El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, decidió retomar el espacio institucional de discusión de la operatoria de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, que tuvo su última reunión en mayo de 2009. La reunión se realizará este martes 11 de junio, a partir de las 14 horas, en el Salón de la DIPROSE (Av. Belgrano 456, piso 5), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Será el primer encuentro con todos los integrantes y que estará bajo la coordinación del director nacional de Foresto-industria, Nicolás Laharrague. Se planteará nuevamente la burocracia que frena el pago de los incentivos forestales y la necesidad de agilizar el desembolso de estos subsidios para los pequeños productores, ante la crisis económica que pesa sobre la actividad y que los desalienta a seguir plantando. Por otra parte, solicitarán información respecto a la ejecución del nuevo instrumento de PROSA con el Fondo de Seguro Verde.
Por Patricia Escobar
BUENOS AIRES Y MISIONES (8/6/2019).- En la actual gestión, en el ámbito de la Dirección Nacional de Foresto-industria de la Secretaría de Agroindustria a cargo de Nicolás Laharrague, se priorizó en primer lugar lograr la sanción de la ley que prorrogaba por segunda vez el régimen por 10 años más (2019-2029), ya que cumplía su plazo de vigencia en enero del corriente año. Y por otro lado, otra prioridad en 2018 fue lograr la búsqueda de financiamiento alternativo que permita fortalecer el mecanismo de promoción en el tiempo.
Tras seis reuniones sectoriales en 2018, con algunas modificaciones y nuevos desafíos para avanzar hacia un desarrollo forestal del país, se logró la sanción del Congreso Nacional por la prórroga del sistema de promoción forestal, y también la firma voluntaria con un grupo de compañías de aseguradoras y la Superintendencia de Seguro para instrumentar un Fondo de Seguro Verde, extrapresupuestario a la partida anual de los 100 millones de pesos aprobadas para el sector forestal, y que desde 2019 estaría en marcha en su ejecución.
Pero la operatoria arrastra -en sus 20 años de vigencia- muchas críticas por las dificultades administrativas y técnicas entre Nación-Provincia por parte de los productores que reclaman se agilice el pago del incentivo forestal -como se reconoce a los Aportes Económicos No Reintegrables-, y que lleva a una demora -entre la presentación de los mismos y el cobro- de más de cinco años años, desactualizado en costos por implantación. También, otra realidad es que se presentaban demoras significativas en las aprobaciones del beneficio de Estabilidad Fiscal a las empresas forestales.
Desde el área Forestal de Agricultura explicaron en varias oportunidades que en el último año se trabajó en movilizar los expedientes, y en paralelo, se llevó adelante el debate por lograr un consenso por la prórroga de la Ley que, finalmente, fue logrado el objetivo sectorial a partir de las seis reuniones coordinadas en el ámbito de la Dirección Nacional de Foresto-industria de la Secretaría de Agroindustria.
En cuanto a los anuncios de envíos ejecución de pagos millonarios, hay diferencias con las provincias en las que aseguran los «fondos no llegan».
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Tras lograr la sanción de la prórroga de la Ley, está pendiente la aprobación del Decreto Reglamentario por parte de Agroindustria y posterior adhesión de las provincias forestales al régimen, un trámite jurídico pendiente para poder avanzar administrativamente en forma ordenada en las presentaciones de la convocatoria para la Campaña Forestal 2019.
También se reclama a la Nación información precisa respecto al estado en tránsito de los expedientes, la deuda actual con los plantadores y el destino de los pagos en 2018 y durante el trimestre del presente año, de los fondos del presupuesto anual a ejecutar y del mecanismo que se instrumenta para el pago correspondiente a los productores del nuevo Fondo del Seguro Verde que ya está en marcha a través del PROSA.
Desde que asumió en la Dirección, Laharrague tomó como prioridad en su gestión sistematizar y transparentar la comunicación con los actores y la comunidad, en todo lo referente al régimen, ya que se trata de administrar fondos públicos. Producto de ello, desde fines de 2018 la página de internet dispone del servicio online con el “Buscador de Resoluciones” del régimen, que es abierto a toda persona y contiene toda la información precisa sobre todos los pagos efectuados en este periodo de gestión y con anterioridad a Laharrague.
