Un operativo judicial realizado este martes frenó la usurpación de tierras privadas en Puerto Rico y expone la otra cara de los delitos ambientales provocados por indígenas vinculados a la comunidad de Puente Quemado II, en Garuhapé. Tras varias denuncias, la justicia misionera ordenó el desalojo pacífico de un predio perteneciente al empresario forestal Alfredo Ruff (Lote 78/ Parcela 141), quien denunció usurpación, daños ambientales y amenazas por parte de grupos intrusos, liderados por el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, quien terminó detenido en averiguación del hecho. Desde EMIPA denunciaban un desalojo “encubierto” y un accionar”ilegitimo”, sin embargo Ruff consideró “falso” lo difundido por la organización y celebró el accionar de la justicia. “En Misiones vuelve a existir la seguridad jurídica”, expresó agradecido por el operativo.