La organización es una de las más de 30 que presentaron su posicionamiento ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Desde Aves Argentinas se cuestionó los cambios impulsados por el Ejecutivo Nacional. Señala que las reformas podrían ampliar significativamente la superficie habilitada para desmontes, debilitar controles estatales y generar riesgos ambientales, institucionales y comerciales para el país.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (13/3/2026).- En el marco del debate abierto sobre la posible modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), la organización Aves Argentinas expresó su rechazo a los cambios propuestos por el Ejecutivo Nacional, al considerar que alteran sustancialmente el alcance de protección establecido por la normativa vigente.
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El documento presentado por Aves Argentina ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que convocó a un proceso de diálogo federal sobre la iniciativa, remarca que «las modificaciones pretendidas constituyen una regresión incompatible con los principios del derecho ambiental argentino”.
La Ley de Bosques fue sancionada en 2007 como resultado de un proceso participativo amplio y sin precedentes, que permitió establecer reglas para el ordenamiento territorial de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos mediante un sistema de categorías de conservación.
Según recuerda Aves Argentinas, este esquema aportó previsibilidad jurídica, contribuyó a desacelerar las tasas de deforestación durante los primeros años de aplicación y permitió consolidar la institucionalidad ambiental tanto a nivel nacional como provincial.
En ese contexto, la organización sostiene que la propuesta actualmente en análisis “altera de manera sustancial el alcance de protección previsto por la ley vigente”.
El carácter regresivo de las reformas propuestas
Uno de los puntos centrales señalados por la organización se refiere a la modificación del artículo 14, que eliminaría la prohibición de desmontar en las áreas clasificadas como Categoría II (amarilla) dentro del ordenamiento territorial de bosques nativos.
Según el análisis presentado, este cambio implicaría que las superficies potencialmente habilitadas para cambio de uso del suelo pasarían de 10 millones de hectáreas a aproximadamente 42 millones de hectáreas a nivel nacional.
“Es decir, alrededor del 80% del total de los bosques nativos del país podrían ser transformados”, advierten desde la organización.
En ese escenario, únicamente el 20% de los bosques clasificados como Categoría I (roja) permanecería con un nivel de protección más estricto frente al desmonte.
Para Aves Argentinas, esta modificación desnaturaliza el esquema de ordenamiento territorial previsto por la Ley 26.331 y vacía de contenido la categoría amarilla, actualmente concebida como un espacio destinado al uso sostenible del bosque sin cambio de uso del suelo.
La organización también advierte que numerosas áreas clave para la biodiversidad se encuentran dentro de zonas clasificadas como amarillas en los ordenamientos territoriales provinciales, por lo que podrían quedar expuestas a procesos de transformación si se aprobaran las modificaciones.
Cambios en los mecanismos de control
Otro de los puntos cuestionados es la modificación del artículo 13, que eliminaría la obligación de autorización previa para desmontes en categoría III (verde), reemplazándola por un simple deber de informar.
Desde la organización consideran que esta sustitución debilita el principio preventivo del derecho ambiental, ya que elimina el control administrativo previo y reduce la capacidad de las autoridades provinciales para evaluar impactos acumulativos, efectos sobre la conectividad ecológica o particularidades ambientales y sociales de cada territorio.
Asimismo, la reforma propuesta al artículo 18 eliminaría la obligación de evaluación y aprobación previa de los planes por parte de la autoridad de aplicación, delegando ese aval en un profesional habilitado.
Para Aves Argentinas, este cambio implica un vaciamiento del control estatal y genera un potencial conflicto de intereses, dado que el profesional sería contratado por quien promueve el desmonte o el aprovechamiento forestal.
“La sustitución del control público por un aval técnico privado constituye un debilitamiento institucional evidente”, sostienen.
En la misma línea, también se cuestiona la eliminación del Registro Nacional de Infractores, contemplado en el artículo 27 de la normativa vigente, ya que —según el documento— esta medida reduciría la transparencia y limitaría el acceso a información pública sobre el cumplimiento de sanciones ambientales.
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Principios ambientales en discusión
Desde el punto de vista jurídico, la organización considera que la iniciativa implica una reducción del estándar de protección ambiental sin una justificación técnica que la respalde.
En este sentido, advierten que la propuesta vulneraría el principio de no regresión ambiental, debilitaría el principio precautorio y afectaría el esquema de presupuestos mínimos de protección que establece la Constitución Nacional.
También señalan que la propuesta no está acompañada por evaluaciones ambientales estratégicas ni estudios sobre los efectos acumulativos que podría generar la habilitación de desmontes en millones de hectáreas adicionales.
Impactos ambientales y productivos
En su análisis, Aves Argentinas advierte que la ampliación masiva de superficies potencialmente habilitadas para desmonte podría afectar los stocks de carbono forestal, la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad.
Los bosques nativos cumplen funciones clave en la regulación hídrica, la protección de los suelos y la resiliencia frente a eventos climáticos extremos, por lo que su degradación podría tener impactos directos sobre comunidades locales y sobre la estabilidad productiva regional.
Desde el punto de vista económico, la organización también plantea que la flexibilización del régimen podría afectar el acceso a mercados internacionales que exigen cadenas de suministro libres de deforestación, como ocurre con el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR).
“En lugar de fortalecer la competitividad del país, la reforma podría generar incertidumbre jurídica y nuevas barreras comerciales”, señalan.
Para la organización, las principales debilidades de la Ley 26.331 no se encuentran en su diseño normativo, sino en los desafíos vinculados a su implementación.
Entre ellos mencionan el financiamiento insuficiente del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, las falencias en los sistemas de fiscalización y la persistencia de desmontes ilegales incluso en categorías donde están prohibidos.
“Ninguno de estos problemas se soluciona reduciendo estándares de protección”, sostienen desde Aves Argentinas.
Una política estratégica para el desarrollo sostenible
En su conclusión, la organización plantea que el camino adecuado es fortalecer la implementación de la ley vigente mediante mayor financiamiento, fortalecimiento institucional y mejora de los mecanismos de control y participación.
A su vez, advierte que la propuesta analizada podría debilitar estructuralmente la normativa al ampliar superficies para desmontes, reducir controles administrativos y limitar herramientas de transparencia.
“La protección de los bosques nativos es una condición estructural para un modelo productivo resiliente, competitivo y alineado con los compromisos climáticos y comerciales asumidos por la Argentina”, concluye el documento presentado ante las autoridades ambientales.
Desde la organización remarcan que la conservación de estos ecosistemas no constituye un obstáculo para el desarrollo, sino una base fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica del país.
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