Ley Yolanda | Promueven la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación inició el dictado de capacitaciones en el marco de la Ley Yolanda, que cuentan con la asistencia de más de 8 mil personas de la administración pública capacitadas. Se orienta a la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con énfasis en cambio climático.

 

Fuente: Ministerio de Ambiente de la Nación

 

Buenos Aires, 4 de julio de 2022.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación inició un programa de capacitaciones en el marco de la Ley Yolanda, que cuentan con la asistencia de más de 8 mil personas de la administración pública capacitadas.

La Ley Nº 27.592, o Ley Yolanda, tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.

Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020. Su nombre es en homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.

El objetivo de la formación -que se desarrolla de manera virtual, autogestionada y que cuenta con ocho módulos- es para que las y los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, planificación e implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible.

Son más de 45 los organismos públicos y descentralizados que ya la iniciaron a través de la plataforma del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP): la Secretaría a General de la Presidencia; la Jefatura de Gabinete de Ministros; los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Territorial y Hábitat; Economía; Educación; Interior; Mujeres, Géneros y Diversidad; Obras Públicas; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Salud; Seguridad; Transporte; y el Ministerio Público de la Defensa.

También están contemplados organismos descentralizados como la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Correo Argentino.

Además, adhirieron a la Ley la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En tanto, Formosa, La Pampa, Misiones y Santa Fe están en proceso de adhesión.

Por su parte, el Poder Judicial realizó una capacitación propia acreditada por el Ministerio de Ambiente -autoridad de aplicación desde abril de 2021-, que finalizó su primera cohorte con 195 participantes, en tanto la segunda ya cuenta con 300 inscriptos e inscriptas.

 

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