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Misiones | La reforma de la Ley de Cabotaje permitiría ahorrar USD 1.100 por contenedor y reactivar las exportaciones del Alto Paraná

Según analizó el ingeniero forestal Enrique Bongers, presidente de AMAYADAP, transportar un contenedor desde Eldorado hacia un puerto oceánico cuesta USD 3.600, monto que se reduciría a USD 2.500 con una flota fluvial competitiva. En una columna de opinión, el dirigente sostuvo que la iniciativa parlamentaria resulta determinante para devolver la competitividad a Misiones frente a Paraguay y Brasil.

 

MISIONES (19/9/2026).- El presidente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Enrique Bongers, analizó las implicancias económicas y logísticas de la reforma de la Ley de Cabotaje y se suma al debate en la Argentina. La propuesta cobra una relevancia estratégica para la provincia de Misiones al buscar revertir las asimetrías de costos de transporte que, durante décadas, han encarecido los fletes de la producción agroforestal en comparación con los competidores regionales de Paraguay y Brasil, afectando la competitividad de las exportaciones en el litoral argentino.

El impacto en costos fue analizado por el dirigente empresario. El punto central del diagnóstico presentado por el titular de AMAYADAP radica en la brecha económica que enfrenta hoy el sector productivo del Alto Paraná.

En la actualidad, despachar un contenedor desde Eldorado hacia un buque de ultramar exige una erogación cercana a los USD 3.600. Con la implementación de una operatoria fluvial eficiente sobre el río Paraná, esa tarifa disminuiría a USD 2.500, lo que representa un ahorro directo de USD 1.100 por unidad de carga.

Bongers remarcó que esta reducción de costos no constituye un simple número financiero, sino el margen necesario para ampliar los volúmenes de producción, reinvertir utilidades e incorporar mano de obra e insumos locales. Según la visión empresaria, Misiones posee tierras aptas, infraestructura industrial, recursos naturales y mano de obra calificada, pero carece de las condiciones logísticas adecuadas para capitalizar su ubicación sobre la vía navegable.

La modificación del marco normativo del cabotaje posibilitaría también el aprovechamiento de la flota existente en el litoral y autorizaría la operación de buques de banderas regionales, ampliando las alternativas de transporte para los sectores maderero, yerbatero y agroindustrial.

Entre los aspectos técnicos resaltados en la columna destaca:

Sustitución de transporte pesado: Un solo convoy de barcazas cuenta con capacidad operativa para reemplazar hasta 1.600 camiones pesados sobre las rutas nacionales 12 y 14.

Eficiencia energética: El transporte por agua registra un consumo energético entre tres y cinco veces más eficiente que el transporte carretero.

Integración de medidas provinciales: El debate sobre el cabotaje coincide con la reciente reforma legislativa provincial del Artículo 7 sobre el uso del glifosato, una señal que —según el titular de la entidad— demuestra una política orientada a atender las necesidades de los sectores productivos y consolidar la competitividad mediante medidas concretas.

El aprovechamiento pleno de la hidrovía Paraná se posiciona como una exigencia ineludible para el crecimiento de la economía misionera y de la región.

«El potencial es enorme si se libera la fuerza productiva misionera. La discusión sobre el cabotaje es, en definitiva, una discusión sobre qué provincia queremos construir: una provincia que simplemente produce lo que puede, o una que tenga las condiciones para desarrollar todo su potencial. Misiones tiene el río, tiene la producción y tiene a su gente. Ahora necesita la logística para convertir ese potencial en más inversión, más producción y, sobre todo, más trabajo para los misioneros», remarca el presidente de la AMAYADAP.

Garantizar fletes competitivos y eliminar las trabas logísticas permitirá que las industrias locales incrementen sus ventas, expandan sus plantas e incorporen trabajadores en sus comunidades de origen.

Para la sociedad y los tomadores de decisión en todos los niveles del Estado, promover marcos normativos acordes a la realidad productiva es la vía decisiva para transformar el potencial de los recursos naturales en mayores inversiones, arraigo territorial y empleo formal a largo plazo.

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