La Red Agroforestal Chaco Argentina presentó su posicionamiento ante el COFEMA en el marco del debate sobre posibles modificaciones a la Ley 26.331. La organización sostiene que reducir los niveles de protección del bosque nativo sería incompatible con el principio de no regresividad ambiental y podría afectar la resiliencia productiva, social y ambiental de los territorios.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
CHACO (13/3/2026).- En el contexto del debate nacional sobre eventuales cambios en la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) es una de las más de 30 organizaciones que presentaron ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) su posición institucional respecto de las iniciativas que buscan modificar esta normativa.
ArgentinaForestal.com aborda los temas forestales, foresto-industriales y ambientales desde una perspectiva de interés público, donde la información técnica, científica y productiva se integra para explicar de cara a la sociedad por qué los bosques son estratégicos para el desarrollo del país y qué se pierde con estas modificaciones propuestas hoy en debate.
REDAF es una organización de la sociedad civil dedicada a promover el desarrollo sostenible en la región chaqueña, y forma parte de las más de 30 entidades que expusieron sus análisis y recomendaciones en el proceso de diálogo convocado por el organismo federal.
Desde la entidad se remarcó que la Ley 26.331 constituye una norma de presupuestos mínimos dictada en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, cuyo objetivo es ordenar territorialmente el uso del bosque nativo, establecer criterios comunes en todo el país y garantizar que el desarrollo productivo se realice bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, equidad social y previsibilidad institucional.
Desde su sanción en 2007, la normativa permitió que todas las provincias implementaran su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), consolidando una herramienta fundamental para la planificación territorial y la reducción de conflictos socioambientales.
En regiones como el Gran Chaco, una de las áreas forestales más extensas de América del Sur, este instrumento fue considerado un marco de referencia indispensable para compatibilizar producción, conservación ambiental y derechos de las comunidades locales.
El principio de no regresividad ambiental
En su análisis, REDAF sostiene que cualquier modificación a la Ley 26.331 que implique una reducción del nivel de protección alcanzado debe evaluarse a la luz del principio de no regresividad ambiental, establecido en la Ley General del Ambiente (Ley 25.675).
Este principio establece que toda nueva legislación o política pública en materia ambiental debe sostener o incrementar los niveles de protección vigentes, así como preservar los derechos adquiridos y los marcos regulatorios destinados a garantizar el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la gestión adecuada del ambiente.
De acuerdo con la organización, los estándares ambientales alcanzados no deben disminuirse mediante decisiones de política pública.
“La protección del bosque nativo no es una restricción a la producción, sino una garantía estructural para el desarrollo sostenible de los territorios”, sostienen desde REDAF.
La organización advierte también, en coincidencia con AFoPe, Aves Argentinas, FAIF y MAELA que frente a una eventual flexibilización del régimen de desmontes —especialmente en categorías actualmente destinadas a conservación o manejo sostenible— podría aumentar la vulnerabilidad de los territorios frente a incendios forestales, inundaciones y degradación de suelos.
Estos procesos impactarían directamente sobre poblaciones rurales, productores familiares y comunidades indígenas que dependen de los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
Según señalan, la evidencia técnica disponible indica que la pérdida de cobertura forestal genera costos económicos y sociales superiores a los beneficios de corto plazo asociados al cambio de uso del suelo.
Leer más:
Participación y legitimidad de las reformas
REDAF también subraya que la modificación de una ley de presupuestos mínimos ambientales requiere garantizar procesos adecuados de información y participación pública.
La Ley General del Ambiente (25.675) reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que puedan afectar el ambiente, mientras que la Argentina ha ratificado el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que refuerza los estándares de transparencia, participación y acceso a la información.
En ese sentido, la organización sostiene que la legitimidad de cualquier reforma estructural depende de procesos federales, transparentes y participativos, que incluyan especialmente a las comunidades directamente involucradas en los territorios forestales.
Leer más:
Bosques nativos como infraestructura estratégica
Desde una perspectiva de desarrollo territorial, REDAF plantea que el bosque nativo constituye una infraestructura natural estratégica.
Estos ecosistemas cumplen funciones en la regulación hídrica, la conservación de suelos, la captura de carbono y la preservación de la biodiversidad, además de sostener economías regionales basadas en el manejo forestal sostenible, la ganadería integrada y otras actividades productivas de bajo impacto.
Debilitar el marco normativo que regula su uso, advierten, podría comprometer la resiliencia productiva y social de amplias regiones del país, especialmente en el norte argentino.
Un debate con implicancias internacionales
El análisis también incorpora el contexto internacional en el que se desarrolla el debate.
Según plantea REDAF, el entendimiento político alcanzado en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea establece exigencias crecientes en materia de trazabilidad ambiental y cumplimiento de estándares vinculados a la deforestación.
En ese escenario, la estabilidad normativa y la coherencia de la política forestal argentina representan un activo estratégico para la competitividad de las cadenas productivas exportadoras.
Desde la organización consideran que los principales desafíos asociados a la Ley 26.331 no se encuentran en su diseño normativo, sino en su implementación.
Entre ellos destacan el financiamiento insuficiente del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, las debilidades en los sistemas de monitoreo y control y las limitaciones institucionales existentes en algunas jurisdicciones.
Por ello, desde una perspectiva de política pública, sostienen que la respuesta adecuada es fortalecer la ejecución de la normativa vigente, mejorar la coordinación federal y consolidar capacidades técnicas provinciales, en lugar de reducir los estándares de protección.
Una agenda de desarrollo con bosques
En su posicionamiento presentado ante el COFEMA, REDAF sostiene que:
- No resulta adecuado avanzar en modificaciones regresivas de la Ley 26.331.
- Toda reforma ambiental debe respetar el principio de no regresividad y el mandato constitucional del artículo 41.
- Las modificaciones sustanciales deben garantizar procesos participativos amplios, federales y transparentes.
- La política forestal argentina debe alinearse con los compromisos climáticos, de biodiversidad y comerciales vinculados a cadenas productivas libres de deforestación.
- La prioridad institucional debe centrarse en fortalecer la implementación efectiva de la ley, su financiamiento y la coordinación interjurisdiccional.
Finalmente, la organización remarcó que proteger los bosques nativos no constituye una posición sectorial ni exclusivamente ambiental, sino una condición esencial para un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y territorialmente equilibrado.
En este marco, REDAF reafirmó su compromiso con una agenda de desarrollo que integre producción, inclusión social y conservación, y puso a disposición del COFEMA su experiencia técnica y territorial para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas a la protección y el manejo sostenible de los bosques nativos en la Argentina.
Leer más:
