Daniel Maradei: “Las compañías aseguradoras decidieron retirar su aporte voluntario del Fondo Seguro Verde para el financiamiento extrapresupuestario del régimen de la Ley 25.080”

De esta manera, el director Nacional de Desarrollo Foresto-industrial del Ministerio de Agroindustria, sostuvo que será una prioridad de su gestión avanzar en la búsqueda de alternativas de financiamiento extrapresupuestarios para garantizar las metas planteadas por la Argentina con el régimen de promoción de Inversiones Forestales. “Si, se cayó el apoyo de las aseguradoras, estamos en conversaciones para tratar de que mantengan esta acción de sustentabilidad. El presupuesto anual de la Ley 25.080 establece 100 millones de pesos, y con el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus, será difícil conseguir que Economía otorgue más fondos”, admitió el funcionario. La novedad fue oficializada en la reunión virtual de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 que se realizó este lunes, con productores, técnicos, empresarios y representantes de provincias de todo el país. Otra novedad fue la propuesta de un proyecto de nueva resolución que permitirá “simplificar y tecnificar” el régimen.

Por Patricia Escobar 

@argentinaforest

 

BUENOS AIRES (1/9/2020).- La noticia que nadie quería escuchar en el sector forestal, y tras versiones que circularon durante varios meses, finalmente se oficializó, y tiene que ver con la decisión de las compañías aseguradoras de retirar su compromiso voluntario de aportar el 1% de lo recaudado en patentes de autos para el financiamiento a la reforestación y enriquecimiento de bosques nativos, en el marco del régimen de promoción nacional. La novedad fue confirmada durante la primera reunión virtual del año de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 de Inversiones Forestales (prorrogada por la N° 27.487/18), por las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El Seguro Verde (PROSAS) se firmó en 2018 entre el Gobierno Nacional –a través de la Superintendencia de Seguro de la Nación, y las secretarías de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable- con un grupo de 11 compañías aseguradoras del país para destinar 1% del valor de cada póliza digital y así reducir la huella de carbono de autos, motos y camiones mediante la plantación de árboles en Argentina. En paralelo, permitiría incrementar la superficie forestada de cara al 2030 y en el marco de los compromisos asumidos ante el Acuerdo de París.

En forma trimestral era otorgado el monto para su ejecución durante los dos años que estuvo vigente el convenio.  Por medio de esta herramienta, al sector forestal se le habría destinado un poco más de 700 millones de pesos en un récord de tiempo, regularizando así en forma significativa la millonaria deuda del Estado nacional con los productores acogidos al régimen.

Entre las compañías que firmaron el acuerdo ambiental voluntario se encontraban: Cooperación Seguros, Sancor Seguros, Grupo Asegurador La Segunda, Federación Patronal Seguro SA, Instituto del Seguro Entre Ríos, Nación Seguros, Paraná Seguros, San Cristóbal Seguros, Seguro Metal (Cooperativa de Seguros Ltda), Triunfo Seguros y Zurich.

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Durante el encuentro virtual de Comisión Asesora, las autoridades de la DNDFI informaron el estado de pago del régimen de promoción, anunciaron nuevas partidas de pagos en septiembre por 73,9 millones de pesos a nivel país, indicaron que “con mucho esfuerzo se logró pagar planes forestales por más de 190 millones de pesos en lo que va de 2020. El desafío de la operatoria estará centrado nuevamente en lograr financiamiento extra, ya que al no contar con los aportes del Fondo de Seguro Verde y el Poder Ejecutivo asignar solamente 100 millones de pesos por año para la promoción de la actividad desde hace varios años, será más difícil aún en un contexto de crisis sanitaria por coronavirus de lograr que destinen más recursos para el sector”, indico el director de Desarrollo Foresto-industrial de Agricultura, Daniel Maradei, en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

El funcionario nacional lamentó la decisión de las aseguradoras ya que se trataba de un aporte extrapresupuestario de la Ley 25.080, que además era un compromiso con el país para alcanzar metas al 2030 con el Acuerdo de París, ya que se debía lograr incrementar de 1,3 a las 2 millones de hectáreas forestadas en el país, aunque era considerado el convenio como un factor crítico por ser voluntario. El riesgo por su no continuidad siempre estuvo presente.

“Será difícil cumplir los objetivos de sustentabilidad sin este apoyo. Argentina deberá encontrar alternativas para cumplir con todos estos compromisos ambientales, sociales y económicos que estable la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aunque es una realidad que el mundo está en una situación de complejidad y tendremos que reorganizarnos de alguna manera con nuevas metas posibles y reales de concretar”, expresó Maradei.

