El productor e ingeniero agrónomo Rubén Lis, asesor forestal de la zona centro de Misiones, explica el impacto sobre el retroceso de la actividad primaria forestal y la pérdida de una oportunidad productiva para la provincia. Sostiene que los pequeños y medianos productores ya no encuentran estímulos para volver a plantar después de aprovechar sus forestaciones y que, de mantenerse esta tendencia, las industrias de la zona podrían enfrentar una creciente falta de materia prima en el corto a mediano plazo. Frente a la crisis que atraviesa la cadena foresto-industrial en el país, reclama políticas públicas de promoción, financiamiento accesible y una reducción de las trabas burocráticas para recuperar la forestación como actividad económica, social y ambientalmente sostenible en zonas rurales.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (14/9/2026).- Para el productor forestal de la zona centro de Misiones, Rubén Lis, pareciera que aún no se logra entender que la caída del ritmo de forestación de pinos, eucaliptos y otras especies maderables, es un problema grave para la provincia, ya que esta situación puede comprometer el abastecimiento futuro de los aserraderos pequeños y medianos, el empleo rural, la diversificación productiva, y además, es una pérdida de oportunidad de desarrollo sostenible para la provincia.
“Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay crecen y nosotros vamos para atrás”, sintetiza Rubén Lis su preocupación por la pérdida de dinamismo de la actividad forestal en Misiones y, particularmente, por el retroceso de la forestación entre pequeños y medianos productores, en una entrevista con ArgentinaForestal.com en la que comparte su visión sobre la actividad primaria.
“Acá en la zona centro, a nivel de pequeños y medianos productores, ya no se planta nada. No hay estímulo para esos productores que están vendiendo sus plantaciones adultas, luego no replantan y ponen en venta sus chacras”, sostiene el productor, que trabaja entre Misiones y Corrientes con forestación.
La situación, advierte, no se limita al productor primario. “Las industrias -hay unas 300 en el departamento de Oberá- se quedarán sin madera y ya no es rentable traerla desde Corrientes por los costos logísticos. La preocupación es grande. Se producirá un apagón forestal en pocos años”, plantea.
Según su análisis, si la tendencia continúa, “el negocio quedará solo para una o dos megaempresas del Alto Paraná y algunas empresas medianas, viejas y nuevas, de Corrientes”.
¿Qué destino tienen los productores?
Lis plantea también en la charla qué alternativas quedan para los productores que abandonan la actividad forestal. “Sin un panorama con la forestación no es viable nada. La yerba está saturada: el mercado y los precios se desmoronaron, mientras que con el té cada vez se está exportando menos y también los precios al productor son muy bajos”.
En ese contexto, considera que las alternativas de diversificación que se proponen no siempre ofrecen una salida concreta. “Las alternativas de diversificación propuestas son tirarse a la pileta sin saber si hay agua. No hay planificación, la incertidumbre y el desánimo son grandes. Hay que plantear esto en los ámbitos de toma de decisiones de políticas públicas tanto en la provincia como en la Nación, y poner como una necesidad la reactivación del sector. Es la alternativa que funciona, que da trabajo y ofrece la posibilidad de crecer a futuro”, remarcó.
“Acá, en Oberá, al menos el panorama actual es terrible”, resume Lis, quien se muestra dispuesto a aportar mayores opiniones y datos sobre la situación productiva de la zona.
40 años apostando a la forestación
Además de asesor forestal, Lis es productor en la zona centro de Misiones. En cuatro décadas logró implantar más de 300 hectáreas, una superficie que fue construyendo progresivamente a partir de su apuesta por la actividad forestal.
“Aún sigo con esperanza de que algún día despierte esta provincia y se transforme en un buen ejemplo de desarrollo sostenible para el mundo”, expresa.
Como parte de esa experiencia productiva, comparte con orgullo una plantación de pino combinada con kiri en Colonia Mártires. El esquema contempla líneas cada cinco metros, con 800 plantas de pino y 100 de kiri por hectárea.
