| Se trata de un área de la Selva Paranense que es única en todo en el mundo |
La denuncia fue presentada el martes ante la Fiscalía Ambiental de la Nación. Sostienen que el avance de ocupantes está provocando grave daño ambiental a un área de máxima prioridad de conservación, ya que integra la red internacional de reservas de biosfera de la Unesco. La presentación en la justicia federal fue realizada por la Cooperativa de Trabajo Restauradora de la Selva Paranaense contra brasileños que usurparon un lote hace tres años en Colonia Pepirí, San Pedro, y ni las fuerzas de seguridad nacional ni provincial lograron frenar a los “depredadores”.
Por Patricia Escobar
BUENOS AIRES Y MISIONES (30/8/2007).- Una presentación legal fue realizada el martes en Buenos Aires por Liliana Ortega, representante de la Cooperativa de Trabajo Restauradora de la Selva Paranaense, ante la Fiscalía Federal de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental -a cargo del Dr. Ramiro Gonzáles- por el grave daño que estarían realizando en el lote 8 de la Colonia Pepirí (municipio de San Pedro) ante el avance de intrusos brasileros que ocuparon la zona en forma ilícita. La demandante solicitó la intervención federal para encontrar una solución de fondo al conflicto. Se trata de un área que pertenece a la Reserva de Biosfera de Yabotí, ubicada en el límite con el Parque Provincial Moconá. Yabotí tiene una superficie total de 236 mil hectáreas, representa una reliquia ambiental, un remanente planetario que cubre el 6% de la superficie original, que se distribuye entre Argentina (75%), Brasil (2%) y Paraguay (5%). La organización internacional WWF calificó al área de “máxima prioridad de conservación”, ya que dentro de los hot spots (puntos calientes) ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en peligro de extinción. Desde la Cooperativa denunciante sostienen que hay “un inadecuado control e ineficiente infraestructura en la provincia para proteger la reserva y erradicar a los intrusos” por lo que solicitaron la intervención federal. negrita/Hechos denunciados/negrita La denuncia es contra Gilberto Díaz o Altamira Díaz y Raúl Dos Santos, ambos ocupantes ilegales que estarían acompañados en el lote por nuevos intrusos no identificados, cuya investigación se solicita en la presentación. “Días y Dos Santos estarían radicados en los dos últimos años en la mencionada Colonia y se los acusa por la posible participación en el delito ambiental tipificado en el artículo 25 de la ley 22.421, y protegido a través de la Constitución Nacional Art. 41”, fundamentaron en la denuncia. Asimismo, pidieron que se investigue a los mencionados por “realizar conductas tipificadas en el Art.200 del Código Penal, en tanto contaminan arroyos y napas freáticas con plaguicidas y exfoliantes al cultivar tabaco en cercanías de curso de agua y dentro de un área restringida, en virtud de compromisos internacionales contraídos por el país y la provincia de Misiones”. En el documento manifiestan que “durante estos últimos dos años el Escuadrón 9 de Gendarmería, en un trabajo conjunto con otros escuadrones y con los cuerpos de seguridad brasileros, incautaron y detuvieron en forma periódica a cazadores furtivos de origen brasilero, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, circunstancia que se repitió con Guarda Parques del Ministerio de Ecología de Misiones”. “La única posibilidad de ingreso a la selva argentina para los cazadores furtivos o traficantes de madera brasileros, está dada por el límite de esta área natural, por medio de los 30 km de rivera mencionados. Los kilómetros de rivera que se encuentran dentro del Parque Provincial Moconá resultan inviables para el acceso, tanto por el control que allí realizan guardaparques como por todo el parque que circunda los saltos del Moconá, que constituyen una falla geográfica de entre 80 y 100 metros de profundidad”, relataron en el escrito. “Por esta razón, y ante las periódicas incautaciones de gendarmería, la única