Mientras la foresto-industria del NEA cruje por el desplome del consumo y el incremento de costos fijos, más de 130 trabajadores madereros, con el apoyo del sindicato SOIMP, lograron frenar el retiro de maquinarias en la planta, y ante el silencio del propietario de Linor SRL y sus administradores, recurrirán a la Justicia en reclamo de salarios adeudados, incumplimientos de los aportes y servicios sociales, además de correspondientes indemnización por despidos frente a la quiebra de la empresa.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (27/5/2026).- La crisis de la pyme maderera Linor SRL ingresó en una fase de máxima tensión legal y sindical. Tras cumplirse el plazo de la licencia forzada este martes, los 130 operarios de la planta de pallets se presentaron a las 6:00 de la mañana en los portones de la fábrica con la expectativa de recibir precisiones sobre su futuro.
Sin embargo, se encontraron con un establecimiento paralizado, directivos ausentes y la falta absoluta de telegramas oficiales de despido.
Ante este escenario, el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP) intervino con sus asesores legales y confirmaron a ArgentinaForestal.com la preparación de escritos para la judicialización inmediata del conflicto laboral para resguardar los activos de la firma como única garantía para el cobro de indemnizaciones futuras, dado que el plantel tiene personal con antiguedad de más de 20 años.
El secretario general del SOIMP, Agustín Báez, denunció públicamente que la administración de la empresa de Juan Carlos Lorenzo intentó ejecutar un vaciamiento encubierto de las instalaciones aprovechando el período en que el personal se encontraba licenciado. «Tres equipos pesados ya habían sido retirados y otros estaban listos sobre los camiones dentro del predio. Si pasaba un día más, no quedaba nada, y sto fue advertido por los propios trabajadores», afirmó Báez, confirmando que esa intervención impidió el traslado de las máquinas.
El gremio opera ahora junto a equipos legales y escribanos para labrar un inventario técnico, la asistencia al lugar de trabajo y asegurar el embargo preventivo de los bienes.
Entre la recesión nacional y las denuncias por «mala administración»
El colapso de Linor reavivó el debate sobre el impacto de las variables macroeconómicas frente a los desmanejos financieros de las administraciones PyMEs. El dirigente del SOIMP fue categórico al diferenciar la coyuntura general del caso particular de Azara: «El contexto económico nacional está repercutiendo con fuerza en la forestoindustria debido a la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, el atraso cambiario y los altos costos operativos. Eso es innegable. Pero lo de Linor era, fundamentalmente, una mala administración», remarcó Baez.
Según los registros del sindicato, la planta mantenía niveles de productividad elevados, despachando hasta 28 camiones de pallets diarios y conservando una cartera consolidada de clientes estratégicos e incluso canales de exportación abiertos hacia Brasil.
El gremio reveló además que, semanas antes del cierre, la patronal intentó imponer un esquema de flexibilidad laboral extrema: proponían que el 70% del plantel aceptara una reducción del 20% de sus haberes y la quita total del cobro de días por licencias médicas. «Literalmente les decían: ‘Si estás enfermo y no querés perder el día, vení a trabajar'», fustigó Báez, quien también denunció una millonaria mora en los aportes obligatorios a la obra social del sector.
«Todos los días nos vamos a presentar, porque nosotros no vamos hacer abandono de nuestro lugar de trabajo. Eso lo certificamos con escribano público, además de una exposición realizada ante el desamparo de la patronal, porque nadie aparece, nadie asigna tarea, nadie comunica nada en la empresa. Tenemos que tener alguna respuesta, no puede actuar así», expresó con indignación Daniel Gimenez, quien tiene 26 años de antiguedad como encargado del aserradero.
Un efecto dominó en el NEA: el espejo de la patronal de Tapebicuá en Corrientes
La desesperación que se vive en Azara no es un hecho aislado en la región, sino el reflejo de un entramado sectorial que empieza a mostrar fisuras terminales. Líderes sindicales del norte de Misiones (SOIME) conectaron el cierre de Linor SRL con lo que ocurre en Gobernador Virasoro, Corrientes, con Forestadora Tapebicuá, del Grupo Celulosa Argentina.
Allí, son unas 400 familias madereras que se encuentran en un limbo legal y financiero similar: tras vencerse en marzo un acuerdo de reducción de jornada e incluso salarios subsidiados por el gobierno correntino como señal de apoyo para la recuperación de la fábrica, la empresa interrumpió el diálogo, no abonó los haberes correspondientes y mantiene a los operarios apostados frente a la planta sin notificaciones formales de reactivación ni de quiebra, forzando la intervención de los tribunales comerciales.
Todos los días, los operarios mantienen la protesta frente a la fábrica de Tapebicua en reclamo por sus derechos laborales e indemnización correspondiente, y realizan cortes de ruta 14 en forma programada de 16 a 18 horas para difundir su situación de conflicto. El reclamo permanece abierto y los trabajadores continúan a la espera de una definición por parte de la empresa forestal
El reclamo de herramientas de contingencia directa
En Misiones, semanas atrás la ministra de Trabajo y Empleo de la provincia, Silvana Giménez, mantuvo una reunión de trabajo con el socio gerente del aserradero Coníferas SRL, Diego Zuvela, ubicado en Puerto Esperanza, con el objetivo de analizar el crítico escenario actual para la industria y posibles herramientas orientadas a sostener los ingresos de los trabajadores madereros, preservar las fuentes de empleo y acompañar al sector productivo.
«Hay trabas burocráticas y demoras que se registran en el gobierno nacional para aprobar los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), explican los empresarios, por ello, creo que ante las situaciones que se están presentando, hay que ver que instrumento provincial se puede instrumentar cuando se otorga alguna medida de apoyo al industrial maderero, dijo Domingo Paiva (SOIME).
Desde el gremio exigen un cambio radical en el diseño de las políticas de salvataje subsectoriales, ya que cuestionan que los recurrentes pedidos de las cámaras empresariales para obtener quitas impositivas, moratorias o créditos blandos no se traducen en un compromiso explícito de estabilidad laboral.
«Hay empresarios que usan la necesidad de la gente como elemento de presión y, ante la primera de cambio, el ajuste pasa por el salario del operario, o lo que es peor, despidos sin justa indemnización», señaló Paiva, en relación a lo que está sucediendo en Linor SRL, Industrias Montecarlo, y otras de la provincia.
La propuesta de las bases sindicales en varias reuniones apuntaron a que el Estado provincial diseñe líneas de asistencia financiera complementarias que impacten de forma directa en el bolsillo del trabajador, usando de ejemplo la matriz de lo que históricamente significó el programa nacional REPRO (Recuperación y Sostenimiento Productivo).
De este modo, se evitaría que los subsidios queden atrapados en los pasivos financieros de administraciones corporativas deficientes, garantizando que el trabajo, que es el sustento básico de las comunidades forestales, no sea utilizado como variable de descarte en el mercado interno.
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