También incorporaron estas especies en sus yerbales.
Según precisa Lis, el precio de los rollos de kiri bien cuidados supera actualmente los $200.000 por tonelada puestos en aserradero, un valor que, a su entender, puede contribuir a incentivar a otros agricultores a incorporar esta especie a sus sistemas productivos.
“Desde hace 40 años hacemos las plantas de kiri para nosotros y para vender a algunos clientes. En algunos sitios ya llevamos tres ciclos, uno tras otro, en el mismo lugar. Requiere buena calidad de tierra”, detalla.
La preocupación por la pérdida de superficie forestada
Desde mayo de 2025, Lis viene elaborando propuestas que plantea en los distintos ámbitos en los que tiene oportunidad de participar: políticos, productivos y legislativos.
“Me entristece que Misiones siga perdiendo superficie forestada e inversores, mientras nuestros vecinos crecen. Paraguay forestó en pocos años 400.000 hectáreas en pocos años y Uruguay tiene 1,1 millones de hectáreas. Es bastante en dos décadas. Paraguay es un país de siete millones de personas y recién empieza, mientras Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes”.
En ese contraste regional, cuestiona las dificultades que atraviesan los pequeños y medianos productores del NEA. “En la Argentina venimos destruyendo al pequeño y mediano productor al no cumplir con las promociones vigentes. Estamos atravesando lo peor de la actividad desde 2008 a la fecha, con una ley de promoción desfinanciada”, sostiene.
Para Lis, la competitividad futura de la actividad requiere también una mayor capacidad industrial. “Hacen falta industrias celulósicas en Misiones y veo un gran futuro para la producción de energía a partir de biomasa. Pero eso es una parte del negocio que moviliza la cuenca forestal”.
El productor destaca, además, el potencial económico de la madera con mayor valor agregado. En el caso del pino en Misiones, sostiene que actualmente las plantaciones pueden colocarse en el mercado a valores de entre 4.000 y 6.000 dólares por hectárea en plantaciones con un cuidado estándar. En aquellas que reciben un manejo superior, asegura que el valor puede casi duplicarse, de acuerdo con los precios que se pagan en la zona centro.
También identifica una oportunidad en el aprovechamiento integral de la madera. “Si se pudiera colocar la parte más fina para celulosa o energía, se podría mejorar entre un 20 y un 25% el negocio. Y eso es muy importante porque actualmente, en su mayoría, estos sub-productos se tiran”.
A su entender, la falta de industrias adecuadas para este segmento genera un desbalance entre oferta y demanda: esos productos pierden rentabilidad y terminan descartándose.
De todos modos, sostiene que las forestaciones mantienen un precio de mercado en las industrias locales, entre ellas aserraderos, laminadoras y fábricas de tableros. “No gustará tanto el precio actual, pero de alguna manera es interesante. Un productor chico puede, con el esfuerzo de varios años, salir de la pobreza si se le dan herramientas. Y dentro de esas herramientas debería estar, primero, la consideración estratégica de la actividad forestal y el desarrollo de los pequeños productores. Los beneficios sociales, ambientales y económicos son claros”, afirma.
Forestación, desarrollo rural y sostenibilidad
Lis sostiene una posición definida respecto del vínculo entre producción forestal y conservación ambiental. Sin titubeos, para Lis “es la expansión de la pobreza el mayor impacto ambiental sobre la Selva Misionera, no la actividad forestal comercial, regulada y productiva en zonas rurales”, se plantea en el análisis que acompaña su visión sobre la actividad.
“La forestación es una alternativa sostenible para los productores rurales, desde lo ambiental, social y económico, pero requiere de medidas de políticas públicas de promoción porque es una actividad de largo plazo y en una economía argentina con sus particularidades”, sostiene.
Precisamente, el largo plazo es uno de los principales condicionantes económicos de la actividad, que requiere previsibilidad.
En el NEA y particularmente en Misiones, los ciclos productivos que señala son de 10 a 12 años para eucaliptos; 16 a 20 años para pinos; 8 a 10 años para kiri; alrededor de 35 años para araucaria o pino Paraná; y entre 40 y 60 años para especies nativas destinadas a la recuperación de montes originarios.
Según Lis, por sus rendimientos, que considera superiores a los de otros países e incluso a los de sus lugares de origen, los pinos y eucaliptos presentan una ventaja comparativa extraordinaria.
También menciona otras especies de menor incidencia productiva pero capaces de generar maderas de alta calidad, como kiri, paraíso y cedro australiano.
La necesidad de forestar, sostiene, también es importante en el sur del país y en otras regiones por su aporte a la economía y al sostenimiento del trabajo rural. Pero señala una particularidad del NEA: “En ninguna otra zona del país se ven tantas pequeñas y medianas industrias de transformación secundaria como en el NEA”.
Solo en Misiones, sostiene, existen más de 500 industrias registradas, en su mayoría PyMEs, que generan actividad y empleo en colonias y pueblos.
La actividad forestal desarrollada por pequeños y medianos productores —con implantaciones de entre una y 300 hectáreas por año— moviliza mano de obra en viveros, plantación, limpieza y cuidados silviculturales como podas y raleos. También genera demanda de insumos, construcción de instalaciones, vehículos, herramientas y otros servicios.
Ese movimiento, agrega Lis, impacta directamente en las ciudades y en la vida de los pequeños pueblos rurales.
En el NEA, estima que existen más de 40.000 establecimientos rurales de pequeños y medianos productores con potencial para forestar, generar trabajo y, fundamentalmente, crear riqueza a futuro.
“Es la actividad ideal para la zona y la que más puede crecer, solamente con algunos cambios. Esto se demostró posible y realizado en varias décadas pasadas”, afirma.
Frente a la caída de los precios de distintos productos agropecuarios, considera imprescindible brindar una alternativa de diversificación que permita crear riqueza a futuro.
La caída de la forestación y el problema del largo plazo
Para Lis, la situación actual, agravada entre 2008 y 2025 por los sucesivos fracasos que atribuye a las políticas de fomento, provocó una desaceleración y una merma significativa de la actividad forestal e industrial, particularmente entre las PyMEs.
En contraste, señala que las grandes empresas multinacionales radicadas en la región, que cuentan con actividades integradas, disponen de créditos, fondos propios, infraestructura y posibilidades de brindar continuidad a los mercados.
“Estas son las únicas que continúan forestando y que pueden financiarse en ciclos tan largos”, plantea.
Para las PyMEs, en cambio, considera que resulta prácticamente imposible encarar proyectos de semejante horizonte temporal. Por ello, sostiene que actualmente en Misiones y en otras zonas del país este tipo de actividad productiva prácticamente ha desaparecido.
En su diagnóstico, la pérdida de actividad también tiene consecuencias sociales. Sostiene que los obreros rurales que dejan de encontrar trabajo en el sector pasan a engrosar situaciones de dependencia de políticas asistenciales o empleos con contratos precarizados.
En definitiva, Lis considera que existen múltiples factores para promover la forestación entre la población rural y sostiene que la actividad podría generar “cientos de miles de puestos de trabajo nuevos”.
¿Qué hace falta para recuperar la forestación?
Para impulsar el desarrollo forestal, desde la visión de Rubén Lis habría que implementar un sistema de promoción que no requiera necesariamente erogaciones directas del Estado, sino que utilice mecanismos de financiamiento, como el aplicado durante 2018/19 (póliza de seguros).
A su entender, ese sistema permitiría reducir costos en actividades existentes y redirigir recursos hacia la forestación, que tendría capacidad para generar un “derrame virtuoso” sobre las economías de los productores, los pueblos y las provincias.
También plantea analizar la posibilidad de otorgar créditos sin interés que puedan ser cancelados con un porcentaje de la producción al momento de la comercialización.