“La 25.080 es la herramienta jurídica que otorga beneficios para reforestar y fue prorrogada por 10 años más. Hay un nuevo comienzo en muchos aspectos, y en eso nos tocará trabajar. El aporte del Seguro Verde permitió regularizar el pago de planes forestales y beneficios de Estabilidad Fiscal  en dos años que hubiera sido imposible solo con el Presupuesto Anual asignado de 100 millones de pesos para el sector forestal. Estamos en diálogo, a través del Ministerio de Agricultura y la Superintendencia de Riesgos de Seguro, para estudiar de qué manera sería factible poder continuar con este compromiso de sustentabilidad de las compañías aseguradoras, pero también es real que tendremos que iniciar la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento por fuera del presupuesto porque 100 millones de pesos para forestar no son suficientes, y tampoco es seguro que Economía nos otorgue ese monto con la crisis que vive la Argentina a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19”, admitió el funcionario.

“El financiamiento es uno de los desafíos de la gestión que tendremos que resolver, a pesar de todo lo que sucedió este año con la cuarentena y la trabas operativas para movilizarnos, se logró con mucho esfuerzo que la rueda de la operatoria avance y se pagaron 190 millones de pesos de planes forestales que estaban demorados muchos años, pero muchos años. La digitalización permitió avanzar en la transparencia de la gestión. Pero en estos días he firmado para el pago de un plan que fue presentado hace 17 años atrás. Recién este año el productor mediano lo podrá cobrar. Y esto es consecuencias de muchas dificultades en la operatoria que tienen que cambiar, y son ejemplos que no deben volver a repetirse”, remarcó.

“En la actualidad, las Direcciones Forestales de las provincias ya tienen acceso online al sistema para completar o seguir la evolución de un expediente, de la misma manera que el equipo de la DNDFI en las oficinas de Buenos Aires. Los productores y profesionales, en cambio, solo pueden ver el estado de su proyecto, no pueden acceder al sistema”, precisó Maradei en relación al proceso digital que están consolidando y que aún se va ajustando como herramienta de gestión desde Agricultura.

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Metas y líneas de trabajo de Maradei

En la entrevista, el funcionario nacional también se refirió a los aspectos más importantes del primer encuentro virtual del año que mantuvo en línea por más de dos horas al sector forestal de todo el país.

En la oportunidad expuso los detalles del nuevo organigrama del área, que se plantea como una prioridad la planificación industrial del sector. En ese contexto, formalizó la incorporación al equipo de gestión al ingeniero Luis Olmos, a cargo de la Dirección de Foresto Industria. “El profesional tiene una vasta trayectoria en dirección y asesoramiento de negocios forestales, tiene conocimiento de campo y del mercado de la madera. Vivió en Misiones, fue gerente de Papel Misionero, asesor en otras empresas de la región, por lo que su experiencia es sumamente clave para la etapa que nos tocará llevar adelante”, dijo Maradei.

Por otra parte, el funcionario expuso ante la Comisión Asesora las líneas de trabajo que se propone llevar adelante en su gestión al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto- industrial, donde vuelve a ser prioridad:

  • Incrementar la superficie forestada hasta lograr las masas críticas que justifiquen  la radicación de industrias transformadoras y cumplir con los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París.
  • Disponer de inventarios confiables de forestación, que además permitan conocer la oferta disponible de madera para cada sector de la industria
  • Obtener estadísticas confiables de la actividad industrial
  • Determinar la contribución de la forestación a la mitigación del cambio climático.
  • Apertura de mercados internacionales para los productos con valor agregado y certificados.
  • Tecnificación y capacitación de los sectores y actores involucrados en el sector.
  • Acompañamiento y apoyo efectivo a los pequeños y medianos forestadores, incluyendo las comunidades de pueblos originarios
  • Coordinar los diferentes organismos vinculados a la investigación forestal tendiendo a generar información de base destinada a  los productores.

Simplificar y tecnificar

Otras de las novedades del encuentro virtual fue la propuesta de un proyecto de resolución en reemplazo de la N°33/13 para simplificar y tecnificar la gestión de los expedientes del régimen de promoción, con un nuevo esquema para lograr mayor eficiencia y claridad en cuanto a roles, responsabilidades y requisitos a cumplir al momento de presentar los expedientes de proyectos forestales, que tiene por objetivo establecer reglas claras para los técnicos, productores, autoridades provinciales y nacionales .

Se propone digitalizar los Registros de Titulares y Profesionales (Reinscripción), se requerirá domicilio electrónico constituido, contendrá un instructivo y formulario al que deberán ajustarse, se otorgarán AENR solamente por podas y raleos sobre plantaciones que estén amparadas por la Ley 25.080, se establecerá que todos los planes desde 2 ha requieran de la firma de profesionales y aquellos menores se definirán con las Provincias, para las plantaciones energéticas, se propone el pago de aporte por plantación cada 13 años, entre otros puntos.  “En definitiva, pretende que se cumplan los tiempos de no más de 18 meses para que una vez presentado el proyecto, se reciban los beneficios que propone el régimen de promoción, simplificando el proceso. Pero las Provincias y los técnicos asumirán una mayor responsabilidad en el territorio, ya que no deberá pasar más de 60 días para que realice la inspección de obra, una vez solicitado el plan, por ejemplo”, resumió el funcionario.

