Organizaciones ambientales, redes territoriales, profesionales forestales y movimientos agroecológicos presentaron ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) sus posicionamientos frente a las modificaciones propuestas a la Ley de Bosques Nativos 26.331. Aunque provienen de ámbitos distintos, coinciden en un diagnóstico central: la reforma implicaría un retroceso en los estándares de protección ambiental y podría afectar la estabilidad productiva, social y comercial del país.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (13/3/2026).- Diversas organizaciones de la sociedad civil, del ámbito científico y del sector forestal presentaron sus análisis técnicos y posición institucional ante el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) frente a la iniciativa del Gobierno nacional de modificar la Ley Nac. 26331 de Presupuesto Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
ArgentinaForestal.com aborda los temas forestales, foresto-industriales y ambientales desde una perspectiva de interés público, donde la información técnica, científica y productiva se integra para explicar de cara a la sociedad por qué los bosques son estratégicos para el desarrollo del país y qué se pierde con estas modificaciones propuestas hoy en debate.
En un informe especial, reflejamos la posición de siete organizaciones que presentaron sus advertencias al COFEMA: la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) respecto a reducir la protección para la prevención de incendios, la Red Agroforestal Chaco Argentina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe sobre el impacto que implicará en productores rurales y poblaciones indígenas, la ONG Aves Argentinas muy crítica sobre el grave retroceso jurídico que implica las modificaciones, la Agrupación Forestal Peronista (AFoPe) con una mirada integral del territorio y el uso de los bosques para el desarrollo local, la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE y el Colegio de Graduados de Ciencias Forestales de Santiago del Estero, que muestran un alto nivel de coincidencia en aspectos centrales del debate, además de aportar sugerencias técnicas y específicas.
Más allá de las diferencias de enfoque -técnico, social, económico, ambiental o político- todas las organizaciones advierten que los cambios propuestos podrían debilitar uno de los pilares de la política ambiental argentina.
Los documentos –que son parte de más de 30 organizaciones que expusieron ante el COFEMA como la AFoA- coinciden en que la Ley de Bosques fue uno de los avances institucionales más importantes de la política ambiental argentina desde la reforma constitucional de 1994.
En ese marco, sostienen que el desafío actual no es modificar su arquitectura normativa sino fortalecer su aplicación, mejorar el financiamiento y consolidar la coordinación federal entre Nación y provincias.
Para las organizaciones, proteger los bosques nativos no constituye una posición sectorial ni exclusivamente ambiental, sino una condición estructural para el desarrollo productivo, la estabilidad territorial y la inserción internacional de la Argentina.
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Coincidencias: principales puntos en común para rechazar las modificaciones
El análisis comparado de los cinco documentos permite identificar un núcleo de coincidencias que estructura el debate.
1. Riesgo de regresión ambiental
Las organizaciones coinciden en que las modificaciones planteadas implican una reducción de los estándares actuales de protección de los bosques nativos, lo que entraría en tensión con el principio de no regresión ambiental previsto en el marco jurídico argentino.
Este principio establece que las políticas públicas no deben disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados, sino sostenerlos o ampliarlos.
2. Expansión masiva de áreas potencialmente desmontables
Uno de los puntos más cuestionados es la modificación que permitiría desmontes en la categoría II (amarilla) del ordenamiento territorial.
Según los documentos presentados, esto podría ampliar la superficie susceptible de cambio de uso del suelo de aproximadamente 10 millones de hectáreas a cerca de 42 millones, lo que implicaría que hasta el 80% de los bosques nativos del país quedaría expuesto a transformaciones productivas.
3. Debilitamiento de controles estatales
Otro aspecto señalado por todas las organizaciones es la eliminación o reducción de mecanismos de control administrativo previo.
Entre las modificaciones cuestionadas figuran:
· la eliminación de autorizaciones previas para ciertos desmontes
· la delegación del control técnico en profesionales privados
· la supresión del Registro Nacional de Infractores
Según los especialistas, estos cambios podrían generar conflictos de interés y reducir la capacidad de fiscalización del Estado.
4. Impactos económicos y comerciales
Las organizaciones también coinciden en que el debate no es exclusivamente ambiental.
La flexibilización del régimen podría afectar la posición internacional de Argentina frente a mercados que exigen cadenas de producción libres de deforestación, como el nuevo reglamento europeo sobre commodities vinculadas al cambio de uso del suelo.
En ese contexto, advierten que una señal normativa que amplíe desmontes podría generar riesgos de competitividad para sectores exportadores.
5. El problema no es la ley, sino su implementación
Un punto reiterado en los documentos es que las principales debilidades de la política forestal no están en el diseño de la ley, sino en su ejecución.
Entre los desafíos mencionados figuran:
· el financiamiento insuficiente del Fondo Nacional de Bosques
· debilidades en monitoreo y control
· limitaciones institucionales en algunas jurisdicciones
Para las organizaciones, la prioridad debería ser fortalecer la implementación y no reducir estándares normativos.
la conservación de los bosques nativos no es un tema sectorial, sino una cuestión estratégica para el desarrollo ambiental, social y económico de la Argentina.
Las miradas específicas de cada organización
Aunque comparten un diagnóstico general sobre los riesgos que implicarían los cambios a la Ley de Bosques Nativos de Argentina, cada organización presentó ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) un análisis particular desde su campo de especialización, que abarca desde la ingeniería forestal y la biodiversidad hasta la agroecología y las políticas públicas ambientales.
