Aunque datos oficiales difundidos el año pasado por el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, señalaban que solo el 10% de las comunidades carecía de agua y energía eléctrica, esta cifra fue rápidamente cuestionada por la organización tradicional Mbya Aty Ñeychyrõ. Sus referentes aseguraron que la situación es considerablemente más grave.
Fuente: EMIPA
MISIONES (22/3/2026).- En el marco del Día Mundial del Agua, crecen las alertas por una problemática estructural: el acceso al agua potable sigue siendo una deuda pendiente, especialmente para las comunidades Mbya Guaraní en Misiones.
De acuerdo con estimaciones de la organización tradicional Aty Ñeychyrõ, al menos el 20% de las comunidades indígenas de la provincia no cuenta con acceso a agua segura, lo que duplica el 10% informado oficialmente el año pasado por la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La diferencia en los números refleja, según los referentes indígenas, una subestimación del problema. Mientras los datos oficiales indicaban que unas 14 comunidades estaban afectadas, relevamientos propios identificaron inicialmente 25, cifra que luego superó las 30, en un contexto donde muchas situaciones no se denuncian formalmente.
“Numerosas comunidades siguen sin tener acceso al derecho humano del agua, consumiendo agua probadamente contaminada y, en algunos casos, sin ninguna fuente segura”, señalaron desde la organización.
Agua contaminada y riesgo sanitario
La preocupación no es solo por la falta de acceso, sino también por la calidad del agua disponible. Estudios realizados por el Laboratorio Agropecuario de la Universidad Nacional del Alto Uruguay confirmaron que muestras tomadas en comunidades como Puente Quemado II (Garuhapé) y Kokuere’i (San Ignacio) no son aptas para consumo humano.
Los análisis determinaron que el agua supera los niveles permitidos de coliformes totales establecidos por el Código Alimentario Argentino, lo que indica contaminación con microorganismos provenientes de materia fecal y aguas servidas.
A esta situación se suman comunidades como Yvy Porã y Takuapi Mirĩ, en Colonia Mado, donde incluso el funcionamiento escolar se ve afectado por la falta de agua potable.
La médica Mariana Mampaey advirtió que el consumo de agua contaminada “pone en riesgo de enfermedad a quienes la ingieran”, siendo niños, embarazadas y adultos mayores los grupos más vulnerables. Entre las enfermedades asociadas mencionó hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y síndrome urémico hemolítico.
Además, subrayó que esta problemática está directamente vinculada a la desnutrición infantil en zonas rurales, agravando indicadores de salud ya críticos en las comunidades Mbya.
Reclamos sin respuesta y conflicto persistente
A pesar de los reiterados reclamos, las soluciones estructurales no llegan. En comunidades como Ychongy Poty (San Ignacio), unas 35 personas permanecen sin agua desde hace más de un mes tras el corte del servicio por deudas imposibles de afrontar.
“Queremos acceder al agua segura y limpia. Tenemos derecho a hacerlo”, expresó Mario Borjas, referente del Aty Ñeychyrõ, quien reclamó mayor compromiso del Estado provincial.
El dirigente también señaló cambios ambientales profundos: “Antes las vertientes estaban protegidas dentro del monte, pero hoy se han perdido y los arroyos están contaminados”, advirtió, vinculando esta situación a modelos productivos que impactan sobre el ambiente.
El año pasado, más de 50 comunidades Mbya llevaron su reclamo a la capital provincial con una protesta de cinco días en la Plaza 9 de Julio, donde exigieron respuestas concretas, entre ellas el acceso al agua. Sin embargo, denuncian que no obtuvieron soluciones.
Una deuda en una provincia rica en agua
La paradoja es evidente: Misiones cuenta con una vasta red hídrica integrada por ríos como el Río Paraná, el Río Uruguay y el Río Iguazú, además de extensas cuencas de arroyos.
En este contexto, organizaciones indígenas y especialistas coinciden en que la falta de acceso al agua potable no responde a limitaciones naturales, sino a decisiones estructurales.
El acceso al agua fue reconocido como derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas en 2010. Sin embargo, en Misiones, su cumplimiento sigue siendo una deuda vigente para las comunidades Mbya, que continúan esperando respuestas concretas.
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