Polémica: FSC suspendió a la brasileña Jari Forestal el certificado por infringir políticas del sistema de manejo forestal

La política para la asociación con Forest Stewardship Council (FSC) especifica seis actividades inaceptables que las empresas deben evitar, incluida la tala ilegal o el comercio de madera o productos forestales ilegales y la violación de los derechos humanos y tradicionales en las operaciones forestales.

Fuente: FSC Internacional y WRM

BRASIL (29/4/2019).-Desde Alemania, Forest Stewardship Council (FSC) comunicó que decidió “desasociarse” de la empresa forestal brasileña Grupo Jari (Jari), después de que un panel independiente de expertos ambientales, sociales y económicos llevara a cabo una investigación proactiva que concluyó que la compañía había infringido la Política para la Asociación con FSC.

Después de analizar todas las pruebas y realizar una visita de campo, y tras una exhaustiva interacción y entrevistas con los actores locales, el panel de investigación determinó que Jari había estado involucrado en la tala ilegal o en el comercio de madera o productos forestales ilegales, y que tampoco había reconocido de manera formal y consistente la existencia de comunidades tradicionales dentro de su área de manejo forestal, lo que condujo directamente a la violación de los derechos humanos y tradicionales en las operaciones forestales.

La Política para la Asociación con FSC especifica seis actividades inaceptables que las empresas deben evitar, incluida la tala ilegal o el comercio de madera o productos forestales ilegales y la violación de los derechos humanos y tradicionales en las operaciones forestales.

A fin de ser readmitido en el sistema FSC en el futuro, Jari deberá cumplir una serie de requisitos dirigidos a corregir los incumplimientos identificados y a mejorar sus sistemas, previniendo así futuras violaciones de la Política para la Asociación, y compensando por los daños sociales y ambientales causados. Jari deberá, entre otras medidas, desarrollar e implementar sistemas robustos de diligencia debida y trazabilidad, así como compensar por los daños ambientales causados.

Asimismo, Jari deberá también mejorar sus sistemas y procesos de participación y consulta de los actores locales, a fin de garantizar el reconocimiento formal y el respeto de los derechos humanos y tradicionales.

Esto incluye un ejercicio de mapeo con los actores locales para verificar la existencia y ubicación de las comunidades tradicionales dentro de las operaciones de Jari y las áreas vecinas, así como la consulta con las comunidades tradicionales y locales sobre sus prácticas de manejo siguiendo el principio del consentimiento libre, previo e informado.

El caso de Jari Florestal

El WRM es una organización que lleva varios años advirtiendo que en Brasil había muchas plantaciones de monocultivos certificadas establecidas en tierras cuyos títulos fueron obtenidos en forma “fraudulenta”. En un artículo difundido por la organización, expusieron el caso de dos empresas que operaban en la región amazónica: Agropalma y Jari Florestal.

Sobre Jair, indicaron que en 1967 el millonario norteamericano Daniel Ludwig pagó tres millones de dólares a la dictadura militar brasileña para controlar nada menos que 1,6 millones de hectáreas de bosques en el norte del país, en una región llamada Vale do Jari, entre los estados de Pará y Amapá.

Su emprendimiento inició una gran deforestación para establecer monocultivos de un árbol exótico de Indonesia llamado Gmelina arbórea con el fin de producir celulosa. Con financiamiento público del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), Ludwig encargó una fábrica de celulosa que le fue traída por mar desde Japón.

El emprendimiento atrajo a miles de personas a la región. El núcleo urbano de Monte Dourado, en el municipio de Almeirim, en Pará, se convirtió en el centro del proyecto. Después de haber plantado 64.000 hectáreas de Gmelina, el emprendimiento se volcó a las plantaciones de pinos, a causa del ataque de hongos, y más tarde al eucalipto. En 1982, debido a que se encontraba en una grave crisis financiera y a las crecientes críticas sobre el apoyo de los militares al empresario extranjero, Ludwig vendió su empresa a un consorcio de 23 empresas brasileñas. La venta se llevó a cabo con dinero público.

En el año 2000 el emprendimiento empezó a ser controlado por el grupo ORSA, que en 2003 creó ORSA Florestal para dedicarse a la actividad maderera. En 2004 la entonces ORSA Florestal obtuvo el sello del FSC, a través de la empresa certificadora SCS, para manejo forestal de 545.000 hectáreas. Paralelamente la empresa consiguió también el sello del FSC para las plantaciones de árboles para celulosa.

