Una nueva mesa de diálogo intercultural fue convocada por el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes de la provincia de Misiones, en el marco que garantizó el respeto al consentimiento libre, previo e informado para analizar una propuesta de resolver la carencia de servicios básicos en propiedad con dominio registral de Arauco Argentina. El nuevo acuerdo fue considerado por las partes como un avance para una nueva etapa de convivencia territorial. En paralelo, persiste la tensión en la zona tras un controvertido desalojo judicial en propiedad de Alfredo Ruff que abre un debate sin precedentes sobre la propiedad privada y los tratados internacionales de derechos indígenas.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (1/8/2026).- En un paso decisivo hacia la restitución de derechos humanos fundamentales en el ámbito rural, la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2 logró un acuerdo tripartito con el Gobierno de Misiones y la empresa forestal Arauco Argentina SA para garantizar, tras años de reclamos y postergaciones, obras que permitirán el acceso formal a los servicios de agua potable y energía eléctrica.
El consenso se alcanzó en el marco de una mesa de diálogo intercultural convocada este viernes 31 de julio en Posadas, en un encuentro entre el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, y la empresa forestal, respetando estrictamente el procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), mecanismo consagrado en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales que exige el consentimiento expreso de las comunidades para cualquier intervención en su territorio.
«Energía eléctrica y agua es algo básico, aunque sea para la escuela, para los chicos, para que sigan estudiando y para poder ayudar a los abuelos y abuelas. Es un sueño que tenemos», había expresado el cacique Santiago Ramos para visibilizar la situación de vulnerabilidad extrema en la que subsistían las 14 familias asentadas en el lugar.
Un reclamo de varios años
La comunidad habita desde hace varias generaciones un predio de 657 hectáreas que cuenta con relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, la titularidad registral sobre 300 de esas hectáreas pertenece a la multinacional forestal Arauco Argentina SA -el mayor terrateniente de la provincia, con cerca de 230.000 hectáreas-, lo que generó trabas burocráticas e institucionales, por la ubicación compleja también para el tendido de infraestructura estatal. Esto llevo a intentar relocalizar a la comunidad indígena, pero esta resiste a esa posibilidad y reclama acceso a derechos básicos como luz y agua.
Para superar la negativa inicial de la comunidad a autorizar obras directas por parte de la firma privada, las partes acordaron un esquema articulado:
- Agua segura: Arauco financia y ejecuta la perforación de un pozo perforado en coordinación con la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes.
- Energía limpia y autónoma: Por razones de costos y distancia para llegar a las viviendas asentadas, la Dirección de Asuntos Guaraníes junto a la Municipalidad de Garuhapé instalarán un sistema de paneles solares. Este equipamiento permitirá alimentar las bombas de extracción de agua y dotar de luz eléctrica a todas las viviendas de la comunidad de forma sostenible.
- Mecanismo de seguimiento: Las acciones cuentan con un cronograma formal de ejecución y monitoreo conjunto entre caciques, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), la Secretaría de Acceso a la Justicia (CeJuMe) y los organismos estatales.
Josefa «Kiki» Ramírez, integrante de EMiPA, en contacto con ArgentinaForestal.com precisó que se trató de una reunión programada con anterioridad, ponderó el avance logrado, pero recordó que la reunión «atendió un reclamo de derechos humanos esencial sobre servicios básicos que debieron haber sido garantizados oportunamente por el Estado provincial».
Judicialización y tensión territorial en tierras de Ruff
Mientras la comunidad avanza en la garantía de servicios básicos con la firma forestal Arauco, enfrenta un escenario legal sumamente complejo en las 300 hectáreas restantes del territorio ancestral, cuya titularidad del dominio figura a nombre del empresario local Alfredo Ruff, quien defiende sus derechos como propietario.
El pasado martes 28 de julio, en un operativo que incluyó unos 50 efectivos de la Policía de Misiones, para ejecutar la orden de desalojo dictada por el juez Roberto Antonio Sena, del Juzgado de Instrucción 2 de Jardín América, y trasladar a las seis familias Mbya denunciadas por usurpación al intentar ocupar una fracción del lote en litigio que intenta recuperar la comunidad de Puente Quemado 2 como tierra ancestral.
Respecto de la defensa presentada por el cacique Santiago Ramos, el magistrado analizó la documentación vinculada al relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Resolución 514/2015, pero concluyó que esos antecedentes «no resultan suficientes, en el estado actual de la causa, para desvirtuar los elementos de convicción reunidos», según el escrito de su fallo. También señalaba que el relevamiento invocado por la defensa no se encuentra finalizado en su trámite registral, fue realizado bajo una legislación actualmente derogada y, además, indica que no se acreditó la constitución formal de la comunidad como persona jurídica, circunstancias que, según el juez, impiden reconocer en esta instancia derechos legítimos sobre los inmuebles ocupados.
Asimismo, el magistrado remarcó que, aun cuando pudiera existir una controversia sobre derechos territoriales o de otra naturaleza, ello no habilita a modificar por vías de hecho el estado posesorio existente. «El ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para canalizar las controversias relativas al dominio (…). Lo que no resulta jurídicamente admisible es que tales pretensiones sean ejecutadas unilateralmente mediante el desapoderamiento de quien detentaba legítimamente la posesión del inmueble», sostiene la resolución.
Con estos argumentos, la medida de desalojo se llevó a cabo pese a que la defensa legal de la comunidad había presentado un recurso de apelación con efecto suspensivo el 17 de julio, apelando a la vigencia del Convenio 169 de la OIT y la Ley de Emergencia Territorial Indígena Nº 26.160.
Aunque el repliegue de las familias hacia el sector poblado de la comunidad se produjo sin violencia física, la decisión judicial sienta un precedente en Misiones sobre el derecho de propiedad privada registral por encima de la protección de la posesión comunitaria ancestral, omitiendo resolver la cuestión de fondo sobre la expropiación o regularización dominial que le compete al Estado Nacional.
Para encauzar la conflictividad derivada del operativo judicial, la Secretaría de Derechos Humanos convocó a una nueva mesa de trabajo para la próxima semana.
En esta instancia participarán el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, el municipio, los representantes legales de las partes involucradas, el Consejo de Caciques y traductores de la lengua guaraní, con el fin de buscar soluciones de fondo que eviten mayores atropellos a los derechos de los pueblos originarios, se garantice el derecho a la propiedad privada, y prevalezca la buena convivencia en el territorio.
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