar el régimen del sector agrario quedaría corto. “No se puede asimilar a las plantaciones forestales porque hablamos de inversiones que se cosechan recién en más de 14 años en especies exóticas (como eucaliptos y otros) y de más de 30 años en especies nativas (cedro, caoba, etc.), lo que debe proponerse es una ley de promoción para el sector forestal que asegure una estabilidad jurídica de 30 o 40 años a más, de lo contrario, no se garantiza la reforestación”, explicó Rivera.

Otro factor a incluir, señaló, es la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a las plantaciones forestales a nivel nacional y no solo en la Amazonía.

 

Adelantarnos a la demanda

De acuerdo a Rivera, también presidente de la Asociación de Forestadores del Perú (Foresta Perú), la tendencia a nivel mundial es que en 20 años el 90% del consumo de madera provenga de plantaciones forestales o bosques artificiales (reforestación) y; sin embargo, el Perú apenas ha logrado reforestar 800,000 hectáreas en los últimos 50 años de los casi 10 millones de hectáreas depredadas con potencial.

Para comprender esta situación, se debe tomar en cuenta que Perú ha desarrollado solo un primer escalón del sector forestal: la extracción de madera de bosque, dejando atrás las plantaciones (reforestación).

La diferencia entre la madera de bosque y la proveniente de la reforestación es amplia, desde los costos y sus usos. “La madera de reforestación es de bajo valor en comparación a una caoba, y se requiere de tecnología para mejorarla para que dure 10 o 15 años”.

Así, la instalación de una fábrica de madera de plantación puede llegar a costar US$ 350 millones mientras que un aserradero, no pasa de los US$ 3 millones.

Asimismo, la mínima área que se requiere para que el negocio forestal sea rentable es de 21,000 hectáreas de plantación, con una meta de sembrar 1,500 hectáreas al año. A tomar en cuenta.

Por otra parte, más de diez modificaciones que se plantean para la ley del Impuesto a la Renta, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha considerado solicitar facultades para aplicar al sector acuícola y forestal las mismas tasas impositivas y el beneficio de la depreciación acelerada, incluyendo el plazo de vigencia, regulados en la nueva ley agraria aprobada en diciembre del 2020.

Ello significaría que, según recuerda el Ejecutivo, con la derogatoria de la ley de promoción agraria tras el paro agrario en la región Ica, se eliminó también los beneficios tributarios para dos sectores que -en ese momento- se buscaba impulsar: el forestal y el acuícola, éste último con una producción de 143,800 toneladas en 2020.

 

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *