Investigación expone al mundo la explotación forestal ilegal de madera en la Amazonia peruana

“Un reciente informe de la ONG Británica Global Witness, da cuenta que nuestro país encabeza la penosa cifra de ser la nación con los más altos índices de muertes de defensores del medio ambiente en el mundo”. Seis años después de la mayor incautación de este material jamás llevada a cabo en la Amazonia peruana, la organización Proética ha publicado un meticuloso informe con el objetivo de identificar a los actores clave en las redes de tráfico.

Fuente: El Paìs

 

PERU (24/8/2021).- El buque Yacu Kallpa partía en diciembre de 2015 desde el puerto de Iquitos (Perú) a través del río Amazonas con destino a República Dominicana, México y Estados Unidos cargado con 9.711 metros cúbicos de madera, el equivalente a lo que pueden transportar unos 450 camiones de carga pesada. Las empresas peruanas dedicadas a la exportación de este recurso utilizaban este navío para hacer llegar una carga que, aparentemente, disponía de todos los documentos legales hasta sus compradores.

Sin embargo, este envío estaba siendo investigado dentro del operativo internacional Operación Amazonas 2015 al descubrirse que casi la totalidad de la mercancía tenía una procedencia ilegal. Los miles de tablones que se encontraron en el Yacu Kallpa y que procedían de zonas no autorizadas de la selva estaban registrados con documentos oficiales, pero con información falsa.

“La madera ilegal no puede ser comercializada, pues necesita documentos que le den apariencia de legalidad”, explica Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) y especialista en tala ilegal. El lavado de madera consiste en procurar esos documentos, con los que ya se puede introducir el material en los canales de venta, indica.

Esta práctica contribuye directamente al cambio climático, pues representa un 17% de las emisiones de carbono en el mundo; además, pone en peligro los medios de vida de las personas que dependen de los recursos forestales y provoca desigualdades sociales e, incluso, el asesinato de líderes indígenas y activistas.

Para poder extraer el material legalmente de los bosques de la Amazonía peruana, los madereros tienen que tener una concesión otorgada por el Estado que le permite extraerla selectivamente de diferentes fracciones de esa área para que así el bosque se vaya regenerando. Para ello, deben preparar un inventario avalado por un ingeniero forestal adscrito a un listado oficial. Una vez realizado dicho inventario, las autoridades deben verificarlo en el campo. Algo que como afirma Julia “no suele hacerse”. Al final, se acaba validando lo que los empresarios dicen que van a extraer, no lo que realmente extraen.

En una investigación llevada a cabo por Global Witness con filmaciones secretas a algunos de los exportadores de madera involucrados en la Operación Amazonas 2015, Adam Andrews, gerente general de Corporación Industrial Forestal contaba, que había gente “que pagaba un consultor especializado, le daba unas coordenadas y decía que ahí había mil árboles cuando en realidad lo que había era un pastizal”.

Un sistema aparentemente sencillo, pero para el cual es necesario contar con una larga red de actores involucrados. Con el fin de comprender mejor cómo se articulan estas redes, la organización Proética, que lleva más de 15 años luchando contra la corrupción en Perú, ha publicado un minucioso estudio titulado Yacu Kallpa – Operación Amazonas 2015. Estructuras de poder del tráfico ilegal de madera.

En un primer momento, el equipo de Proética recopiló toda la documentación que les permitiera comprobar la trazabilidad del cargamento desde las declaraciones aduaneras hasta los Planes de Manejo Forestal (PMF) que demostraba que esos árboles existían en el terreno. Fue una tarea muy compleja, puesto que, en un principio, las solicitudes que realizaron para obtener documentación les fueron denegadas y tuvieron que apelar al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que les acabó dando acceso a ella. Lograron consultar unos documentos que luego cotejaron con las comprobaciones realizadas en el terreno por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

Además de comprobar el origen de los troncos, identificaron a los consultores, profesionales y funcionarios involucrados en el proceso de aprobación de dichos PMF. Los resultados del estudio arrojan que 13 consultores fueron los encargados de elaborar un total de 52 PMF con información falsa, y que estos mismos se usaron para amparar la comercialización de la madera extraída ilegalmente y transportada en el Yacu Kallpa. Posteriormente, los Planes de Manejo Forestal (PMF) fueron aprobados por 12 gestores que dieron el visto bueno a los informes técnicos.

El siguiente proceso burocrático necesario para obtener los permisos para extraer legalmente tiene que ver con la inspección ocular de tales PMF. En el estudio se identifican hasta un total de 11 profesionales que los aprobaron sin advertir ninguna irregularidad. Finalmente, se identificaron hasta nueve funcionarios más que firmaron las resoluciones administrativas aprobándo los PMF que fueron utilizados para dar apariencia legal a la madera extraída ilegalmente. En el cargamento incautado se pudo constatar que había 11 empresas peruanas exportadoras involucradas y que el 88% de la carga tenía una procedencia ilegal. La que iba a ser exportada a República Dominicana, México y Estados Unidos.

La tala ilegal de madera contribuye directamente al cambio climático representando un 17% de las emisiones de carbono mundiales

El estudio concluye alegando que toda la información referente a la operación “se encuentra en las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental” y que después de más de cinco años del escándalo “los responsables no han sido todavía penalizados” a pesar de que el Código Penal peruano lo establece en su artículo 314°-B, que contempla penas privativas de libertad de entre cuatro a seis años y la inhabilitación de uno a seis años.

 

 

 

 

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