La Asociación Forestal Argentina pidió a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto que deroga el Decreto 273/25. La entidad advierte que volver al régimen anterior implicaría frenar la renovación tecnológica, encarecer los equipos y limitar la competitividad de las PYMEs foresto-industriales y de otras economías regionales.
Fuente: AFoA
BUENOS AIRES (11/11/2026).- La Asociación Forestal Argentina (AFoA) solicitó formalmente a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación no avanzar con el Expediente N° 5216-D-2025, que plantea derogar el Decreto 273/25 y restituir el sistema previo de importación, que exigía el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU).
Según la organización, mantener vigente el Decreto 273/25 es esencial para sostener la modernización tecnológica, elevar la productividad y promover nuevas inversiones, especialmente en sectores rezagados como el foresto-industrial.
Desde AFoA se advirtió en un comunicado de prensa que «la derogación del decreto implicaría un retroceso para miles de pequeñas y medianas empresas que enfrentan un parque industrial envejecido».
La asociación sostienen que «en el sector forestal, la antigüedad promedio de los equipos en los aserraderos ronda los 40 años, lo que limita la eficiencia, la seguridad y la competitividad”.
La posibilidad de importar maquinaria usada en buenas condiciones -explicaron- no sólo habilita la renovación inmediata del parque productivo, sino que también abre la puerta a la incorporación futura de tecnología nueva, ya que muchas PYMEs inician sus procesos de modernización con equipamiento usado de calidad.
Impacto en los precios y mayor competitividad
La entidad destacó que el ingreso de maquinaria usada contribuye a corregir distorsiones en el mercado interno, donde los equipos disponibles suelen presentar sobrecostos producto de la escasez y la falta de competencia.
Al promover una mayor oferta tecnológica, la medida fortalece a las PYMEs sin afectar el mercado de maquinaria nueva, remarcaron.
Finalmente, desde AFoA se enfatizó en que el decreto no implica una apertura indiscriminada, sino un esquema ágil que elimina burocracia y acelera las decisiones de inversión.
Los controles técnicos y de seguridad industrial continúan vigentes y se realizan en destino, lo que permite asegurar condiciones adecuadas sin trabas administrativas.
“El desafío es fortalecer a nuestras PYMEs, no limitarlas. Sostener este decreto es apostar por la productividad, el empleo y la reactivación de las economías regionales”, concluyeron desde la asociación.