El link donde se pueden visualizar las resoluciones de pago originales en archivos de pdf y acceder a la herramienta es el siguiente: Agroindustria /DesarrolloForestoIndustria/Visualizador/Buscador
En el caso de Misiones, la Provincia solicitó información del estado de casi dos mil expedientes elevados para su aprobación de pago, en marzo del corriente año, y asegura que la deuda con los pequeños productores asciende a 350 millones de pesos.
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Convocatoria a Comisión Asesora
Finalmente, un nuevo paso se dará tras la convocatoria realizada por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, a los representantes de toda la Argentina forestal, al retomar las reuniones de Comisión Asesora, ámbito institucional que por ley se estableció como espacio sectorial para analizar y debatir la instrumentación de la operatoria de la Ley 25.080 de Inversiones Para Bosques Cultivados (hoy Ley 27.487).
La reunión se realizará a partir de las 14 horas, en el Salón de la DIPROSE , Av. Belgrano 456, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Será el primer encuentro en este marco institucional de Comisión Asesora que estará coordinado por el director nacional de Foresto-industria (DNFI).
Se espera que estén presentes productores, empresarios, asociaciones, federaciones y consejos de profesionales vinculados en presentación de planes forestales, extensionistas y técnicos, viveristas, como directores de Bosques y Forestales de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, entre otras con potencial forestal plantearán sus realidades e inquietudes respecto a esta nueva etapa del régimen que tiene metas establecidas como alcanzar incrementar la superficie forestada a 2 millones de hectáreas al 2030.
Desde Agricultura, informarán el martes el estado real del tránsito de los expedientes elevados por las provincias de todo el país en la órbita de la administración nacional para su correspondiente inspección y certificación, los motivos de la demora para la resolución de pagos y ejecución de los fondos correspondientes, los montos destinados a las provincias, y desde allí comenzarán con el cruzamiento de datos para analizar e identificar las dificultades e inquietudes que permitan agilizar la operatoria y brindar mayor transparencia y agilidad en la comunicación entre los propietarios, profesionales, Provincias y la Nación.
En este sentido, también expondrán las autoridades nacionales en la reunión los avances que llevan adelante en la Administración Forestal para instrumentar un sistema de informático más eficiente, que permitirá la digitalización de los expedientes y así solucionar en parte las demoras en los trámites y hacer más eficiente la comunicación entre las partes, principal cuello de botella de la operatoria.
Nueva etapa, hacia una forestación sustentable
Este desafío de incrementar la superficie forestada a 2 millones de hectáreas significa mantener un ritmo de más de 100 mil hectáreas por año. No solo es una meta estratégica para la planificación para el abastecimiento seguro de las industrias del sector en largo plazo, sino que responde a un compromiso ambiental internacional al que adhirió el sector forestal argentino respecto a la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa Naciones Unidas, sumado al convenio firmado por el Gobierno Nacional en el Acuerdo de Cambio Climático en París.
La normativa de la Ley 25.080 estará alineada en los próximos 10 años al Plan Estratégico de la ONU, con políticas que impulsen a una Argentina forestal “sostenible”, donde la certificación forestal con acciones y metas asociadas a los 6 Objetivos, a saber:
Objetivo 1: Revertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal y contribuir a las iniciativas para hacer frente al cambio climático.
Objetivo 2: Potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques nativos y las plantaciones forestales sustentables.
Objetivo 3: Aumentar la superficie de los bosques protegidos y gestionados en forma sostenible.
Objetivo 4: Movilizar recursos financieros para la gestión sostenible de los bosques y fortalecer la cooperación y las alianzas en materia científica y tecnológica.
Objetivo 5: Promover marcos de gobernanza a partir del instrumento de las Naciones Unidas sobre los bosques y la contribución de los bosques a la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.
Objetivo 6: Mejorar la cooperación, la coordinación, la coherencia y las sinergias en las cuestiones relacionadas con los bosques a todos los niveles.
