El operativo policial inició por la mañana, con la detención del cacique (mburuvicha) Santiago Ramos, e incluyó por la tarde el traslado de mujeres y niños a una comisaría y la detención de al menos siete hombres, en un clima de tensión. Desde el Equipo Misionero Pastorial Aborigen denuncian que «hay avasallamiento del Estado provincial, y vulneración de derechos por parte por parte del propietario denunciante por supuesta usurpación de tierras». Ausencia de la Dirección de Asuntos Guaraníes en un escenario agravado por la derogación de la Ley 26.160.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
Fuente y fotos: EMIPA
MISIONES (5/5/2026).- La disputa por la tierra entre comunidades Mbya Guaraní y empresas privadas en Misiones volvió a escalar esta semana con un episodio que expone la fragilidad institucional en torno a estos conflictos históricos. En la localidad de Garuhapé, la detención del cacique (mburuvicha) Santiago Ramos, líder de la comunidad Mbya Puente Quemado II, y un posterior operativo policial en el territorio encendieron alarmas por presuntas violaciones de derechos y un posible “desalojo encubierto”, denunció EMIPA (Equipo Misionero Pastoral Aborigen).
El procedimiento judicial se concretó este martes en el marco de una causa por “supuesta usurpación” impulsada por un propietario de bosques nativos Alfredo Ruff, vecino de la comunidad, y tramitada en el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico. Ramos fue trasladado a la comisaría local, en un contexto que organizaciones sociales y referentes indígenas consideran de creciente criminalización del reclamo territorial.
El lote en disputa forma parte de un territorio relevado bajo la Ley 26.160, normativa vigente desde 2006 que reconocía la ocupación ancestral de comunidades indígenas y suspendía desalojos hasta tanto se completara el relevamiento técnico-jurídico-catastral a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, el escenario cambió de manera significativa tras la derogación de esta ley mediante el Decreto 1083/2024 del gobierno de Javier Milei, que dejó sin efecto el régimen de emergencia territorial indígena vigente durante 18 años. La medida, orientada a promover inversiones y reforzar derechos de propiedad privada, reconfiguró el marco legal y profundizó tensiones latentes entre comunidades y propietarios en el territorio.
Denuncias por irregularidades en el procedimiento
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) calificaron la detención de Ramos como “ilegítima”, al sostener que “nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”. En un comunicado difundido tras el operativo, la organización denunció además irregularidades en el accionar policial.
“Los efectivos ignoraron disposiciones internas que establecen que cualquier notificación a comunidades Mbya debe realizarse por escrito, en castellano y guaraní, y con presencia de intérpretes. Nada de esto fue respetado”, señalaron.
El hecho se produce pocos días después de que el caso de Puente Quemado II fuera presentado ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde la lideresa Mbya Keila Zaya denunció la falta de respuesta del Estado argentino frente a los reclamos territoriales, así como el avance de actividades productivas sobre tierras comunitarias.
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Operativo policial y traslado de familias: todos a la comisaría
La situación se agravó horas después de la detención del cacique. Según denunciaron desde EMIPA, un nuevo operativo policial ingresó al territorio con varios patrulleros y trasladó a hombres, mujeres y niños a la comisaría de Garuhapé.
“El procedimiento fue abrupto, sin explicaciones claras, generando temor y desconcierto en las familias”, indicaron. Además, confirmaron la detención de al menos siete hombres, a quienes se les secuestraron los teléfonos celulares.
Una vez en la dependencia policial, las mujeres fueron interrogadas sobre datos personales y familiares, y separadas de los hombres. Para las organizaciones, este accionar constituye “una grave vulneración de derechos”, especialmente por involucrar a niños en un procedimiento sin garantías adecuadas.
Escalada de un conflicto estructural
El episodio refleja la complejidad de un conflicto que lleva décadas sin resolverse en la provincia, atravesado por la superposición de derechos, la falta de políticas públicas sostenidas y la ausencia de mecanismos efectivos de mediación.
Para las comunidades Mbya, el caso se inscribe en un proceso más amplio de pérdida territorial y presión sobre sus modos de vida. Para el sector empresarial, en tanto, se trata de garantizar seguridad jurídica sobre tierras productivas.
Mientras tanto, organizaciones sociales advierten que la judicialización de estos conflictos, sumada a operativos policiales en territorios en disputa, profundiza la crisis y aleja soluciones de fondo.
En este escenario, crecen los reclamos por la liberación de Santiago Ramos y por la intervención de organismos estatales que permitan encauzar el conflicto en un marco de diálogo, respeto a los derechos indígenas y seguridad jurídica para todas las partes.
