Unas 60 personas de la comunidad Mbya Guaraní reingresaron este domingo al predio de la familia Ruff en Garuhapé. Para el propietario Alfredo Ruff, se está violando la orden de restricción impuesta por la Justicia tras el desalojo de la semana pasada. El propietario denuncia «avasallamiento y terrorismo», mientras los representantes de la comunidad apelan al Convenio 169 de la OIT previo a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno provincial. Desde EMIPA informaron en sus redes sociales que se «recuperó pacíficamente su territorio ancestral y se exige garantías para la seguridad de la comunidad».
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (2/8/2026).- La tensión territorial en el centro de la provincia de Misiones alcanzó un punto crítico este domingo tras registrarse la usurpación de un lote perteneciente a la familia de Alfredo Ruff, en Garuhapé.
El hecho contrapone de manera directa dos garantías consagradas por la Constitución Nacional: el derecho a la propiedad privada (Artículo 17) frente al reconocimiento del Estado Argentino de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios (Artículo 75, inciso 17) y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El episodio ocurrió pasado este mediodía y se transmitió en vivo por Instragram, mientras se esperaba la llegada de los efectivos policiales de la Comisaría de Garuhapé, a requerimiento del propietario. «Hay una medida judicial, una restricción, no pueden hacer esto, no pueden ingresar a mi propiedad», cuestionaba.
El hecho se da a pocas horas de que el Gobierno de Misiones —a través del Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes— convoque este martes en Posadas a una mesa de diálogo multidisciplinaria con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, caciques e intérpretes, y representantes legales de las partes involucradas, para encauzar el conflicto por vías institucionales.
Propietario denuncia «terrorismo» e impotencia en el territorio
Pese a que la orden de desalojo dictada por el juez Roberto Antonio Sena (Juzgado de Instrucción Nº 2 de Jardín América) fue ejecutada el pasado 28 de julio por 50 efectivos policiales, este domingo unas 60 personas integrantes de la comunidad indígena -entre hombres, mujeres y niños- derribaron los alambrados perimetrales y reingresaron a la propiedad en Garuhapé.
El operativo de usurpación indígena, realizado en un predio que carecía de custodia policial, fue transmitido en vivo por las redes sociales del empresario y el conservacionista Roberto Bonetti, para acompañar al damnificado ante la tensión reinante.
«Es una impotencia tremenda. Somos la tercera generación de la familia viviendo en estas tierras desde 1945. La comunidad Puente Quemado 2 está asentada a 7 kilómetros de acá, en tierras de la empresa Arauco. Ellos jamás habitaron este lote, ni siquiera son nuestros vecinos inmediatos. Esto no es un reclamo pacífico, es una invasión planificada, violenta y con amparo de organizaciones que están mal asesorando a la gente», denunció públicamente Alfredo Ruff, titular registral del inmueble.
Según relataron los propietarios, en el lugar habrían llegado referentes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) y representantes legales de la comunidad, contraviniendo la orden judicial de prohibición de acercamiento vigente. A fin de evitar incidentes violentos, las fuerzas de seguridad locales solicitaron a los propietarios abstenerse de intervenir directamente, garantizando que se notificará nuevamente a las autoridades judiciales.
El fallo judicial: La vía de hecho no reemplaza al derecho
El dictamen del juez Sena sienta un precedente determinante respecto a las vías de hecho en disputas territoriales. En su escrito, el magistrado desestimó los planteos de la defensa de la comunidad Mbya basados en la Resolución 514/2015 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), sosteniendo que dicho relevamiento no se encuentra finalizado en su trámite registral y que fue tramitado bajo una legislación de emergencia territorial (Ley 26.160) derogada por el Poder Ejecutivo Nacional.
El juez enfatizó en sus fundamentos que los reclamos de tierras no pueden ejecutarse por mano propia: «El ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para canalizar las controversias relativas al dominio. Lo que no resulta jurídicamente admisible es que tales pretensiones sean ejecutadas unilateralmente mediante el desapoderamiento de quien detentaba legítimamente la posesión del inmueble», fundamentó la resolución judicial.
Pese a que la fiscalía y los abogados defensores presentaron un recurso de amparo con efecto suspensivo apelando a la jerarquía constitucional del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el fallo de desalojo se mantuvo firme -hasta la fecha- para restituir la posesión al propietario.
La controversia por los relevamientos del INAI
El conflicto reavivó un reclamo de fondo formulado por diversos productores y propietarios privados de la provincia. Roberto Bonetti, titular de una reserva natural privada en Teyú Cuaré (San Ignacio), solicitó la anulación y revisión integral de los relevamientos territoriales confeccionados por el INAI en años anteriores.
«Se hicieron relevamientos fraudulentos sin consultar a los propietarios registrales legítimos, asignando cientos de hectáreas de forma irregular. En el año 2002, un censo oficial de la Entidad Binacional Yacyretá registraba solo dos comunidades aborígenes en San Ignacio; hoy figuran casi 20 reclamando derechos sobre títulos privados. Se está desinformando a la opinión pública a través de redes sociales para avalar la toma ilegal de tierras», aseveró Bonetti.
Frente a la escalada de la confrontación, las miradas están puestas en la reunión convocada por el Estado provincial para este martes. El encuentro buscará dirimir una encrucijada institucional compleja: por un lado, garantizar el estricto cumplimiento de las órdenes judiciales y la protección de la propiedad privada de los ciudadanos; por el otro, evitar la violencia social y canalizar los reclamos de los pueblos originarios mediante la vía expropiatoria o la regularización dominial, una responsabilidad de fondo que le compete al Estado Nacional y no a los particulares.
EMIPA: «Es una recuperación de territorio ancestral»
Desde el Equipo Pastoral Aborigen Misiones (EMIPA) confirmaron la toma de tierras, pero sostienen en su comunicado que se trata de una recuperación pacífica de Puente Quemado II de su territorio ancestral, «cuya ilegalidad» fue advertida por el Ministerio Público Fiscal.
Además, solicitaron garantías para la seguridad de la comunidad. «Puente Quemado reafirma que este territorio le pertenece ancestralmente y que sus derechos se encuentran respaldados por el relevamiento territorial realizado en el marco de la legislación nacional. El desalojo fue realizado pese a que la defensa habia interpuesto un recurso de apelación que debía ser remitido previamente al Ministerio Público Fiscal. Esa intervención no se produjo antes de ejecutar el desalojo. El Fiscal solicitó dejar sin efecto el desalojo, poniendo en evidencia las graves irregularidades del procedimiento», resumieron en un comunicado difundido en sus redes sociales.
En este contexto, «como ejercicio y defensa de los derechos de la comunidad indigena, se realizó la recuperación del territorio este domingo, en forma pacífica».
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