La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) expresa su profunda preocupación ante las modificaciones propuestas a la Ley 26.331, que sostienen «podrían comprometer la gestión sostenible de los bosques nativos y la prevención de incendios forestales en Argentina».
ARGENTINA (6/2/2026).- La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) difundió este jueves un comunicado de prensa con su postura institucional sobre el actual contexto de debate respecto a las modificaciones propuestas a la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Desde la Federación que nuclea a cinco colegios y consejos de Ingeniería Forestal del país, consideran imprescindible fijar una posición clara, fundada y técnicamente sólida: “La Ingeniería Forestal es una profesión regulada y también una disciplina científica, posee una responsabilidad indelegable en la protección, gestión y uso sostenible de los bosques nativos de la Argentina”, remarcan.
El documento de la FAIF se enmarca en los principios desarrollados en la conferencia del Ing. Ftal. Jaime Ledesma (COIFORM- Misiones) sobre “Los desafíos de la Ingeniería Forestal: Innovar para resistir. La Ciencia Forestal del Siglo XXI”, organizado por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde se enfatizó que “no existe desarrollo sostenible posible sin una política forestal de Estado, con visión de largo plazo, previsibilidad normativa y fuerte sustento científico”.
Rol estratégico de la FAIF
La Ingeniería Forestal articula conocimientos ecológicos, productivos, sociales, económicos y jurídicos, permitiendo planificar, ejecutar y controlar el manejo de los bosques bajo criterios de sostenibilidad. Las incumbencias profesionales reservadas al título de Ingeniero Forestal incluyen la certificación de planes de manejo, la evaluación de impactos ambientales y el control del uso de los recursos forestales.
Por su parte, La FAIF como entidad de representación federal que nuclea colegios y consejos profesionales del país, tiene la responsabilidad institucional de advertir sobre aquellas decisiones normativas que comprometen la integridad de los ecosistemas forestales, debilitan los mecanismos de control estatal y desjerarquizan el rol de los profesionales formados para su gestión.
En este sentido, su posicionamiento persigue la defensa del interés general y del cumplimiento efectivo de los principios de sustentabilidad ambiental.
Análisis crítico de las modificaciones propuestas a la Ley 26.331
Desde una perspectiva estrictamente técnica, las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 constituyen una regresión significativa en los niveles de protección ambiental alcanzados. Entre los aspectos más críticos se destacan:
• La flexibilización o eliminación de la autorización previa para desmontes en áreas Categoría I (verde)
• La habilitación del desmonte en áreas de Categoría II (amarillo), contradiciendo los objetivos fundantes de la ley.
• El debilitamiento de las Autoridades Locales de Aplicación y de los mecanismos de control y fiscalización.
• La eliminación o vaciamiento del registro de infractores ambientales.
Estas medidas desnaturalizan el espíritu de la Ley 26.331, reducen la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento y generan incentivos directos al cambio definitivo de uso del suelo, en detrimento del manejo forestal sostenible. Asimismo, introducen un escenario de mayor incertidumbre normativa que desalienta las inversiones responsables y debilita la planificación de largo plazo.
Desde la FAIF explican que “los bosques nativos no son áreas improductivas ni obstáculos al desarrollo. Constituyen sistemas complejos que sostienen economías regionales, regulan el ciclo hídrico, conservan suelos, albergan biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático”.
Señalan que la reducción de los estándares de protección ambiental no solo compromete estos servicios ecosistémicos, sino que afecta la disponibilidad futura de materia prima para la industria foresto-industrial, incrementa la vulnerabilidad de los territorios frente a eventos extremos y profundiza los conflictos socioambientales.
La gestión territorial como herramienta para la prevención de incendios
Un capítulo especial en el documento de la FAIF ocupa la problemática que frente a la crisis climáticas por temperaturas extremas se enfrenta en la ocurrencia y severidad creciente de los incendios forestales en la Argentina: “Esto no puede analizarse únicamente desde la respuesta a la emergencia. La evidencia técnica demuestra que los incendios son, en gran medida, una consecuencia directa de deficiencias en la gestión territorial, la planificación del uso del suelo y el ordenamiento ambiental”, remarcan los profesionales.
La fragmentación del paisaje, el avance desordenado de la frontera agropecuaria, la pérdida de continuidad de los bosques nativos y la ausencia de planes integrales de manejo incrementan la carga y continuidad de combustibles, favoreciendo la propagación de incendios de gran magnitud y difícil control.
En este sentido, consideran que “la Ley 26.331 constituye una herramienta central de ordenamiento territorial del bosque nativo, al establecer categorías de conservación que permiten compatibilizar producción, conservación y reducción de riesgos ambientales. Las modificaciones propuestas, al flexibilizar las restricciones de uso y habilitar cambios de uso del suelo en áreas sensibles, debilitan el rol preventivo del ordenamiento territorial y aumentan la vulnerabilidad de los territorios frente a incendios forestales, especialmente en regiones, donde el fuego interactúa con sequías recurrentes, altas temperaturas y procesos de degradación acumulada”.
Desde la perspectiva de la Ingeniería Forestal, la prevención efectiva de incendios requiere políticas públicas integradas que articulen ordenamiento territorial, manejo forestal sostenible, planificación predial y control estatal. La desregulación normativa y la reducción de exigencias técnicas no solo incrementan el riesgo de incendios, sino que trasladan los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades locales y al Estado.
Por el contrario, fortalecer la planificación territorial, jerarquizar el rol profesional y sostener marcos legales robustos es una condición indispensable para reducir la ocurrencia de incendios forestales y garantizar la resiliencia de los ecosistemas y los sistemas productivos asociados.
Posición institucional de la FAIF
En ese contexto, desde la FAIF manifiestan su firme preocupación ante las modificaciones propuestas a la Ley
26.331 y sostienen que cualquier proceso de revisión normativa debe orientarse a:
• Fortalecer el Manejo Forestal Sostenible como eje del desarrollo forestal.
• Reforzar, y no debilitar, los mecanismos de control, evaluación ambiental y fiscalización.
• Garantizar la participación efectiva de las Autoridades Locales de Aplicación.
• Jerarquizar el rol de los profesionales de la Ingeniería Forestal.
• Consolidar una Política Forestal de Estado, federal, previsible y basada en la ciencia.
La flexibilización normativa y la reducción de controles no constituyen una estrategia de desarrollo, sino un riesgo cierto para el patrimonio forestal, ambiental y social de la Argentina.
“La FAIF reafirma que los bosques nativos deben ser conservados y gestionados en pie, bajo criterios técnicos, científicos y sociales, garantizando su permanencia y productividad a largo plazo. La Ingeniería Forestal cuenta con el conocimiento y la responsabilidad profesional necesarios para aportar soluciones reales y sostenibles. Ignorar esta base técnica implica comprometer el futuro ambiental, productivo y social de la Argentina”, concluyeron.
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