Luego de un operativo ordenado por el juez Manuel Balanda Gómez que derivó en la detención del cacique Santiago Ramos y el desalojo pacifico de una veintena de personas, entre mujeres y niños de la propiedad privada, integrantes de la comunidad Mbya Puente Quemado II con el apoyo del Equipo Misionero Pastorial Aborigen (EMIPA) reingresaron al predio, considerando «la recuperación de su territorio». El productor agroforestal misionero ratificó en Puerto Rico la denuncia por usurpación, y acusa la existencia de una organización que moviliza e incita a la toma ilegal de tierras, mientras que el Pueblo Mbya Guaraní invoca derechos ancestrales.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (16/5/2026).- La disputa territorial en Colonia San Miguel, Paraje Cañafístola, Lote 178, del municipio de Garuaphé, en Puerto Rico, provincia de Misiones, reavivó una tensión jurídica donde colisionan dos derechos constitucionales: la seguridad jurídica por la propiedad privada y las tierras indigenas ancestrales amparadas bajo el Convenio 169 de la OIT.
Tras el desalojo ejecutado por la Policía de Misiones al inicio de semana, debido a una denuncia por usurpación y daños ambientales en el lote de propiedad privada del productor Alfredo Roberto Ruff, integrantes de la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II volvieron a ingresar al predio de manera organizada este martes, incrementando el número de ocupantes a más de cincuenta personas.
El conflicto escaló judicialmente -y mediáticamente- cuando el juez de Instrucción, Manuel Balanda Gómez, ordenó a la Policía local el desalojo del predio y la detención preventiva del cacique Santiago Ramos junto a otros siete hombres que lo acompañaban.
Aunque los detenidos recuperaron la libertad después de varias horas, la comunidad se declaró en estado de asamblea y lucha permanente, concretando el reingreso al lote 141, lo que motivó una nueva presentación penal por parte del propietario, considerando que hay incitación a la usurpación de la propiedad privada.
“El martes ingresaron unas 50 personas a la propiedad, llevados por una camioneta, una Amarok blanca que tengo la patente”, reveló. El empresario aseguró que esta camioneta pertenece a Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y que una persona identificada que está a cargo de la movida. “Tengo un problema de usurpación ya organizada y deliberada”, remarcó.
La postura del propietario: «Tengo todo en regla y pago mis impuestos»
Ruff se defendió en varias oportunidades sobre la legitimidad de sus tierras, argumentando que se trata de una herencia familiar con más de 70 años de posesión efectiva en el lugar. «Yo no soy una multinacional, no tengo nada que ver con Arauco; estas tierras son lo único que tengo. Soy productor agroforestal, tengo algo de yerba mate, pino, planes de aprovechamiento de madera nativa y conservo monte nativo», expresó en diálogo con ArgentinaForestal.com.
El propietario posee un certificado orgánico para exportación de yerba mate y logró un cambio de uso de suelo en 80 de sus 270 hectáreas, mientras que las restantes se conservan como monte nativo de reserva o gestiona con los correspondientes planes de manejo autorizador por el Ministerio de Ecología de Misiones.
Ruff aseguró que en «dentro de su lote» nunca antes hubo asentamientos indígenas y cuestionó la legitimidad de la ocupación actual y el tan mencionado relevamiento bajo la Ley 26.160, ya que nunca fue informado al respecto.
«Puente Quemado II es una comunidad vecina a mi propiedad, a unos 7 kilómetros. No sé quiénes son los que ingresaron a mi lote, no parecen de la comunidad, nunca los vi. Solo sé que todo esto lo moviliza Santiago Ramos y el EMIPA, que son quienes incitan a tomar propiedades privadas», denunció.
Para el empresario, Misiones tiene un problema con lo que denominó «empoderamiento» de ciertas comunidades, lo que genera temor entre los vecinos. “Mucha gente tiene mucho temor porque hubo denuncias reiterativas de robo de gallinas, de sandías, de vacas. Cuentan que me robaron esto, me robaron lo otro y la Justicia nunca avanza, más allá de hacer un informe. Y todos temen conflictos en el territorio”, manifestó.