Desde la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF), que nuclea a profesionales del sector forestal del país, el planteo central apunta a preservar la estructura técnica de la ley respecto a la prevención.
La entidad sostiene que la normativa vigente permitió establecer reglas claras para el ordenamiento territorial de los bosques nativos, un proceso complejo que involucró a provincias, universidades, organismos científicos y actores sociales.
Entre los principales puntos de preocupación mencionados por la federación se destacan:
- la posibilidad de habilitar desmontes en áreas clasificadas como categoría II (amarilla), lo que modificaría el espíritu del ordenamiento territorial;
- la eliminación o debilitamiento de instancias de evaluación y autorización administrativa previa;
- la pérdida de herramientas de control estatal, como el registro de infractores ambientales.
Desde la perspectiva de la ingeniería forestal, la ley no sólo tiene un rol ambiental, sino también productivo y estratégico, ya que permite promover manejo forestal sostenible, restauración de bosques degradados y desarrollo de economías regionales vinculadas al uso responsable del recurso forestal.
Los especialistas remarcan que el desafío actual no es modificar el esquema legal, sino fortalecer su implementación y financiamiento, particularmente a través del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
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Perspectiva territorial y socioambiental
La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) centró su análisis en las consecuencias territoriales y sociales que podrían derivarse de una flexibilización de la normativa.
Esta red reúne organizaciones campesinas, técnicas y sociales que trabajan en la región chaqueña, uno de los territorios con mayor presión sobre los bosques nativos en las últimas décadas.
Según su diagnóstico, permitir cambios de uso del suelo en áreas actualmente protegidas podría generar:
- una expansión significativa del desmonte en regiones críticas;
- mayores conflictos por el acceso a la tierra;
- impactos directos sobre comunidades campesinas e indígenas.
La organización también advierte que el bosque nativo cumple funciones ecológicas fundamentales para el territorio, como la regulación hídrica, la conservación del suelo y la reducción de los riesgos asociados a inundaciones o sequías extremas.
Desde esta mirada, el debate sobre la ley no debe limitarse a la dimensión ambiental, sino considerar también los efectos sobre el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la estabilidad social en regiones forestales.
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Biodiversidad y conservación
La organización conservacionista Aves Argentinas puso el foco en el impacto que los cambios normativos podrían tener sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
En su informe, advierte que gran parte de los ecosistemas clave para la conservación se encuentran en zonas clasificadas como categoría II, por lo que permitir desmontes en estas áreas implicaría un riesgo significativo para especies y hábitats.
Entre los aspectos más destacados del análisis se encuentran:
- la posible expansión de la superficie desmontable hasta abarcar cerca del 80% de los bosques nativos del país;
- el debilitamiento de instrumentos de control y monitoreo ambiental;
- el impacto potencial sobre la captura y almacenamiento de carbono de los ecosistemas forestales.
La organización subraya que la conservación de los bosques nativos no sólo protege la biodiversidad, sino que también contribuye a la mitigación del cambio climático, al mantenimiento de cuencas hídricas y a la estabilidad de los paisajes productivos.
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La agroecología regional y los riesgos para los campesinos y comunidades indígenas
El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) abordó el debate desde la perspectiva de los sistemas productivos campesinos y agroecológicos.
En su documento, la organización advierte que los bosques nativos constituyen un componente esencial de los sistemas agroecológicos, ya que aportan biodiversidad, fertilidad del suelo, regulación climática y protección frente a eventos extremos.
Desde este enfoque, ampliar la superficie potencialmente desmontable podría afectar:
- sistemas de producción familiar que dependen de mosaicos agroforestales;
- la resiliencia de los territorios frente al cambio climático;
- la sustentabilidad de economías rurales basadas en el manejo integral del paisaje.
La organización también plantea que el debate sobre la ley debe incluir la participación activa de las comunidades rurales, que históricamente han desarrollado prácticas de manejo compatibles con la conservación del bosque.
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Perspectiva institucional y política forestal
Por su parte, la Agrupación Forestal Peronista (AFOPE) analizó las modificaciones propuestas desde una mirada institucional y de política pública.
En su posicionamiento, la agrupación sostiene que la Ley de Bosques constituye uno de los pilares del sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Argentina, establecido a partir de la reforma constitucional de 1994.
Desde esta perspectiva, advierten que cualquier modificación debe garantizar:
- el respeto al principio de no regresión ambiental;
- la estabilidad de las reglas de juego para el manejo de los recursos naturales;
- la continuidad de una política federal de ordenamiento territorial.
El documento también subraya que la protección de los bosques nativos debe articularse con estrategias de desarrollo productivo sostenible, promoviendo actividades como el manejo forestal responsable, la restauración de paisajes degradados y la valorización económica de los servicios ecosistémicos.
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Visión técnica de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE
Finalmente, desde la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Esterio, junto a profesionales nucleados en el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero, también presentaron en conjunto su posición ante el COFEMA frente a la propuesta de modificación de la Ley 26.331.
En el documento expresan su rechazo a los cambios y fundamentan por qué consideran que técnicamente «debilitarían el rol de las autoridades provinciales, reducirían controles ambientales y podrían afectar la gestión sostenible de los bosques nativos».
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