Incendios en Misiones | Arauco SA fue intimada por la comunidad indígena Puente Quemado II: “Pedimos que cesen sus actividades en nuestro territorio”

La abogada Roxana Rivas, en representación del cacique Santiago Ramos de la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, envió una intimación a la empresa forestal Arauco SA solicitando “suspender toda actividad sobre su territorio”, tras los incendios sufridos semanas atrás en la localidad de Garuhapé. En paralelo, solicitaron al Ministerio de Ecología de Misiones que “cualquier tipo de acción, emprendimiento o proyecto, que afecte sus intereses, no puede hacerse sin consulta previa, libre e informada”, recalcaron en el escrito.

 

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

 

MISIONES (13/2/2022).- Aún se transita un proceso de investigación sobre las responsabilidades respecto al inicio de las quemas rurales y forestales en Misiones, para evaluar los daños y contar con información precisa de evaluación ambiental y económica, sin embargo el conflicto entre las partes afectadas comienza a trascender, en este caso, entre la empresa forestal Arauco SA y la comunidad Mbyá Guaraní de Garuhapé, según trascendió este domingo a través de las redes sociales de EMIPA (Equipo Misionero Pastoral Aborigen).

La aldea de Puente Quemado II fue alcanzada por los incendios que tuvieron lugar en la zona durante las últimas semanas y afectaron dos viviendas, plantaciones forestales y monte nativo, que es el hogar de los indígenas.

“El fuego consumió también pinos y otros productos forestales que habían sido plantados por la empresa Arauco SA sin consentimiento de la Comunidad. Tras los incendios, supuestos representantes de la empresa, se presentaron en la aldea y comunicaron la firme intención de reforestar con las mismas especies en favor de su propio negocio”, señalan los voceros de los indígenas, que calificaron como “una avasallante” situación.

En ese contexto, el Mburuvicha Santiago Ramos, representado por la abogada Roxana Rivas, intimó a la empresa “a que cesen cualquier acto que implique afectación intromisión y/o ingreso a nuestro territorio, debiendo para cualquier caso ajustarse a la normativa vigente en respeto de nuestros derechos constitucionales, respetando nuestra libre autodeterminación y procesos consuetudinarios de toma de decisiones, todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales respectivas en defensa de nuestro territorio ancestral”, cita el texto de la carta documento enviada con fecha del viernes 11 de febrero de 2022.

En paralelo, y en defensa de su ancestral posesión de este territorio indígena, se presentó una solicitud al Ministerio de Ecología de la provincia, ya que es competencia del organismo defender y garantizar los derechos del Pueblo Mbya. “Cualquier tipo de acción, emprendimiento o proyecto, que afecte sus intereses, no puede hacerse sin consulta previa, libre e informada”, recalcaron en el escrito.

“Todos” somos responsables de evitar incendios

En un fragmento de la publicación, EMIPA se refiere a la problemática de los incendios. “Es una situación límite para todo el pueblo misionero y en especial para las Comunidades Mbya, no pueden pensarse sino como un llamado de atención para decir basta a los intereses empresariales, que con el cambio de uso de suelo y la deforestación, ponen en peligro a todos”, señalaron respecto al ordenamiento territorial de Misiones que permite gestionar en áreas (amarillas o verde) la extracción de bosques nativos con autorización de planes de manejo, o se destinan a otras actividades productivas tras lograr la autorización de cambio de uso de suelo.

“Sin embargo, pese a estas pruebas irrefutables del daño que causa este manejo indiscriminado de la tierra por parte de las empresas, el dedo acusador apunta al Pueblo Mbya”, indicaron, expresando su disconformidad respecto a la pieza de educación y sensibilización difundida por un organismo del Estado provincial.

“El fuego no perdona. Cuidá tu aldea, no quemes la basura”, dice un cartel del Ministerio de Agricultura Familiar. “Con este mensaje están dando por hecho que son las comunidades las causantes de las llamas, pero están señalando en dirección equivocada”, respondieron a la campaña de prevención desde EMIPA.

“El incendio y otras circunstancias negativas para nuestro monte, tienen como origen la deforestación y la intervención del ser humano y de las empresas productivas sobre la tierra, especialmente con el monocultivo, por lo que nos oponemos a que se siga extendiendo su cultivo sobre nuestro territorio ancestral”, fundamentaron en la nota elevada al actual ministro de Ecología, Víctor Kreimer.

Sin embargo, en esta problemática de sequía prolongada e incendios, también están incluidos los indígenas como parte de la sociedad. Son reiteradas las actuaciones de guardaparques y bomberos voluntarios para apagar quemas iniciadas dentro de comunidades indígenas, como también en yerbales, forestaciones, pastizales, aserraderos, y actuaciones dentro de las zonas urbanas.

Son parte de la sociedad, y como tal, son parte de ese 95% de responsabilidad de evitar quemas, sean intencionales,por  negligencia, imprudencia o desconocimiento de algún miembro de la comunidad indígena. Todos deben estar atentos, en alerta, denunciar la detección de un foco para actuar rápidamente,  frente a las condiciones extremas de peligro de propagación del fuego.

En una reciente entrevista con el presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, Waldemar Laumann explicó que “la lección respecto a la peligrosidad y necesidad de prevención aun no es aún comprendida por toda la sociedad misionera, la negligencia es la principal causa de los daños provocados por el fuego. El 95% de los incendios son evitables aunque las condiciones climáticas sean adversas, pero la gente sigue prendiendo fuego en sus chacras o para los trabajos de limpieza de terreno, o en áreas de bosques”, explicó.

Respetar el proceso de consulta previa, libre e informada

“No estamos dispuestos a permitir que se sigan afectando nuestros recursos de subsistencia material y espiritual con las actividades que referimos”, señalaron en la misiva desde la Comunidad Puente Quemado II.

De esta forma, solicitaron que desde los organismos provinciales “se abstengan de autorizar cualquier tipo de actividad que avasalle su legítimo derecho sobre el territorio que les pertenece, o en su defecto no hacerlo sin la debida consulta al Pueblo Mbya”, concluyeron.

El derecho a la consulta y participación fue establecido en la Constitución Nacional Nacional y en los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Supone oír la voz de los pueblos indígenas con el fin de tomar en cuenta sus intereses, opiniones y puntos de vista, con el objetivo de prevenir lesiones a su identidad cultural cuando se vayan a adoptar medidas que puedan tener efectos sobre su forma de vida o sus costumbres tradicionales, particularmente cuando se encuentre amenazada la tierra o los recursos naturales”.

 

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