Planes forestales: la Nación transfirió en lo que va de 2020 un total de $216.495.497 para el pago a productores del régimen de la Ley 25.080

Fueron 429 los beneficiarios, de 14 provincias argentinas informaron desde Agricultura de la Nación. Una tercera partida de pagos por 25.958.262 pesos se liberó en octubre, según comunicaron ante la Comisión Asesora de la Ley 25.080. Para Misiones, destinaron una partida de $6.321.946 pesos, alcanzando a la fecha más de 55 millones en total que fueron destinados a la provincia este año y beneficiando a 199 productores. Corrientes recibirá $10.369.453, sumando un total de 88 millones de pesos transferidos este año, beneficiando a 92 productores. Entre Ríos recibirá una nueva partida de $5.490.244, sumando así una transferencia total de más de 35 millones de pesos, que benefició a 79 productores.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Pagos forestales de Enero a Octubre de 2020

BUENOS AIRES (27/10/2020).- Tres publicaciones oficiales de los pagos forestales que se otorga a través de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados dieron a conocer desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto industrial del Ministerio de Agricultura de la Nación en lo que va del presente año. La última transferencia de fondos de planes forestales fue informada en el marco de la segunda reunión virtual de Comisión Asesora realizada el 16 de octubre.

En la oportunidad, anunciaron una nueva transferencia de Nación a las provincias forestales por 25.958.262 pesos, detallando montos y cantidad de beneficiarios por jurisdicción con los últimos pagos efectuados y otro cuadro con el total pagado por provincia durante el año, que se ha transferido al sector forestal $ 216.495.497 en la actual gestión.

Toda esta información está publicada en la página web del organismo.

La medida de transferencia de fondos se ordenó a través de las resoluciones 72 a 80, 84 a 87 y 90 a 94 del año 2020. “En esta oportunidad se beneficiaron 1.217 ha de forestación; 1.415 ha de poda; 389 ha de raleo; 153 ha de manejo de rebrote y 0.36 ha de enriquecimiento de bosque nativo, incluyendo a 86 emprendimientos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero”, informaron desde el organismo nacional.

 

Desde el comienzo de la gestión del ministro Luis Basterra a la fecha, se han efectuado pagos desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial por $ 216,5 millones distribuidos a 429 forestadores de 14 provincias argentinas.

Primera reunión de CA en septiembre, informan de la no continuidad del Seguro Verde

Durante el encuentro virtual de la primera reunión de Comisión Asesora realizada el septiembre, las autoridades de la DNDFI informaron el estado de pago del régimen de promoción de 2020, con nuevas partidas de pagos en septiembre por 73,9 millones de pesos a nivel país, pero que durante el año y con  “mucho esfuerzo se logró pagar planes forestales de enero hasta agosto del corriente año más de 190 millones de pesos”, indicó Daniel Maradei, director de Desarrollo Foresto-industrial de Agricultura, en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

Los datos oficiales de pago se van publicando a través de la pagina del Ministerio de Agricultura de la Nacion e informando a las provincias y en las reuniones de Comision Asesora, retomadas en septiembre por las nuevas autoridades de la DNDFI.

El desafío de la operatoria estará centrado nuevamente en lograr financiamiento extra y en lograr la ejecución del presupuesto nacional que alcanza los 100 millones de pesos, pero nada tiene que ver los aportes del Fondo de Seguro Verde con la determinación de los costos de implantación que se actualizan por regiones para los Aportes Económicos No Reintegrables que otorga la normativa.

Si bien el funcionario nacional confirmó la decisión de las aseguradoras de suspender el convenio y lamentó esta noticia ya que se trataba de un aporte extrapresupuestario de la Ley 25.080, que además era un compromiso con el país para alcanzar metas al 2030 con el Acuerdo de París, era voluntario, por lo tanto el riesgo por su no continuidad siempre estuvo presente.

 

Leer noticia relacionada:

Daniel Maradei: “Las compañías aseguradoras decidieron retirar su aporte voluntario del Fondo Seguro Verde  para el financiamiento extrapresupuestario del régimen de la Ley 25.080”

Segunda reunión virtual de Comisión Asesora

Segunda reunión en octubre: nuevo procedimiento de Debida Diligencia

El día 16 de octubre se llevó a cabo la segunda reunión virtual del año de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 con la presencia de autoridades y técnicos provinciales de las áreas de Producción, representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, INTA y de organizaciones del sector privado y de las provincias forestales del país.

La reunión encabezada por el Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, fue coordinada por Esteban Borodowski, director de Producción Forestal del organismo nacional..

