| Opinión |
Los fallos de la Corte declarando la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo implica el retorno de la temática de siniestros laborales al ámbito del conflicto judicial. Tradicionalmente lo que sucedió fue que producido el distracto del contrato de trabajo el trabajador presentaba una demanda en la justicia laboral reclamando un siniestro. En este marco, adquiere importancia el hecho de que alrededor del 80% de los trabajadores que perdieron su empleo trabajaban en pequeñas empresas con menos de 25 trabajadores.
Por: Jorge Colina. Investigador, jefe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).Fuente: Pymes@Digital
BUENOS AIRES (26/09/2004). Los juicios por enfermedades y accidentes laborales se producen, en su gran mayoría, luego de producido el distracto laboral. En la práctica, operan como un «suplemento» a la indemnización por despido prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. En este sentido, cobra importancia analizar cuáles son las empresas que con mayor frecuencia rotan su personal. Según datos de la EPH para el IV trimestre del 2003: · Entre las empresas con hasta 25 trabajadores, la incidencia del empleo no registrado alcanza el 72%, se pagan salarios que en promedio llegan a $530 y representan dos tercio del empleo total. Estas empresas generan el 81% de los despidos. · Entre las empresas con entre 25 y 100 trabajadores, la incidencia del empleo no registrado es del 21%, pagan salarios del orden de los $880 y representan 17% del empleo total. Estas empresas generan 10% de los despidos. · En las empresas con más de 100 trabajadores el empleo no registrado alcanza al 11%, se pagan en promedio salarios del orden de los $1.250, representan el otro 17% del empleo total y producen sólo el 9% de los despidos. Las diferencias en el perfil de las empresas, por su diferente tamaño, son demasiado profundas como para suponer que la litigiosidad tendrá impactos similares. Cabe esperar que, en términos generales, los comportamientos sigan la siguiente lógica. Entre las empresas más chicas, en la que se encontraría alrededor del 80% de los trabajadores que perdieron su empleo, prevalecerá el hecho de que trabajaban en pequeños establecimientos con bajos niveles de productividad. El masivo apego a la informalidad, la fragilidad financiera cuando no una situación de cuasi insolvencia, seguramente desalentará muchos juicios, ya que las probabilidades de cobrarlos son muy bajas. El efecto más negativo de introducir métodos litigiosos es que se agrega un nuevo factor que juega en contra de estas empresas y sus trabajadores para salir de esta precaria situación. En las empresas medianas y grandes, la situación es diferente. En general, operan en la legalidad y les resulta difícil apelar a la insolvencia para eludir las consecuencias de un juicio. Si bien es cierto que la rotación de trabajadores es más baja que en las empresas pequeñas (con lo cual la exposición a juicios se reduce), de todas formas, el riesgo financiero de la litigiosidad es igualmente importante. En este segmento, lo más probable es que se extreme la cautela en la política de contrataciones. Se trate de diferir nuevas contrataciones y, cuando se contrate, se prefieran trabajadores más jóvenes y en buen estado de salud para disminuir las probabilidades de futuros juicios laborales. Además, se pagarán salarios mas bajos para generar una «reserva» destinada a financiar futuros litigios. Los datos sugieren que la mayoría de los trabajadores no percibirá ningún beneficio directo, ya que al estar vinculados a pequeñas empresas, financieramente débiles, las posibilidades de cobrar un juicio son remotas. Lo contrario ocurre con el segmento de las empresas medianas y grandes, donde si bien la rotación de personal es baja, algunos trabajadores podrán beneficiarse con sentencias a su favor. El impacto sobre al equidad es doblemente negativo. En términos globales, porque al introducir un factor de incertidumbre se debilita la capacidad de generación de empleos. En términos más específicos, porque entre los trabajadores en situación social mas vulnerables (trabajadores de pequeñas empresas, contratados «en negro», y a muy bajos salarios) la probabilidad de perder el empleo son mucho más altas y la de cobrar un juicio, muy remotas.
