Argentina pidió ante La Haya que suspendan la construcción de las obras en Fray Bentos

Creen que podrían reclamarle a Uruguay otro informe sobre el impacto ambiental. La decisión de la Corte se conocerá antes del 15 de julio sobre el pedido de paralización de las obras.

Fuente: Diario Clarín

BUENOS AIRES (12/6/2006).- El pasado 15 y 16 de junio se presentaron ante la Corte Internacional de La Haya el jefe de la delegación uruguaya, Héctor Gros Espiell y la responsable del equipo argentino, Susana Ruiz Cerutti. El clima de las dos audiencias fue más bien tenso. En la solemnidad del salón central del Palacio de la Paz, las posiciones se resumieron así: Argentina argumentó que Uruguay no informó debidamente sobre obras que ya produjeron daño ambiental y, de ese modo, violó compromisos previos y toda una gama de derechos humanos; Uruguay replicó que tal riesgo de contaminación es ínfimo, que tiene derecho a desarrollarse y que Argentina carece del poder de veto que se arroga. Y no se pusieron de acuerdo. Al contrario, cruzaron todo tipo de reproches, sobre todo los nueve abogados extranjeros que contrataron ambos. Gros Espiell dio a entender el primer día de exposición que la corrupción en la Argentina se maneja de modo diferente. «Lo único que dije es que en Uruguay no hay corrupción generalizada. Las interpretaciones adicionales no corren por mi cuenta», ratificó el diplomático, según publicó el diario Clarín. Ambas partes se habían endilgado antes la presentación de pruebas falsas y mentiras varias. Susana Ruiz Cerutti, llegó a hablar de «mala fe». En la jornada inaugural del pleito, Gros Espiell había calentado el clima sosteniendo, también, que su país «respeta, no sólo proclama, el derecho al medio ambiente sano y todos los demás derechos humanos». La delegación argentina debatió durante la madrugada si responder o no. Primó la posición más moderada, expuesta por Ruiz Cerutti, y las argumentaciones fueron puramente técnicas. Si la convivencia en la Corte fue así de ríspida, menos acuerdo podía esperarse sobre el objeto de estas audiencias. Argentina demandó a Uruguay en mayo pasado porque considera que la construcción de las pasteras frente a Gualeguaychú infringe lo estipulado en un tratado que los dos países firmaron para preservar el río que hoy los divide más que nunca. Como un fallo sobre si hubo o no violación de ese estatuto puede demorar años, el Gobierno le pidió a esta Corte que dicte una medida cautelar consistente en la suspensión de las obras que llevan adelante la firma española ENCE y la finlandesa Botnia. negrita/Agresividad uruguaya/negrita La defensa de Uruguay resultó más agresiva que la postura de la Argentina, que pareció algo tibia. En Montevideo, miembros del gabinete de Tabaré se felicitaron por la contundencia de sus encomendados a Holanda. Según un integrante de la misión argentina, en cambio, los uruguayos cometieron «algunas argentinadas». Este diplomático puso como ejemplo a Luigi Condorelli, cotizado abogado italiano que trabajó para Uruguay, que citó pruebas que se habrían incorporado al expediente vencido el plazo legal. Por regla, cada parte debe conocer los elementos que la otra aporta para poder defenderse correctamente. Argentina impugnó ese elemento. Sobre esto también deberá pronunciarse la Corte cuando anuncie si paraliza o no las obras de Fray Bentos. La decisión será notificada a los respectivos embajadores en La Haya. Al dejar el majestuoso Salón de la Paz, escenario del juicio por las papeleras, las dos delegaciones se adjudicaron la victoria. negrita/Argentina pidió frenar las obras/negrita Dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: «El tribunal tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes». Argentina pidió ante La Haya que su medida cautelar consista en un freno absoluto a la construcción de las papeleras de Fray Bentos. Aunque la estrategia fue plantear una pretensión de máxima, en la Casa Rosada no caería nada mal que la Corte ordene una salida intermedia. Los jueces -trece permanentes, más uno ad hoc designado por cada parte- podrían recurrir a su imaginación y, por ejemplo, mandar a Uruguay a que complete los pobres informes de impacto ambiental que presentó a la Argentina. O parar las obras por un plazo más breve, no hasta que se resuelva el fondo de este juicio, como le gustaría a la Cancillería. Su jurisprudencia muestra que son reacios a otorgar cautelares tal como se solicitan y un poco menos a diagramarlas ellos mismos. Los jueces de las togas negras se reunirán a trabajar mañana. El propio estatuto establece que sólo su titular, la severa baronesa Rosalyn Higgins, debe vivir aquí en Holanda. Como al resto no le va a agradar quedarse más allá del 15 de julio, cuando comienzan sus vacaciones, se espera que haya novedades antes de mediados del mes próximo. El procedimiento viene siendo rapidísimo: Argentina demandó a Uruguay en mayo y las audiencias sobre la medida provisional se realizaron dos meses después. El motivo central este juicio es que el gobierno de Néstor Kirchner considera que los uruguayos incurrieron en «responsabilidad internacional» al haber habilitado los proyectos de ENCE y Botnia sin consultas ni consentimiento, como manda -según la posición argentina- un tratado que ambos países firmaron en 1975. negrita/ «Uruguay actuó de mala fe»/negrita La consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti se reservó la tarea de resumir ante la Corte Internacional de Justicia los aspectos centrales de la demanda. «Uruguay actuó de mala fe», dijo. Y explicó: «Los tratados entre Estados deben aplicarse dentro de un principio de buena fe. Uruguay no le brindó a la Argentina la información que se le requirió sobre la construcción de las plantas. Por tanto, no actuó de buena fe». El abogado Marcelo Kohen había ejemplificado antes que esto lo probaba el hecho de que, mientras sesionaba una comisión mixta para evaluar impactos ambientales, Uruguay permitía que Botnia avanzara con sus obras en Fray Bentos. La audiencia del viernes 16 fue más corta: tuvieron dos horas cada uno, en lugar de tres. El embajador uruguayo en París, Héctor Gros Espiell, también tuvo una contestación para este punto. Lo hizo con énfasis: «Es tanta la buena fe de Uruguay, que insistimos en ofrecerle a la Argentina un monitoreo conjunto» de la situación en el río fronterizo. Argentina rechaza de plano la proposición. Sostiene que es demasiado tarde, porque el río ya fue contaminado y porque Uruguay debió haber cooperado en instancias previas, como la fracasada Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). No se pusieron de acuerdo ni en una estadística. El jueves, Alan Boyle —escocés contratado por Uruguay— había mostrado un relevamiento de la Universidad de Yale según el cual Uruguay estaría en el top ten de los países con mayor cuidado del medio ambiente en el mundo. Philippe Sands —inglés que patrocinó a Argentina— respondió que ese ranking en realidad era de 2005 y que en el de 2006 Uruguay ni aparecía en una lista de 135 naciones cerrada por la República de Chad. Boyle tomó nota y sonrió, para luego reponer que Uruguay no figuró en el nuevo ranking sólo porque no alcanzó a enviar sus datos. cursiva/Fuente: Diario Clarín/cursiva . Por Pablo Abiad, enviado especial

Fuente: Diario Clarín