Un pedido de informes presentado en la Cámara Baja de Entre Ríos interroga al poder Ejecutivo sobre la falta de reglamentación de la ley 10.284 de “Ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia”, sancionada en febrero de 2014 y promulgada el 28 de marzo del mismo año, cuya demora inhabilita la aplicación de la norma nacional 26331, que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental para la conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, registró AIM
ENTRE RIOS (21/4/2015).- El autor de la iniciativa es el diputado Lisando Viale (PS), quien presentó el proyecto acompañado por los radicales Fuad Sosa y Jorge Monge.
En el texto, al que accedió esta Agencia, los legisladores solicitan al poder Ejecutivo que informe, a través de la dirección General de Recursos Naturales, dependiente del ministerio de la Producción, de la secretaría de Ambiente o del organismo oficial que corresponda, por qué hasta ahora no se reglamentó la ley 10284 de “Ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia de Entre Ríos”, sancionada en febrero del 2014 y promulgada el 28 de marzo de ese mismo año, y cuya demora inhabilita la aplicación en territorio entrerriano de la norma nacional 26331, que desde el 2007 fija “los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los Bosques Nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad”.
Los diputados quieren saber si el poder Ejecutivo dispone de información estadística exacta de los desmontes que se realizan en Entre Ríos, en perjuicio de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas, de acuerdo con las obligaciones del Estado y la salvaguarda de derechos dispuestos en los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución de la Nación Argentina y en los artículos 83, 84 y 85 de la Carta Magna de Entre Ríos.
También quieren conocer si el gobierno provincial, a través de los órganos competentes, posee un plan de monitoreo, seguimiento, inspección y evaluación técnica para evitar los desmontes a tala rasa de bosques, montes nativos y selvas en galería en todo el territorio de la provincia. Y si, en su defecto, tiene previsto elaborar el mismo y en qué plazos.
Viale, Monge y Sosa preguntan si la dirección de Recursos Naturales o el organismo competente lleva un registro de todas las actas de infracción, procedimientos administrativos, clausuras de campos, decomiso de las maquinarias y herramientas utilizadas para el desmonte. Y reclaman que se remitan copias de las mismas, así como informe las inspecciones realizadas, el resultado de las pesquisas y copia de esos textos y actas.
Además reclaman al Ejecutivo que, a través de los órganos competentes, “informe los montos actualizados para la aplicación de multas e infracciones, si se han realizado los ajustes correspondientes en función de los indicadores inflacionarios y en caso negativo, las razones por las cuales no se actualizan dichos montos”.
Y demandan saber si, hasta tanto se reglamente la norma, “el Ejecutivo tiene previstos los montos que la Constitución provincial prevé en su artículo 85 para compensar a los propietarios de monte nativo por su preservación, y en ese caso cuáles son los procedimientos y órganos competentes para el monitoreo y seguimiento de esos procesos”.
De la Redacción de AIM