A la vez, considera imprescindible establecer un nuevo marco legal y administrativo que elimine barreras burocráticas y evite oportunismos. “El ecologismo sin extremos, con una mirada social que incluya el crecimiento económico, será fundamental. Con un enfoque pragmático y bien estructurado, se podría fomentar un crecimiento sostenido de la actividad forestal”, planteó respecto a las restricciones ambientales en el territorio por los bosques cultivados.
Las políticas de promoción forestal y la experiencia de la Ley 25.080
En su propuesta, Lis también realiza un recorrido por las políticas de promoción forestal aplicadas en la Argentina.
Sostiene que, tomando como referencia modelos de otros países, en 1973 comenzaron a implementarse políticas de fomento mediante decretos y leyes. Inicialmente se otorgaban diferimientos impositivos y posteriormente aportes no reintegrables en cuotas, incluso antes de que la plantación estuviera realizada.
Según su análisis, ese sistema funcionó parcialmente, pero también fue objeto de malos manejos administrativos.
Mientras muchos productores y funcionarios realizaron esfuerzos que permitieron plantar cientos de miles de hectáreas, otros incurrieron, según señala, en prácticas ilícitas, como certificar plantaciones inexistentes o destinar fondos del presupuesto forestal a otros fines.
“En esas épocas no existían las tecnologías satelitales y los controles eran ‘comprables’”, plantea. Por ese motivo, explica, posteriormente se implementó un sistema que otorgaba el beneficio no reintegrable una vez que la plantación estaba lograda y tenía entre uno y dos años de implantación.
Con ese mecanismo, sostiene, disminuyó la corrupción y, posteriormente, con la aparición de los GPS y las tecnologías satelitales, la posibilidad de fraude se redujo de manera significativa.
Lis también destaca el papel de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, sancionada en 1999 y vigente desde el año 2000, con sus prórrogas hasta 2029, que estableció distintos beneficios y tuvo como meta forestar dos millones de hectáreas en diez años. Pero a poco de cumplir los 30 años de vigencia, no se ha logrado superar el 1,3 millones de hectáreas plantadas bajo el régimen de la ley.
Sin embargo, considera que los sucesivos cambios, agregados burocráticos, regulaciones provinciales y nacionales, además del desinterés político y la falta de financiamiento, impidieron cumplir los objetivos y generaron frustración entre numerosos productores que, según afirma, no recibieron los beneficios previstos en tiempo y forma.
Al mismo tiempo, Lis reconoce que la Ley 25.080 permitió que el sector privado argentino alcanzara las aproximadamente 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales destinadas a fines comerciales, que constituyen materia prima renovable para la industria, quitando presión sobre el bosque nativo.
En su opinión, la legislación acumula actualmente numerosas regulaciones, dificultades y trabas y, además, carece de financiamiento suficiente, lo que la vuelve ineficaz para los pequeños y medianos productores. “No cumple en el territorio la promoción forestal”, sostiene.
“La lista de regulaciones y trabas son tan insólitas como ridículas para poder llevar a cabo una promoción eficiente. Con este sistema actual es imposible avanzar”, afirma.
Lis identifica, sin embargo, un antecedente que considera positivo: el período 2018/19, cuando desde la Dirección de Forestación del entonces Ministerio de Agroindustria de la Nación, bajo la dirección de Nicolás Laharrague, se consiguió el mayor financiamiento desde la instrumentación de la ley para saldar la deuda acumulada de la promoción forestal, mediante un sistema que consistía en eximir a las compañías de seguros.
Según recuerda, en dos años el Gobierno nacional logró ponerse al día con los pagos atrasados y los montos que podían obtenerse mediante esa negociación permitían multiplicar la forestación y superar los mejores momentos. “Hubo una leve brisa, pero duró poco”. Con el gobierno siguiente, afirma, ese financiamiento se perdió por falta de continuidad política e interés.
Beneficios ambientales y sociales
En materia ambiental, Lis sostiene que todas las actividades humanas generan algún impacto y que existen numerosos mitos alrededor de la actividad forestal. Para Lis, el criterio debería ser medir y comparar la conveniencia y la sostenibilidad ambiental de cada actividad.
Entre los beneficios ambientales que atribuye a la forestación menciona la estabilización del clima y las lluvias; la generación de renta para los propietarios, que permite sostener fajas ecológicas, montes protectores y humedales; la captura de carbono de la atmósfera y su contribución a la mitigación del cambio climático; la posibilidad de asociar la forestación con cultivos y actividades agropecuarias; la generación de sombra para el ganado y una mayor eficiencia de los establecimientos ganaderos; y la reducción de la presión sobre los montes nativos.
En el plano social, destaca la utilización de mano de obra. En su estimación, cada tres hectáreas de forestación pueden generar un puesto de trabajo.
También menciona como beneficios la posibilidad de evitar el éxodo hacia las ciudades de poblaciones formadas para tareas rurales; la capacitación permanente; la creación de riqueza; el desarrollo de la forestoindustria; la mejora de los caminos; y una mayor recaudación que, potencialmente, permitiría ampliar la cobertura de educación y salud para la población.
Situación actual: “Los pequeños y medianos productores ya no forestan”
El diagnóstico de Lis sobre la situación actual es contundente: “Actualmente los pequeños y medianos productores misioneros ya no forestan, producto de la falta de financiamiento y también, en parte, por excesivas regulaciones burocráticas nacionales y provinciales”.
Como ejemplo, menciona demoras que atribuye a los ministerios provinciales para aprobar plantaciones logradas, incluso cuando se trata de replantaciones.
También cuestiona el tratamiento de las capueras —que define como montes o matorrales nativos sin valor comercial, de más de dos metros de altura— que, según sostiene, ocupan casi un tercio de la superficie provincial y son considerados bosques nativos. En su planteo, esas superficies no producen ni generan trabajo.
Agrega que el cumplimiento de los impuestos inmobiliarios y municipales sobre esos lotes es bajo debido a su escasa productividad.
Al mismo tiempo, reconoce que deben preservarse los bosques correspondientes a fajas ecológicas y montes protectores, entre otros ambientes. Sin embargo, cuestiona que no exista un plano general de las zonas aptas para forestar y que cada productor deba solicitar individualmente esa determinación, un trámite que, según afirma, puede demorar meses.
Lis cuestiona duramente el funcionamiento de los organismos públicos nacionales y provinciales. “Las excusas de los organismos públicos nacionales y provinciales son muchas y siempre la culpa la tiene ‘el otro’”, sostiene. En su opinión, las dificultades administrativas terminan reduciendo cada vez más las posibilidades de los pequeños y medianos productores de desarrollar proyectos forestales.
También cuestiona la implementación de planes que, según su análisis, proponen alternativas productivas sin mercados y regulaciones que han llegado a restringir determinados agroquímicos e insumos, promoviendo otros productos que, afirma, no funcionan o no están registrados.
En este escenario, sostiene que las PyMEs corren riesgo de desaparecer y que el mercado quedaría concentrado en las multinacionales. También advierte sobre posibles consecuencias sociales, como el aumento de la pobreza y la migración rural, en un contexto en el que, según afirma, no se capitalizaron experiencias anteriores y se incumplieron compromisos de financiamiento vinculados con la Ley 25.080.
Los aportes comprometidos de distintas campañas, sostiene, en la mayoría de los casos todavía no fueron cumplidos y perdieron valor como consecuencia de la inflación.
Lis cuestiona además que la legislación no contemple mecanismos de actualización o compensación por inflación, situación que considera particularmente perjudicial para los productores.
Se tala más de lo que se replanta
Como indicador de la pérdida de superficie forestada, Lis aporta datos correspondientes a Misiones. Según sostiene, durante 2023 se realizó tala rasa en unas 12.000 hectáreas de forestaciones y se intervinieron otras 3.000 hectáreas mediante raleos, por lo que el aprovechamiento alcanzó unas 15.000 hectáreas.
