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Motosierristas: gremialista advierte a la justicia que resistirán un desalojo

El sindicato de papeleros desde el lunes cerró el acceso a la planta de Apsa

El secretario del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de Celulosa, Papel, y Cartón del Alto Paraná, Lorenzo Barrientos, advirtió que “correrá sangre” si las fuerzas de seguridad se presentan con una orden de desalojo. La asamblea resolvió bloquear el ingreso y salida de camiones con materia prima de la planta industrial de Alto Paraná SA, lo que impide el normal funcionamiento de la empresa forestal.

Por Patricia Escobar

MISIONES (23/8/2006).- Dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de Celulosa, Papel, y Cartón del Alto Paraná (SOEP), gremio que pretende absorber la afiliación de motosierristas de contratistas proveedoras de Alto Paraná SA, intensificó desde el lunes el plan de lucha con cortes permanentes en la Ruta 12, a metros del acceso de la planta industrial de Alto Paraná SA en Puerto Esperanza, impidiendo la libre circulación de camiones que ingresan y egresan con materia prima y productos de la fábrica, afectando de esta manera el normal funcionamiento de la empresa. El secretario general del SOEP, Lorenzo Barrientos, fundamentó la medida extrema “por la falta de respuestas a los reclamos planteados, pedimos que se reincorpore al personal despedido y mejoren los salarios precarios de los motosierristas”; dijo. A la fecha, serían alrededor de 70 el número de motosierristas en conflicto, dado que las contratistas decidieron despedir hasta el momento a unos cien operarios. Por otra parte, advirtió que no acatarán una orden judicial de desalojo: “va a correr sangre, ahora es a todo o nada”, manifestó en una entrevista radial con FM Universidad. El sindicalista, tomó conocimiento de una posible acción judicial por advertencia del intendente de Puerto Esperanza, Pato Gruber. “Ahora estamos en una situación mas grave, pero si esta noche o mañana hay desalojo va a correr sangre seguro, la gente está dispuestos a cualquier cosa, la cosa está por reventar”, manifestó Barrientos. Para hoy fueron notificados a participar de una reunión con autoridades de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia, encuentro que se llevará a cabo Esperanza. Según Barrientos, “las contratistas no aceptan la conciliación obligatoria, veremos que pueden hacer las autoridades provinciales para presionar a los empresarios para que reincorporen a los trabajadores despidos, están jugando con la necesidad de la gente”, manifestó. Sin embargo, los representantes legales de las empresas contratistas afirman que los reclamos planteados por los trabajadores serían atendidos en su momento para mejorar las condiciones laborales, “pero el acuerdo no se firmó porque el SOEP reduce la reunión de conciliación a la puja gremial por la afiliación de los motosierristas; y por otro lado, piden la reincorporación total del personal despedido, dos puntos que para las empresas no son negociables”. De esta manera, se advierte un escenario de difícil solución al conflicto, dado que sostienen que “en realidad no hay interés de atender el reclamo de la gente, todo se reduce al encuadre gremial, cuando se trata de una actividad forestal no industrial. En esos términos y bajo presión no se puede negociar”, explicó días atrás el abogado Javier González. En diálogo con ArgentinaForestal.com, Gonzáles aclaró que en el conflicto interviene la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia como mediador, dado que es competencia de la Nación definir cuando, ante el requerimiento de los interesados, el encuadre gremial que corresponda a una determinada actividad que se rige por convenios colectivos de trabajo. «Pero no el caso de los motosierristas, porque esta actividad se encuadra en la Ley 22.248 del Trabajo Agrario, es muy particular y es uno de los tres regímenes que están excluidos de la Ley de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales, por lo tanto, jurídicamente es imposible que papeleros representen a rurales”. En ese contexto, la representación gremial correspondería a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Al respecto, Barrientos manifestó que “no tenemos problemas de diálogo con UATRE, si ellos dicen que la gente les pertenece está bien, pero nadie esta afiliado con ellos. Nosotros proponemos que el acta acuerdo figuren los dos gremios, pero UATRE no quiere. De todas maneras este punto es otro ámbito de discusión. El problema ahora es que hay gente despedida y en condiciones laborales inadecuadas, UATRE dice que la gente vuelva a trabajar, pero no hay garantías de que mejoren las condiciones laborales de la gente, y no sirve trabajar por un salario que les permite subsistir ni mantener a una familia, tienen sueldos precarios”, concluyó el secretario general del SOEP. Paralemente, a este conflicto se sumó ayer un tercer gremio que pretende captar la afiliación de los motosierristas. Se trata del Sindicato Único de Monteros Argentino (Suma), que funciona en Necochea, provincia de Buenos Aires, y que aún no está registrado en Misiones. El secretario Carlos Raúl Edén, adelantó a este medio que tomará intervención en el “conflicto» dado que es el único gremio que agrupa desde hace 15 años a las actividades del operario dedicado a la explotación de montes en pié, además de los trabajadores de la actividad industrial de la madera en sus dos grandes divisiones que son la Industria Mecánica e Industria Química de la madera. Edén mantuvo una reunión el pasado martes en Capital Federal, con el director de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Víctor Hugo Guida y demás autoridades, por pedido expreso del Ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada, para que «nuestro sindicato tome cartas en el asunto y medie en el conflicto, ya que éste es el único gremio representativo de la actividad en conflicto y el único habilitado para encuadrar a los compañeros motosierristas por derecho, y por ley 23.551 decreto reglamento 467/88, pidiendo además a la empresa Alto Paraná la incorporación de compañeros cesanteados si los hubiere, blanqueo e implementación de condiciones laborales dignas para el trabajador”, exigió el dirigente.

Por Patricia Escobar

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