En una reunión realizada en AMAYADAP el martes 7 de julio, empresarios, productores, técnicos y legisladores y dirigentes políticos madereros manifestaron preocupación por las demoras en permisos de uso del suelo, el alcance del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), la falta de información sobre el programa de bonos de carbono y otras normativas que, a su criterio, afectan la previsibilidad de la actividad productiva.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (11/7/2026).- Más de cincuenta productores, empresarios, propietarios de tierras, profesionales, asesores técnicos y representantes del sector foresto-industrial y agropecuario participaron esta semana de una reunión convocada en la sede de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), donde analizaron la situación de la producción en la provincia y expresaron su preocupación por distintas políticas públicas que, según coincidieron, generan incertidumbre para la inversión y el desarrollo de las actividades productivas.
El encuentro fue encabezado por el empresario Alfredo Gruber, titular del Establecimiento Don Guillermo y miembro histórico de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), y contó además con la participación de legisladores provinciales invitados para escuchar los planteos del sector, entre ellos, Ramón Amarilla y Miguel Nuñez.
Como resultado de la jornada, los asistentes consensuaron un documento en el que solicitaron al Gobierno de Misiones avanzar hacia una agenda basada en el diálogo, la previsibilidad y la seguridad jurídica.
«Quienes producimos y generamos empleo genuino a través de la actividad agropecuaria y forestal necesitamos reglas claras, decisiones consensuadas y políticas que promuevan la producción», señalaron durante el encuentro.
Los participantes coincidieron en que el escenario actual plantea crecientes dificultades para planificar inversiones de largo plazo y consideraron necesario fortalecer los espacios de consulta con los sectores productivos antes de implementar nuevas regulaciones.
Preocupación por el uso del suelo y la seguridad jurídica
Entre los temas que concentraron el debate figuró la demora en la tramitación de permisos vinculados al uso del suelo, situación que, según indicaron, afecta tanto a emprendimientos forestales como agropecuarios.
Asimismo, expresaron inquietud por el alcance de la Resolución 182/26, mediante la cual el Ministerio de Ecología creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA).
Según manifestaron algunos propietarios de bosques y productores presentes, la principal preocupación radica en que la normativa podría incorporar al registro a personas o empresas con expedientes administrativos aún sin resolución definitiva.
«Nos preocupa que exista incertidumbre respecto del debido proceso y de las consecuencias que pueda tener una inscripción antes de una sanción firme», plantearon durante el intercambio.
A criterio de los asistentes, este aspecto merece una mayor aclaración por parte de las autoridades provinciales, ya que consideran que la previsibilidad jurídica constituye un factor central para las inversiones.
Bonos de carbono y mayor información al sector
Otro de los ejes abordados fue la implementación del Programa Jurisdiccional JNR REDD+ y el esquema provincial de certificación de créditos de carbono.
Los productores manifestaron que aún persisten dudas respecto del funcionamiento del programa, la metodología prevista para distribuir beneficios entre los propietarios de bosques y el estado de avance del proceso de comercialización de los créditos certificados.
En ese sentido, solicitaron una mayor participación del sector privado en las instancias de diseño e implementación de estas políticas, así como información periódica sobre los avances del programa.
Durante la reunión también fueron mencionados otros aspectos que, según los participantes, requieren revisión o actualización, entre ellos:
- las restricciones y demoras vinculadas a permisos de uso del suelo;
- la vigencia de la prohibición de quemas;
- la normativa relacionada con el uso del glifosato;
- y la creciente carga administrativa que enfrenta el sector productivo.
Los asistentes coincidieron en que estas cuestiones deberían abordarse mediante mesas de trabajo conjuntas entre el Gobierno, las entidades representativas y los distintos actores de la cadena productiva.
Más allá de las críticas expresadas, el encuentro concluyó con un mensaje orientado a la necesidad de fortalecer la articulación público-privada.
Los participantes sostuvieron que Misiones posee condiciones para consolidar su perfil agroforestal, pero advirtieron que ello requiere un marco regulatorio estable, procesos administrativos ágiles y políticas consensuadas que acompañen las inversiones.
«Creemos firmemente que una provincia productiva es el camino. Por eso proponemos abrir instancias de diálogo y construir reglas claras que permitan impulsar la producción, el agregado de valor y la generación de empleo», concluyeron los referentes presentes en la reunión.