Sin embargo, afirma que solo se repusieron unas 9.000 hectáreas, en su mayoría por parte de tres o cuatro empresas, entre ellas una multinacional que mantiene su plan forestal anual. “Al 2026 la situación se mantiene: se tala más de lo que se reforesta”, sostiene. Agrega que prácticamente no existen nuevas plantaciones o que el ritmo no supera, en promedio, las 12.000 hectáreas anuales.
En un reciente seminario forestal, señala, se expuso que la actividad no solo está disminuyendo en Misiones, que se habría estabilizado en torno de las 400.000 hectáreas, sino también en Entre Ríos, donde menciona unas 100.000 hectáreas frente a las 150.000 registradas años atrás.
En Corrientes, en cambio, estima que se mantienen unas 500.000 hectáreas, convirtiéndola, según el planteo realizado en ese seminario, en la provincia argentina con mayor superficie forestada por medianas y grandes empresas o fondos de inversión.
La comparación con los países vecinos
En este contexto, Lis compara la situación argentina con la evolución de países vecinos como Chile y Brasil, a los que considera actualmente potencias forestales por sus superficies forestadas y por el desarrollo de industrias de transformación secundaria y terciaria.
También destaca el caso de Uruguay, que comenzó a desarrollar estas actividades varias décadas después que la Argentina y que, según su análisis, aplicó una política de promoción más pragmática.
“Hoy tiene más superficie forestada que Argentina y una industria de transformación secundaria de punta”, sostiene. Según los datos que aporta, Uruguay exporta actualmente unos 3.500 millones de dólares anuales, en un proceso de crecimiento sostenido, mientras que Argentina se mantiene en alrededor de 500 millones de dólares anuales.
“Las grandes, medianas y pequeñas inversiones llegan a estos países, que pareciera van en avión mientras nosotros vamos en carreta”, grafica.
Para Lis, la oportunidad de desarrollo no se limita al mercado interno. La industria forestal puede atender una demanda local importante, pero también existe, a su entender, una demanda mundial significativa de productos forestales y foresto-industriales: desde rollos hasta productos elaborados mediante transformación secundaria y terciaria, incluidos productos de alto diseño que alcanzan valores elevados.
En ese sentido, sostiene que el mercado global de la forestoindustria supera al de la agricultura y la ganadería juntas y representa un enorme potencial que la Argentina está desaprovechando.
Las 10 trabas que enfrenta el pequeño y mediano productor forestal
Entre los principales obstáculos que identifica para los productores misioneros, Lis enumera una serie de dificultades administrativas, financieras y tributarias.
1. La aprobación de los planes forestales
Según explica, un plan forestal debe pasar inicialmente por dos ministerios provinciales —Ecología y Agro— y el proceso de revisión normalmente demanda entre 18 y 24 meses como mínimo.
También cuestiona el tratamiento de las capueras: un sector anteriormente desmontado, abandonado, enmalezado y sin valor comercial puede ser considerado monte y, si esa era la situación previa del terreno, el plan forestal puede ser anulado y no prosperar.
2. Trámites ante la Nación
Una vez superada esa instancia, el plan pasa a la Dirección de Forestación Nacional, donde es revisado por distintas áreas.
Lis cuestiona la cantidad de procedimientos legales y técnicos requeridos y menciona reinscripciones, solicitud de antecedentes penales de titulares, directores o gerentes, formularios cambiantes y demoras administrativas.
A su entender, existen numerosos trámites que podrían simplificarse y que, con el tiempo, han hecho más engorroso el proceso para los productores.
3. Los aportes de promoción
Otro de los puntos centrales de su crítica está relacionado con el financiamiento.
Lis sostiene que los montos prometidos a los productores pueden alcanzar hasta el 80% del costo de la forestación, pero que desde hace años los productores reciben apenas entre el 5% y el 10% de lo comprometido, como consecuencia de las demoras burocráticas, la falta de recursos y una cláusula que impide actualizar los montos.
Según su planteo, esta situación impide construir una cadena de trabajo sostenible.