Los temas de la reunión fueron varios, el prioritario fue comunicar a los integrantes de la comisión sobre la novedad a implementarse del procedimiento denominado “Debida Diligencia” en jurisdicción del Ministerio de Agricultura, pero además se trataron otros temas, como la actualización de costos de implantaciones para el incentivo forestal.

Los nuevos costos fueron publicados en el Boletín Oficial recientemente, y habrían reflejado algunos costos menores en su actualización según la región. Según se trató en la reunión de Comisión Asesora oportunamente, esto se “debe a un sinceramiento sobre actividades incluidas que no correspondían. La demora en los pagos de la operatoria hacia muchas veces que ante el retraso en la llegada de los fondos, se tema que la actualización quede desfasada de la realidad al momento de pagarse. Pero en la actualidad hay una dinámica de pago de mayor celeridad, se acortaron los tiempos, se trata de ajustar los costos a la realidad del trabajo del productor”, explicó Daniel Maradei.

“Nuestro compromiso es lograr acelerar los plazos administrativos para liberar los pagos, pero también necesitamos que los técnicos y los titulares y las provincias hagan los deberes como corresponden y envíen los papeles, el 90% de la demora se debe aun a que falta la documentación para pagar los planes forestales, y este es un problema histórico que estamos tratando de ordenar en la Dirección”, agregó ante la consulta de ArgentinaForestal.com el funcionario.

 

Transparencia de gestión

Daniel Maradei se refirió en la reunión de Comisión Asesora a los objetivos y pasos del procedimiento denominado “Debida Diligencia” en jurisdicción del MAGyP.

Según se informa en las actas registradas de la reunión, el funcionario detalló que en junio de 2020 se  estableció el Plan de Integridad y Cumplimiento, cuya finalidad es promover, desarrollar, consolidar, y controlar sistemas de gestión de prevención de riesgos de todos los procesos llevados a cabo en el ámbito de la jurisdicción del MAGyP, a fin de detectar posibles desvíos e incumplimientos a la normativa vigente en materia de integridad y transparencia, de forma tal de prevenir y dar un correcto funcionamiento de acuerdo con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad, garantizando la transparencia y la eficacia de las acciones llevadas a cabo por la jurisdicción.

Este proceso incluirá a los acuerdos internacionales firmados por Argentina para asegurar la transparencia en el uso de los fondos públicos. “Para cumplimentar esta norma dentro del MAGyP había que presentar una cantidad de documentación por cada pago/expediente, entonces hubiese sido imposible analizar por nuestra Dirección Nacional, la cantidad de documentos que se agregarían al plan. Desde que se publicó esta norma estuvieron parados los pagos”, precisó el funcionario.

Desde la DNDFI se reunieron varias veces con el área responsable de esta reglamentación para presentar las especificidades de los planes forestales y se logró que se simplifiquen algunos de los requisitos exigidos.

La primera modificación que se logró es que la debida diligencia deberá ser cumplida por titular y no por emprendimiento, en caso de modificarse la composición de una sociedad , por  ejemplo, solamente se requiere la actualización del registro de titulares. También, los planes en proceso de pago continúan su trámite sin tener que presentar la nueva documentación.

“En la nueva Resolución que está en trámite de aprobación, se eliminó el requisito que se había comentado de reempadronamiento del registro de titulares”, informó Maradei.

Para las personas humanas (NdR: se refieren en el nuevo Código Civil y Comercial a toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos), con montos aprobados de planes de un valor menor al equivalente a 5 salarios de nivel A, grado 0, función ejecutiva nivel I del Sistema Nacional de Empleo Público (S.I.N.E.P) (en octubre de 2020 equivale a $882.000), no deberán presentar certificado de Antecedentes Penales, solo deberán completar dos Anexos de Debida Diligencia y Conflicto de Interés junto con la  declaración jurada.

Para personas humanas, cuyas transferencias por planes aprobados sean mayores a ese monto, deberán presentar el certificado de antecedentes penales.

Para personas jurídicas, los requisitos son:

ü  Inscripción en AFIP y certificación del pago de obligaciones fiscales, ganancias o acogimiento a moratorias y pagos de IIBB

ü  Copia de estatuto y modificaciones, acta directorio y Asamblea con designación cargos, poderes y DNI de los titulares

ü  Certificado de antecedentes penales de los miembros de la estructura societaria (gerentes, administradores, directores y síndicos).

ü  Anexos y declaración jurada.

 

 

Fuente: DNDFI, con información del Acta de Comisión Asesora de la Ley 25.080

 

 

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