| Opinión |
La Gazeta de Tucumán. MARZO 2006.- Hemos informado acerca de la denuncia penal formulada por la Defensoría del Pueblo respecto de la tala ilegal de cedros y de nogales consumada en el paraje Mundo Nuevo, en la localidad de San Pablo, al pie de Villa Nougués. Según el defensor, se trata del delito de daño a bienes rurales, que tipifica el Código Penal, con pena de reclusión o prisión de entre 3 y 10 años. La cantidad de ejemplares talados ascendería a 300. La zona donde se llevó a cabo esta depredación es una pendiente, en la que los árboles derribados cumplían el papel clave de proteger el suelo, ya que actuaban como defensa natural contra aludes e inundaciones. Asimismo, venían a ser reguladores del régimen de aguas que se originan en el cerro San Javier. Resulta de todo punto de vista positivo que el defensor haya encarado una cuestión como la referida. A esta altura de la historia, ya se conoce perfectamente la incalculable trascendencia que tiene para toda comunidad proteger debidamente los elementos del medio natural, dentro del cual árboles y bosques tienen sitio de privilegio. Ya a comienzos del siglo que pasó, hombres eminentes, como el fundador de la UNT Juan B. Terán, hicieron una enconada defensa de nuestros bosques y selvas. En 1916, Terán advertía: “la conservación y cuidado de los recursos naturales plantea un problema moral de solidaridad”, ya que las generaciones presentes no tienen derecho a ejecutar actos que puedan causar “la pobreza de las generaciones futuras, por la transformación inhospitalaria del medio físico, ya que no se ignora que la devastación de los bosques trae la sequía, los torrentes, la sequedad de la atmósfera, la esterilidad de la tierra”. A su juicio, “no hay actos más antipatrióticos que cortar árboles y talar bosques”. A casi un siglo de tales expresiones, alarma advertir que actitudes tan condenables se continúen reiterando, a pesar de la frondosa protección legislativa nacional y provincial que en teoría existe. El caso que denuncia el defensor del pueblo, dista de ser único entre nosotros. Varias veces, en esta columna y en la información, hemos tocado con detención el tema. Efectos especialmente dañosos de la tala se advierten en el camino a los Valles Calchaquíes, a lo que se suma el incendio de hace algunos años en esos parajes. El corte de ejemplares ha dejado sin freno a los torrentes, como puede advertirse a simple vista. De allí es que las lluvias produzcan, a cada rato, cortes en dicha ruta, por un desmoronamiento del cerro que no se produciría si estuvieran los árboles para afirmar el terreno. Quienes frecuentan ese camino, a menudo se topan con camiones que transportan inmensos troncos. Sin duda, debiera instruirse debidamente a la Policía para que el personal que controla la papelería de los automotores se dedicara, también, a exigir los comprobantes de autorización oficial correspondiente a tales cargas. Ello operaría como un concreto disuasivo de la actividad que, como decimos, constituye no sólo un franco delito, sino también una agresión irreparable contra ese medio ambiente que debiéramos proteger a todo trance. La verificación sugerida, obviamente, tendría que complementarse con una enérgica tarea de “policía de bosques”, que en otras partes del país y del mundo se practica como algo constante y habitual. Como varias veces se ha dicho, la protección de nuestro equilibrio ecológico no puede dejarse librada a la buena voluntad de los habitantes, ya que estos, lamentablemente, suelen anteponer las consideraciones económicas a los cuidados ambientales. Así, sólo la autoridad del Estado, puesta en acción, puede impedir tan dañosos actos.