4. La habilitación de tierras
También cuestiona las dificultades para habilitar una parcela de monte o capuera para convertirla en tierra productiva.
Sostiene que estos procesos pueden ser bloqueados en el Ministerio de Ecología provincial y que, en ese contexto, los productores que desean continuar produciendo enfrentan situaciones de informalidad. En su opinión, esto constituye un obstáculo particularmente grave para el pequeño y mediano plantador, que queda además fuera de los planes forestales.
5. La tasa forestal
Lis cuestiona asimismo la tasa forestal, que, según señala, se aplica en Misiones y representa el 2% del valor de comercialización.
Considera que este mecanismo agrega trámites y termina colocando a las industrias como agentes de retención frente a productores que invirtieron capital y años de trabajo.
“Siempre los objetivos de las nuevas regulaciones son loables en lo escrito, pero en lo concreto sirven para desalentar”, plantea.
6. Tasas sobre las industrias
Según Lis, las industrias que compran los rollos e insumos necesarios para la producción también afrontan el pago obligatorio de una tasa de Rentas que, sostiene, normalmente no pueden recuperar.
7. Agentes de percepción
A esto agrega que las industrias están obligadas a actuar como agentes de percepción de Rentas, cobrando el 3,31% del valor de la mercadería a costa del cliente.
8. La carga tributaria sobre los movimientos bancarios
Lis sostiene además que, tanto en el ingreso de montos a sus cuentas bancarias como en los egresos, las empresas vuelven a afrontar cargos de Rentas. De acuerdo con su planteo, esto genera una percepción duplicada o incluso triplicada.
9. Restricciones sobre insumos
Otro de los obstáculos que menciona son las restricciones sobre agroquímicos e insumos que, según sostiene, afectan a industrias y productores en Misiones y generan mayores costos respecto de otras provincias.
En particular, cuestiona regulaciones relacionadas con el uso de herbicidas y afirma que el Estado provincial promovió un sustituto del glifosato que, según su apreciación, no estaba habilitado y no ofrecía resultados efectivos.
10. Las dificultades administrativas
Finalmente, Lis recoge también los planteos de industriales consultados respecto de las dificultades burocráticas. Entre ellas menciona el formulario F150, que considera engorroso, y señala que la página de acceso presenta interrupciones frecuentes que pueden terminar postergando envíos de mercaderías.
Recuperar una oportunidad productiva
El diagnóstico de Rubén Lis se inscribe así en una discusión más amplia sobre el futuro de la actividad forestal primaria en Misiones: la capacidad de sostener la materia prima que necesita la industria, pero también la posibilidad de que miles de pequeños y medianos productores vuelvan a encontrar en la forestación una alternativa de inversión de largo plazo.
Su planteo parte de una premisa económica: una actividad cuyo ciclo productivo puede extenderse durante décadas difícilmente pueda sostenerse sin instrumentos de promoción, financiamiento y previsibilidad.
Pero también incorpora una dimensión social y ambiental. Para Lis, la forestación puede generar empleo rural, movilizar servicios e inversiones en las colonias, diversificar las economías familiares y contribuir a reducir la presión sobre los montes nativos, siempre que se desarrolle bajo criterios de manejo y regulación.
En ese sentido, su preocupación no está centrada solamente en las hectáreas que se plantan o dejan de plantar en un año determinado, sino en las consecuencias que tendrá hoy la ausencia de nuevas plantaciones sobre la estructura productiva de las próximas décadas.
La advertencia que plantea es que la crisis de la actividad primaria forestal puede terminar convirtiéndose en una crisis de abastecimiento industrial y, al mismo tiempo, en una pérdida de oportunidades para el desarrollo rural de Misiones.
“Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay crecen y nosotros vamos para atrás”, resume Lis. Detrás de esa comparación plantea una pregunta de fondo para la provincia: cómo recuperar una actividad que, por sus características productivas, económicas, sociales y ambientales, considera estratégica para el futuro de Misiones.
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