El ministro de Ecología, Martín Recamán, dejó sin efecto la resolución que creaba el RePIA. Las principales cámaras madereras y agropecuarias de la provincia habían impugnado la medida por considerarla inconstitucional, arbitraria y una nueva traba para la actividad productiva.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (17/7/2026).- En una decisión que marca un fuerte retroceso en la política regulatoria pretendida para la cartera ambiental, el Gobierno de Misiones decidió dar marcha atrás y derogar de forma definitiva la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), el primero con trazabilidad digital en el organismo. La medida oficializada este viernes responde a la presión conjunta de las empresas agroforestales y madereras de la provincia, que habían planteado de manera unánime la revisión de la norma y exigían la apertura de canales de diálogo ante lo que consideraban una herramienta con alta falta de claridad operativa y decisiones arbitrarias de fiscalización.
La marcha atrás se formalizó mediante la Resolución 248/26, con fecha de hoy, 17 de julio de 2026. La norma, que lleva la firma del ministro de Ecología, Martín Recamán, deja formalmente sin efecto la Resolución 182/26, con la cual se había dado nacimiento al polémico registro a principios de este mes. En los fundamentos del nuevo instrumento legal, la cartera ecológica argumentó razones de “oportunidad, mérito y conveniencia” para revocar la medida, evitando profundizar en los cuestionamientos jurídicos de fondo que gatillaron el conflicto con el sector privado.
Los argumentos de la impugnación: «Es inconstitucional»
La caída del RePIA fue el resultado de un frente empresarial abroquelado y unánime que nucleó a la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Corrientes (APICOFOM), la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Sociedad Rural de Misiones (SRM) y la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), entre otros referentes de la cadena de valor.
Las alarmas se encendieron cuando los propietarios madereros y agroforestales tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, en medio de información parcial y confusa provista por el propio organismo de control. Las reuniones de urgencia no tardaron en concentrarse en la sede de AMAYADAP, entidad que lideró la presentación de una impugnación administrativa formal.
Desde el punto de vista legal, el sector privado argumentó que la resolución original era inconstitucional, debido a que facultaba al Ministerio de Ecología a incorporar a personas o empresas al registro de infractores con la sola apertura de un expediente administrativo, es decir, sin que mediara una sanción firme, vulnerando flagrantemente el principio de inocencia y las garantías del debido proceso.
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Qué establecía el RePIA y el «Certificado de Antecedentes»
El registro derogado buscaba concentrar en una única base de datos digital a todos aquellos actores que incurrieran en contravenciones a las leyes ambientales provinciales. Sin embargo, el punto de mayor fricción radicaba en sus efectos financieros y operativos: la norma estipulaba que figurar en el RePIA bloqueaba automáticamente el acceso a nuevos permisos ambientales, subsidios, líneas de crédito bancarias, incentivos fiscales y cualquier otro beneficio otorgado por el Estado provincial mientras la sanción estuviera vigente.
Asimismo, el marco regulatorio del RePIA obligaba a la creación de un nuevo trámite burocrático: el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales, un documento de carácter obligatorio que cualquier particular o empresa debía presentar ante Ecología para acreditar que se encontraba «libre de faltas» antes de iniciar cualquier gestión o plan forestal. Como agravante, la norma disponía que los infractores debían permanecer registrados durante tres años posteriores al cumplimiento de la sanción, plazo que se extendía a cuatro años en casos de reincidencia.
Una agenda de reclamos que excede al Registro
La derogación del RePIA expuso un malestar profundo y preexistente en la foresto-industria misionera respecto a las políticas de fiscalización ambiental. Durante las negociaciones, los dirigentes empresarios volvieron a poner sobre la mesa una agenda de reclamos críticos que traban la competitividad del sector.
Entre los puntos exigidos por las cámaras madereras y rurales figuran las crónicas demoras en la aprobación de los permisos de cambio de uso del suelo y planes forestales, las severas restricciones para las autorizaciones de quemas controladas en épocas críticas, el impacto de la prohibición del glifosato en las cadenas productivas y la falta de claridad en torno a los certificados de créditos y bonos de carbono jurisdiccionales. El sector privado concluyó que todos estos ejes deben ser abordados bajo un marco de estricta transparencia, previsibilidad y un diálogo maduro entre el Estado y los generadores de empleo de la provincia.
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