En 2013 el emprendimiento comenzó a llamarse Grupo Jari, en tanto ORSA Florestal se volvió Jari Florestal. En 2014 el manejo forestal de la empresa, ahora Jari Florestal, fue re-certificado para una superficie total de 715.665 hectáreas, de las cuales 666.100 son para madereo, con una tasa de recolección prevista de 30 m3/hectárea/año, destinada principalmente a la exportación. En su informe de 2014, SCS afirma que “la empresa posee documentación legal de la propiedad de las tierras con alcance de certificación, de fe pública, tanto para las áreas en el estado de Pará como en el estado de Amapá” a nombre de la empresa Jari Celulose, perteneciente al Grupo Jari.

SCS afirma también que “la legitimidad de esa documentación fue verificada a través de consultas a los organismos competentes”. Aun así, SCS admite que en su primera evaluación de certificación en 2003/2004 ya había identificado el problema de la falta de regularización de las tierras de las comunidades que viven en la zona de Jari. En aquel momento SCS solicitó a la empresa que elaborase un plan para la regularización de los moradores con derecho a posesión, pero entre 2004 y 2013 hubo una serie de problemas que dificultaron la ejecución del plan. Afirmando siempre que “la empresa posee la documentación legal y legítima”, SCS alega que los problemas fueron causados por supuestos “invasores” en las tierras de la empresa y que por eso Jari habría promovido procesos judiciales de reintegración de posesión contra esas personas.

SCS pone a Jari como la víctima del embrollo de tierras. Cuando alega que “Jari Florestal no puede ser culpada, mucho menos castigada, por los aciertos y errores en el pasado del ‘Proyecto Jari’”, está sugiriendo que la empresa no tiene responsabilidad alguna por los problemas de tierras existentes. Y que “si cumple las normas del FSC sí está calificada para tener y mantener la certificación, como ha hecho a lo largo de estos nueve años”.

Quizás sea por eso que la SCS ignoró por completo en su informe dos procesos judiciales que ya estaban en ejecución y que contradicen sus afirmaciones sobre la supuesta legalidad de la documentación de las tierras de Jari Florestal.

El primero es una acción de 2005 iniciada por el gobierno del estado de Pará donde se pide que se declare que Jari florestal no es propietaria de las tierras que pretende legitimar ante el Instituto de Tierras de Pará (13). En esa acción, el procurador del estado de Pará cuestiona la supuesta propiedad del grupo Jari sobre el terreno que en el pasado fue la Fazenda Saracura, una estancia con una superficie de 2,6 millones de hectáreas. Según afirma un estudio histórico, “las circunstancias en las cuales [el supuesto dueño, en torno a 1882] obtuvo esas áreas están rodeadas de relatos de fraudes electorales y en los registros notariales de la región, iniciándose así una complicada situación de tierras que hasta ahora no tiene solución” (14). Por eso, el corregimiento del Tribunal de Justicia del estado de Pará promovió la cancelación de matrículas, transcripciones, registros y notas marginales constantes sobre la Fazenda Saracura, “(…) con el fin de evitar la legitimación de lo que hizo Jari transformando ‘con un pase de magia’ la Fazenda en propiedad”, como afirma el procurador en la acción de 2005.

La segunda acción de 2011 se tramita ante la Justicia Federal de Pará en base a una denuncia del Ministerio Público Federal contra el director del Grupo Jari, quien habría incurrido en el delito de falsedad ideológica en la presentación de títulos de tierras para conseguir autorización para explotar la madera nativa. Este plan de manejo forestal de Grupo Jari se presentó ante el organismo ambiental federal IBAMA en 2001 para conseguir la autorización para comenzar el madereo. El Ministerio Público Federal inició la acción en 2005 a partir de sospechas por parte de IBAMA de fraude en los documentos.

La certificación FSC de Jari Florestal está suspendida desde 2017, pero no por la cuestión de tierras . La decisión fue tomada por la SCS en base a una auditoría especial realizada en 2015 después de que una operación del IBAMA multó a la empresa con seis millones de reales por irregularidades en el manejo forestal que apuntaban a la comercialización ilegal de la madera. Debido a la falta de cooperación de la empresa en la investigación de la certificadora, SCS decidió suspender el sello.

De acuerdo con noticias de la época publicadas en la prensa, también las “quejas de los trabajadores y (…) violencia contra las comunidades tradicionales” habrían pesado en la decisión (18). En su último informe, disponible en el sitio del FSC, SCS informa que se mantiene la suspensión. Puesto que las irregularidades ocurrieron fuera del área certificada por el FSC, SCS sugiere que corresponde al FSC Internacional decidir si mantiene a Jari Florestal como afiliada o no. Hasta el momento, Jari seguía siendo miembro del FSC.

 

 

 

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