La cacique de la comunidad Mbya Pindoty’i denunció en la comisaría local el jueves un proyecto de loteo residencial, ubicado a unos 300 metros de la Casa de Horacio Quiroga y cerca de la Playa del Sol. Los titulares registrales demostraron ante los organismos correspondientes tener el dominio del predio desde hace más de tres décadas y contar con mensuras y planos aprobados por Catastro y el Municipio. Sin embargo, desde EMIPA informaron que se trata de territorio relevado en el marco de la Ley 26.160.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (30/5/2026).- Un nuevo escenario de colisión de derechos constitucionales y tensión territorial se registra en la localidad de San Ignacio, sumando un capítulo más a la compleja disputa socioambiental que atraviesa la provincia de Misiones por la falta de regularización definitiva de tierras de las comunidades Mbya Guaraní.
En esta oportunidad, la Comunidad Mbya Pindoty’i asentada en la localidad de San Ignacio, denunció ante las autoridades policiales el jueves la instalación de cartelería para un desarrollo inmobiliario denominado «Santa Mónica», alegando que el proyecto avanza sobre un perímetro relevado en el pasado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) bajo el marco de la hoy prorrogada y debilitada Ley Nacional 26.160.
La contraparte técnica y legal desarma el argumento de la ilegalidad. De acuerdo con la documentación oficial a la que accedió ArgentinaForestal.com, las 14 hectáreas que componen la propiedad global pertenecen a titulares de dominio registrados, quienes además son ciudadanos originarios de San Ignacio. El loteo en cuestión abarca una superficie de solo 3 hectáreas, ubicadas estratégicamente en una zona de alta valoración patrimonial y turística: a unos 300 metros de la histórica Casa de Horacio Quiroga y en las proximidades de la Playa del Sol.
Un proceso técnico de dos años con aval municipal y catastral
A diferencia de los desarrollos informales, los propietarios del lote «Santa Mónica» habrían acreditado un proceso de gestión administrativa y ambiental de casi dos años ante los organismos competentes para llegar hasta el loteo: cuentan con las mensuras correspondientes y el registro de plano visado y aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia; la iniciativa cumplió con las formalidades y ordenanzas vigentes ante el Ejecutivo local y obtuvo la aprobación formal del Concejo Deliberante de San Ignacio. Actualmente, se encuentra en el tramo final, el proyecto se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Ecología de Misiones para la obtención del dictamen de Impacto Ambiental, tras haberse habilitado las instancias ordinarias de audiencias públicas.
Según fuentes cercanas al expediente, en ninguna de las instancias institucionales previas —donde participaron representantes y asesores de las comunidades originarias— se presentaron objeciones formales al proyecto. Asimismo, se detalló que el loteo no persigue fines comerciales masivos ni actividades productivas de perfil extractivo, sino que fue diseñado bajo un concepto residencial de fin de semana, con estrictas pautas de conservación del entorno natural.
El rechazo de la comunidad y la postura de EMIPA
Desde la perspectiva indígena, el Equipo Misionero Pastoral Aborigen (EMIPA) difundió un comunicado respaldando el «profundo rechazo» del mburuvicha (cacique) Bertolino Ortega ante cualquier intento de comercialización de los lotes.
«Salí a la ruta y vi que estaban limpiando el camino con una máquina. Después vinieron a poner el cartel. Hice la denuncia porque es territorio Mbya relevado, no se puede vender», reclamó Ortega, argumentando que sufren constantes intrusiones de los jurua (no indígenas) y que no se respetó el mecanismo de Consulta Previa, Libre e Informada que exigen los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Desde la organización religiosa y de derechos humanos calificaron la situación como una muestra de un «Estado provincial y municipal cómplice del avasallamiento de los derechos indígenas».
Malestar y hartazgo vecinal en la zona
La visibilización del conflicto provocó reacciones de malestar entre los vecinos y productores de San Ignacio. Habitantes de la zona manifestaron ante la consulta de la convivencia con la comunidad indígena que existe «un agotamiento frente a la repetición de estos confllictos».
Según argumentaron, la comunidad Pindoty’i se encuentra asentada a una distancia considerable del predio en cuestión y desconocían por completo que ese lote privado, con dueños tradicionales de la localidad, fuera reclamado como parte de una supuesta territorialidad indígena.
El caso vuelve a evidenciar la urgencia de que la Justicia y las autoridades nacionales fijen reglas claras y transparentes en el territorio, impidiendo que carpetas informativas de relevamientos administrativos anulen de hecho los títulos de propiedad en regla de los colonos y comprometan las inversiones sustentables de la provincia.
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