“La gente tiene miedo de denunciar o dar la cara para que no tengan represalias. Inclusive he hablado con empresarios forestales para que me ayuden y tienen miedo hasta que les prendan fuego las forestaciones, o sea, hay un poco vandalismo, un poco de todo”, agregó en una entrevista con MisionesOnline TV.
Ruff aseguró que entre los intrusos hay personas de Paraguay que no pertenecen a la comunidad mbya. “Los encontré inclusive fumando marihuana en un ambiente un poco hostil”, dijo, y destacó que estas costumbres no son propias de los nativos que él conoció.
En ese contexto, el empresario pidió colaboración a los gobiernos nacional y provincial. “Necesito apoyo, porque es propiedad privada, o sea, propiedad privada de tres generaciones de un inmigrante que vino acá a apostar al país. Necesito que me apoyen los gobiernos y la justicia pongan orden y garanticen la seguridad jurídica en Misiones”.
Ruff entiende que los intrusos invocan la Ley 26.160, la cual, considera que «no aplica en mi caso porque nunca hubo asentamientos indígenas en mi lote. No tienen derecho a usurpar así mi propiedad, nunca vivieron en ese sitio”, sentenció.
De esta manera, según el dueño de las tierras “están usurpando propiedad privada y ellos tienen su comunidad donde tienen su casa, donde tienen su agua, donde tienen sus cosas y tienen muchas hectáreas ahí, muchas hectáreas para vivir”, apuntó.
El empresario dijo que no conoce al cacique y que nunca dialogó con ellos, no obstante, consideró que la situación es una “intrusión lisa y llanamente”.
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El argumento Mbya: territorialidad ancestral y preexistencia
Desde la Comunidad Puente Quemado II, respaldada por autoridades tradicionales (Consejo Aty Ñeychyrõ) y organizaciones del Pueblo Mbya Guaraní, rechazaron la acusación de delito.
A través de un comunicado, afirman que el retorno al predio responde a una recuperación histórica del territorio ancestral: «Es nuestro territorio ancestral, del cual fuimos desalojados de manera ilegal. No estamos usurpando tierra ajena; estamos volviendo al lugar donde nuestros antepasados vivieron, donde descansan nuestros muertos y donde se desarrolla nuestra cultura», expresan.
La defensa jurídica de la comunidad se apoya en el relevamiento territorial técnico-catastral contemplado en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.
Si bien el Poder Ejecutivo Nacional pretendió dar por finalizada la emergencia y la prohibición de desalojos mediante el Decreto 1083/2024, desde el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA) remarcan que la norma se encuentra bajo revisión judicial y que, fundamentalmente, la preexistencia étnica y el derecho a la tierra comunitaria están garantizados por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
«El desalojo se produjo en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, que forma parte del territorio relevado por la Comunidad Puente Quemado II de acuerdo con la Ley Nacional N° 26.160», asevera EMIPA.
Denuncias cruzadas por el accionar policial
El clima en el Paraje Cañafístula continúa siendo de fuerte hostilidad. La comunidad indígena denunció públicamente a la Policía Provincial por presunto amedrentamiento, señalando que los efectivos realizan patrullajes en móviles con las patentes ocultas para evitar ser identificados, un accionar que calificaron como «propio de épocas oscuras».
Por su parte, el Consejo de Caciques se solidarizó con los ocupantes y apuntó contra el Gobierno provincial, acusándolo de proteger los intereses del sector forestal y de la multinacional Arauco en detrimento de la selva nativa, criminalizando el reclamo indígena ante la falta de regularización de los títulos comunitarios.
Mesa de diálogo en espera
Frente a la gravedad de los hechos, la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia anunció formalmente su intervención con el objetivo de encauzar el conflicto hacia una «paz social» mediante la convocatoria a una Mesa de Diálogo. No obstante, al cierre de la semana laboral, ni el productor damnificado ni los representantes de la comunidad Puente Quemado II habían recibido una notificación oficial sobre la apertura de dicho espacio de concertación institucional.
El conflicto generó repercusiones a nivel nacional y diversas opiniones. «No existe propiedad sin reconocimiento estatal. Los derechos se rigen por el Código Civil y Comercial Argentino, no por la ocupación de hecho. Los títulos de propiedad vigentes son la única prueba de dominio legalmente válida. Hay que respetar la propiedad privada», expresó el ingeniero forestal y consultor ambiental, Juan Emilio Bragado.
