“El Estado debe dar una respuesta de reubicación a las familias en 15 días”, sostuvo un Juez de Bariloche al rechazar el pedido de desalojo por la usurpación masiva a una reserva natural del INTA en El Bolsón

Para el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, no hay “desalojo pacífico” y el informe elevado por la fiscal  Sylvia Little “omite un análisis puntual de suma importancia para la continuidad del proceso penal. Me refiero a la situación económica y habitacional particular de cada grupo familiar, elementos que podrían traer aparejados que muchos de los mismos eventualmente se encuentren exentos de persecución penal por tener causas de justificación de su accionar”, escribió en el fallo que rechaza el planteo de desalojo judicial. La gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, confirmó este lunes que apelará la medida.

 

Fuente: Río Negro Digital, Diario Jornada, Télam

 

RÍO NEGRO (12/9/2020).- En un fallo fundado en críticas al Estado y a la fiscal Sylvia Little, el juez subrogante de Bariloche Gustavo Zapata rechazó  el pedido de desalojo de la toma iniciada en la Loma del Medio de El Bolsón, en terrenos destinados a una reserva natural forestal que son administrados por el INTA, y que rondaría entre 113 a 160 familias, según reportes periodísticos locales.

La decisión del juez se conoció el viernes y generó polémicas y repercusiones institucionales y políticas. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo hoy en declaraciones radiales que  se “sorprendió” de la resolución del juez federal que desestimó el desalojo de la reserva forestal y le dio  al Estado “un plazo de 15 días para dar una solución habitacional” a la gente.

Al respecto, anticipó que la provincia apelará el fallo ya que “Zapata ordena al Gobierno de Río Negro, al municipio y a Nación, dar una solución ala demanda habitacional. En el caso de la toma de tierras del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en El Bolsón, el juez sorprendió con un fallo en el que no solo no hace lugar al desalojo, sino que impone encontrar una solución habitacional para unas 160 familias en 15 días”, dijo Carreras en declaraciones a radio La Red, que reprodujo la agencia Télam.

“Es un fallo sorprendente por sus fundamentos y por su parte resolutiva, que es de imposible cumplimento, y nosotros lo vamos a apelar”, insistió la gobernadora.

 

A través de un comunicado, la mandataria provincial había lamentado la decisión judicial respecto de la usurpación de los terrenos. “Es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras. Pensar que se puede dar albergue a 130 familias en 15 días es estar completamente ajeno a la realidad y a los problemas que enfrentamos diariamente los Poderes Ejecutivos”,sostuvo en el texto que replicó en las redes sociales.

El ministro de Gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler, viajó  hasta El Bolsón para acompañar al intendente Bruno Pogliano, quien apunta a “un desalojo pacífico” de las 160 familias que usurparon tierras en Loma del Medio, ante el conflicto por la resolución del juez federal que ordenó “darles alojamiento en un término de 15 días”

A criterio del funcionario, el fallo “nos parece de imposible cumplimiento”, en línea con la gobernadora Arabela Carreras, quien consideró que “es inadmisible que un juez avale una toma de tierras”. “No buscamos un desalojo violento, lo que queremos es recuperar un espacio que es del Gobierno nacional, pero también de aprovechamiento público”, subrayó Buteler.

Los fundamentos del Juez federal para rechazar el desalojo

La fiscal Little había pedido el desalojo luego de un primer dictamen en el que sostuvo que no existía delito en la instalación de un centenar de personas en una reserva forestal que -según la denuncia del INTA- ya sufrió la tala de varias especies.

“Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables”, fundamentó Zapata en la resolución, preocupándose por el gasto posible incurrido de las familias intrusas.

El informe elevado por la fiscal Little, según el Juez, “omite un análisis puntual de suma importancia para la continuidad del proceso penal. Me refiero a la situación económica y habitacional particular de cada grupo familiar -es decir, cuántos lo componen, si tienen hijos, si poseen ingresos, bienes o incluso donde pasar la noche, entre otros-, elementos que podrían traer aparejados que muchos de los mismos eventualmente se encuentren exentos de persecución penal por tener causas de justificación de su accionar”, escribió Zapata.

“Tampoco debo dejar de mencionar que las personas allí asentadas incluso le han manifestado a la titular del Ministerio Público Fiscal el pasado 24/8 que no poseen oposición alguna a ser reubicados, ya que su reclamo es inherente a la crisis habitacional que sufren y no a la porción específica de tierra que hoy ocupan”.

En la inspección realizada por la fiscal se ha “corroborado a su vez que no se han constatado roturas e incluso que en el lugar (‘solo en la porción inicial del camino, unos 20 metros, existe un alambrado’). Con ello quiero decir que no abrigo dudas que la deficitaria política estatal en materia habitacional, ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que –evidentemente- no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas; sin ir más lejos, en el año 2011 -en cercanías de los predios hoy ocupados también propiedad del ente denunciante- se asentaron un sinnúmero de personas que con el transcurso del tiempo lograron la entrega de esos lotes y la formación de siete barrios que a la fecha no poseen régimen jurídico alguno”, abundó Zapata, que es secretario civil del juzgado pero subroga hasta tanto se designe al nuevo juez.

“En este sentido -avanza Zapata-, deviene importante recordar que el derecho a la vivienda está reconocido en numerosos documentos internacionales, siendo el primero de ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la que se proclama, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda”.

Finalmente, en lo atinente a la salvaguarda de derechos fundamentales no debe desconocerse la presencia de menores en el lugar -de lo que da cuenta la titular del MPF que lo expuso como agravante de la situación-, no descartando incluso -por la aludida falta de identificación de los sujetos allí asentados a la que hice referencia ut supra- que en el lugar se encuentren presentes personas con discapacidad, sujetos que merecen una especial tutela en virtud de los diversos tratados internacionales suscriptos por nuestro país“.

“Sentado ello, y en otro orden de ideas, he tomado conocimiento por diversos medios de comunicación sobre declaraciones de actores interesados en la conflictividad que indican que en estos casos la mejor salida sería lo que se ha pretendido denominar como ‘desalojo pacífico’, término que la experiencia indica como imposible, pues desde su génesis cualquier lanzamiento implica necesariamente el uso (aunque sea mínimo) de la fuerza estatal -incluso a pesar de que previamente se realicen todas las gestiones tendientes a minimizarla, tal como solicitó el MPF-, lo que sin lugar a dudas -teniendo particularmente en cuenta el grave contexto social que atraviesa nuestro país- debe evitarse con el objetivo de no profundizar las necesidades que atraviesa un gran número de habitantes de la República. Asimismo, quienes abrazan ese tipo de conceptos, son generalmente quienes –a su vez- no ejercitan ninguna de las herramientas procesales a su alcance, tendientes a lograr el objetivo que manifiestan anhelar”.

 

 

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