También, se buscará evitar irregularidades con los planes agrupados que no cumplan con las rendiciones correspondientes de los adelantes otorgados. “Hoy tenemos reclamos de proyectos agrupados que no han presentado la documental y quieren percibir los AENR restantes que les corresponde, pero siempre con la documentación que avala la plantación lograda. Si no presentan la documental, no cobrarán. Para evitar todos estos grises, la operatoria necesita mejorar en las Provincias, de manera que se agilice el proceso en la Nación. Y con el sistema online en marcha, todo será mucho más transparente”, aseveró el director.

El proyecto fue compartido para que realicen los aportes y correctivos necesarios, y por ello convocó a ser parte de la comisión asesora a los profesionales de la CPIA (Consejo de Profesionales de Ingeniería Agrónoma) y FAIF (Federación Argentina de Ingeniería Forestal). “En el proyecto también proponemos, por ejemplo, que todos los planes tengan un responsable técnico, desde las 2 hectáreas solicitadas en adelante, no desde las 10 como rige en la actualidad”, apuntó Maradei.

A partir del encuentro en el que fue presentado oficialmente el proyecto, se esperarán los aportes y revisiones. “Entendemos que no se puede continuar de la manera actual, porque se repetirán los problemas. A futuro, esperamos que en la Dirección Nacional no se reciban más los planes forestales aprobados en una Provincia en forma incompleta. La documentación ser completada en las Provincias, serán rechazados aquellos que no cumplan los requisitos, que tengan alguna documental faltante. Nuestra función es verificar jurídicamente que ese plan cumpla con los requisitos establecidos por la normativa, firmar los pagos y que el productor cobre el incentivo o la estabilidad fiscal sea otorgada. Todo debe ser más ágil y eficiente. Creo que este proyecto que se propuso funcionará en ese sentido”, expresó el responsable de la DNDFI.

De igual forma, con el segmento de pequeños productores hay que replantearse muchos otros ítems antes de decidir por la presentación de un proyecto forestal. La crisis de rentabilidad que atraviesa la actividad desde hace varios años, principalmente en Misiones y Corrientes donde existe una clara sobreoferta y se debate el futuro del negocio foresto-industrial, tomó mayor relevancia en la agenda pública ante la falta de inversiones en el aprovechamiento de la materia prima que genere una competencia que permita elevar los precios por la materia prima desde el rollo aserrable hasta los subproductos de la industria como ser el chip, viruta o aserrín, o el raleo que se obtiene de los manejos silvícolas durante los años de crecimiento de la plantación.

Misiones y el debate por la regulación de precios del chip y raleo: “El diálogo es el camino” 

En la provincia se avanza en un estudio de costos de la materia prima en el ámbito de la Mesa Forestal Provincial y el Instituto Forestal Provincial (INFOPRO), que por ley se creó en 2016 y se puso en marcha en junio. Tiene como premisa lograr un equilibrio entre los intereses de los grandes compradores de los residuos forestales o sub-productos frente a la nula rentabilidad de los pequeños productores, ante la sobreoferta disponible y la falta e industrialización en el sector.

Desde hace un mes se lleva adelante una ronda de consulta, reuniones, debates y estudios técnicos y económicos para determinar en un período de 60 días si la regulación de precios es la solución a los problemas de costos y pérdida de rentabilidad que enfrentan desde hace tiempo, y que distintas fuentes aseveran “se pagan los precios más bajos por los rollos, no solo de la región sino del mundo”.

Al respecto, Daniel Maradei no se mostró a favor de una regulación de precios mínimos por el chip y raleo con la intervención del Estado Provincial: “Me parece es una decisión fuera de lugar. El mercado forestal se rige por la oferta y la demanda. Hay otras alternativas que trabajar antes de pensar que el Estado es el que debe intervenir con una regulación. A la yerba mate no le fue nada bien en Misiones con esta misma idea. No es una buena señal para la inversión forestal en la provincia. Sí, me parece que de todo esto, lo positivo es que se abrió el diálogo. Creo que APICOFOM, AMAYADAP y ARAUCO debieran repensar y aportar alternativas para pagar un mejor precio al productor. Cuando tuvieron los mejores momentos de exportación no trasladaron esta ganancia al pago de mejores precios por la materia prima del productor. Me parece que esto debiera ser consensuado entre las partes, exponer el problema, dialogar, y acordar una mejora que acerque posiciones pero a través del diálogo y no desde una regulación en la que sea el “Papá Estado” el que dice que tenemos qué hacer o cuanto tenemos que pagar. En mi opinión, en el sector forestal es innecesario llegar a eso, podría ser de otra manera la solución del problema”, concluyó.

 

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