El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Adolfo Safrán, expuso los avances del programa jurisdiccional REDD+ que certificó más de 10,9 millones de créditos de carbono y solicitó el respaldo de la Cancillería para acceder a mercados internacionales de mayor valor.
Fuente: Gobierno de Misiones
BUENOS AIRES. El Gobierno de Misiones presentó los avances de su Proyecto Jurisdiccional de Créditos de Carbono durante el plenario del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, realizado del 8 al 10 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, donde expuso la experiencia provincial como uno de los principales casos de innovación en financiamiento ambiental del país.
Durante el encuentro, representantes de la provincia compartieron el proceso desarrollado desde 2021 para consolidar un mecanismo que permita monetizar los servicios ecosistémicos de la Selva Paranaense, generando recursos destinados a fortalecer la conservación de los bosques nativos y promover un modelo de desarrollo sostenible.
La exposición puso de relieve que Misiones se convirtió en el primer Estado subnacional del mundo en presentar un proyecto jurisdiccional bajo el Programa JNR REDD+, certificado por el estándar internacional Verra, alcanzando hasta el momento la certificación de 10.914.085 créditos de carbono.
Reducción de la deforestación y valorización de los servicios ambientales
El programa se desarrolló sobre un territorio de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas de bosques nativos, tomando como base el primer inventario forestal validado por el Gobierno nacional.
Los resultados obtenidos permitieron certificar una reducción significativa de la deforestación en la provincia, que pasó de un promedio de 21.500 hectáreas anuales a 5.700 hectáreas por año durante el período comprendido entre 2017 y 2022, uno de los principales indicadores exigidos por los estándares internacionales para la generación de créditos de carbono.
Desde el Gobierno provincial señalaron que estos resultados posicionan a Misiones como una referencia internacional en materia de conservación de bosques y mecanismos innovadores de financiamiento climático.
Participación de propietarios privados
Uno de los aspectos distintivos del programa jurisdiccional es que contempla la participación de propietarios privados junto al Estado provincial en la distribución de los beneficios económicos derivados de la futura comercialización de los créditos de carbono.
Podrán incorporarse aquellos propietarios que cuenten con superficies de selva nativa debidamente mapeadas y registradas por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
La asignación de beneficios se realizará mediante una fórmula polinómica que considera variables como la superficie conservada y la categoría de conservación establecida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos —zonas roja, amarilla o verde—.
Asimismo, los propietarios tienen la posibilidad de desarrollar proyectos propios de carbono bajo la modalidad conocida como «anidamiento» (nesting). En esos casos deberán registrar sus proyectos para descontar los créditos generados del programa jurisdiccional y evitar la doble contabilización de reducciones de emisiones.
El Gobierno explicó que desarrollar un proyecto independiente implica elevados costos técnicos y financieros, motivo por el cual la mayoría de los propietarios —incluidas empresas forestales de primera línea— optaron por adherirse al programa provincial. Actualmente, solo 38.000 hectáreas, equivalentes al 3% del área total, quedaron excluidas del esquema jurisdiccional.
Un fideicomiso para garantizar transparencia
La administración de los recursos provenientes de la futura venta de los créditos de carbono estará a cargo de un fideicomiso diseñado para asegurar transparencia y trazabilidad en la asignación de los fondos.
El esquema contempla tres destinos principales.
Una parte financiará proyectos desarrollados por propietarios privados vinculados con los objetivos del programa, como iniciativas de restauración forestal, reforestación, conservación y acciones con comunidades indígenas.
Otra porción será distribuida entre los propietarios privados que adhieran al programa y cumplan los compromisos de conservación asumidos.
El tercer componente estará destinado a fortalecer la gobernanza ambiental mediante inversiones orientadas al control de la tala ilegal, la prevención del avance de la frontera agropecuaria, el combate a la ocupación irregular de tierras y el fortalecimiento operativo de los organismos responsables de la fiscalización ambiental.
La prioridad: acceder a los mercados regulados
Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la provincia consiste en obtener la validación formal del Gobierno nacional, a través de la Cancillería Argentina, para habilitar la comercialización de los créditos de carbono en los denominados mercados regulados o de cumplimiento.
Estos mercados concentran la demanda de empresas obligadas por normativas nacionales o acuerdos internacionales a compensar parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permite alcanzar valores significativamente superiores a los registrados en los mercados voluntarios.
Desde el Gobierno de Misiones indicaron que continúan gestionando ese reconocimiento ante la Cancillería, al considerar que su aprobación permitiría incrementar sustancialmente el valor económico de los créditos certificados y maximizar los recursos destinados a la conservación de los bosques nativos.
En caso de no obtener esa validación, la provincia solo podrá comercializar sus créditos en el mercado voluntario de carbono, donde los precios son considerablemente inferiores, limitando el potencial económico de uno de los proyectos ambientales más ambiciosos desarrollados por un gobierno subnacional en América Latina.