posibilidad de acceso a la selva argentina constituye la rivera de los lotes 8, ubicados al sur del PP Moconá. Como así también, las inmediaciones de paso de contrabando, conocido como Pasaje Rosales ubicado al Norte del Parque, del que el Área Ambiental de GN puede dar información detallada”. Asimismo, Ortega agregó que el pasado junio del corriente año visitó Colonia Pepirí para reunirse con un ocupante de nombre “Neco” y su mujer, quienes residen en el área hace aproximadamente 25 años y se encuentra en tratativas con los propietarios de la tierra para la titularización de su chacra de 30 hectáreas. “Fue en esta ocasión que Neco y su esposa informaron sobre la ocupación reciente de tierras en las cercanías del puesto de Gendarmería Nacional por Díaz y Dos Santos quienes impedían con sus practicas que la empresa Juan Alberto SA (titular de las mismas) les otorgara la titularización de sus chacras y que ellos pedían que se los sacara por que lo único que hacían era cazar, desmontar y vender. Es dable informar que estas familias acordaron con los titulares de las tierras realizar una explotación sustentable que evitara la degradación del suelo y el desmonte indiscriminado, preservando las especies nativas y evitando la caza furtiva, controlando la intrusión de “ocupas” como los mencionados”, señalaron en el escrito al fiscal federal. La situación se torna delicada ante las amenazas e intimidación que ejercerían los intrusos sobre las personas mencionadas: “Esta familia pide protección, nos pedían que se sacara a los intrusos porque lo único que hacían era cazar, desmontar y vender” relató Ortega. Si bien los ocupantes manifiestan su intención de presentarse como testigos, “piden que se les garantice la protección de Díaz y Dos Santos, que están armados”. Por ello, los querellantes solicitaron que “en virtud del principio, con jerarquía Constitucional, de Precaución -establecidos en la Ley del Ambiente Nº25.675- se tomen las medidas preventivas y se realice una adecuada investigación”. De esta manera, en la denuncia relataron prácticas de desmontes, agresiones, asociaciones ilícitas, presuntas prácticas de comercio ilegal inmobiliarios en la RBY, entre otras tantas irregularidades, y todas estas situaciones fueron acompañadas con documentación y elementos de pruebas informativas. Por otra parte, desde la Cooperativa recomiendan a la Fiscalía Federal Ambiental que tenga en cuenta que “se trata de una zona rural donde las condiciones socioeconómicas son variadas y deben se analizadas en cada caso en particular, motivo por el cuál solicitamos que se identifique a los ocupantes ilegales mediante una investigación”. negrita/Acciones de control/negrita Tanto Gendarmería Nacional (Obera y Eldorado), en forma conjunta con los cuerpos de seguridad brasileros; cuerpo de guardaparques provinciales, gobierno provincial y municipal, tendrían un acabado conocimiento de los hechos y delitos ambientales denunciados pero “no cuentan con recursos suficientes en relación al recurso ambiental y al daño ambiental que se realiza en la RBY”, afirmó Ortega. El último operativo realizado, que se ofreció como prueba documental a solicitar, se realizó entre el 7 y el 10 de junio por los escuadrones 9 y 12 de Gendarmería Nacional con asiento en las localidades de Oberá y Eldorado, en forma conjunta con el cuerpo de seguridad brasilero. “Los procedimientos periódicos que se realizan, en los cuales se incautan elementos de caza, pesca, armas, motosierras y lanchas de origen brasilero, con detención de cazadores, de nada sirven una vez que los animales están muertos o cuando los árboles de gran valor ya fueron extraídos. No existe reparación posible ante la muerte de un felino de gran tamaño, cuando el cuerpo de guarda parques estima que quedan 80 en toda la provincia de Misiones y 20 en Brasil. Tampoco cuando un árbol de 200 años es extraído para hacer leña o para ser cruzado por el río hacia el Brasil. La pobreza no se frena permitiendo lo irracional”, recalcaron.
