| No habrá avenimiento en Fiscalía de Estado |
La empresa inició una demanda millonaria contra el Estado provincial por «daños y perjuicios» al inmovilizar sus actividades económicas durante estos cuatro años, disconformes con el proceso de expropiacion que establece la Ley 4093.
Por Patricia Escobar
MISIONES (15/9/2008).- El empresario Ricardo de la Serna, socio administrador de Puente Alto SA, analizó la problemática de la intrusión en todo su contexto, y sostuvo que es consecuencia «de la falta en Argentina de un modelo de país, de ausencias de políticas de Estado para el desarrollo, de falta de planificación estratégica y seguridad jurídica». Para el directivo «este conflicto necesita de la aplicación de ley en tiempo y forma, así se resuelve el tema ambiental, económico y social, pero la ley nunca se aplicó». Con respecto a la vigente ley de Expropiación, sostuvo que es una «farsa» y que «el Estado siempre estuvo ausente. El gobierno calmo los ánimos con los intrusos con la ley, pero no la ejecuta, entonces los propietarios somos los perjudicados. Mientras tanto, el intruso siguió trabajando, otros siguen quemando, están los que obtienen rédito de la tierra que nos es propia y no pagan nada», cuestionó. Por otra parte, afirmó que por parte de la empresa existió intención de cerrar un acuerdo para salir del conflicto, pero no permitirán que «avasallen» sus derechos. Por otra parte, cuestionó la inacción de la Justicia en la provincia sobre esta problemática. «Es un desastre, nos hemos cansado de presentar denuncias por el ingreso de nuevos intrusos y nunca hicieron nada. En Misiones no hay independencia de la Justicia. En todo este conflicto hay una cadena de circunstancias que hace que «nada ocurra», no hay garantías de nada», aseveró. negrita/Demanda millonaria/negrita En ese contexto, el directivo de Puente Alto adelantó que decidieron llevar adelante acciones judiciales por medio del estudio jurídico Casaggne Abogados -especializado en Derecho Público y Regulación Económica- contra el Estado provincial por «daños y perjuicios» al inmovilizar sus actividades económicas durante estos cuatro años, y según advirtió «la demanda será millonaria». «A nosotros nos están obligando a vender para solucionar el problema del Estado, la intrusión nos está obligando a vender estas tierras», dijo. De esta manera, de la Serna expuso la decisión de la compañía de litigar por el valor de sus tierras, y como cualquier otra operación, «hasta que no te depositan la plata no entregas el inmueble». «No estamos de acuerdo con lo que quieren pagar, realmente lo que proponen en la Fiscalía es una estafa», dijo.
